NUEVO GOBIERNO.<\/p>\n
Desde el primer n\u00famero de este a\u00f1o venimos ofreciendo a los lectores de Noticias UNGS las opiniones de distintos integrantes de la comunidad acad\u00e9mica de la Universidad sobre diferentes aspectos de las pol\u00edticas p\u00fablicas implementadas por el gobierno nacional que asumi\u00f3 a fin de 2015. Aqu\u00ed, los pareceres de un egresado de la UNGS, activo colaborador de sus equipos, sobre el tratamiento gubernamental de la cuesti\u00f3n de los Derechos Humanos.<\/span><\/p>\n En los doce a\u00f1os previos a la asunci\u00f3n de este gobierno, los derechos humanos (DD.HH.) fueron el eje de una pol\u00edtica de Estado que impuls\u00f3 el avance, la reglamentaci\u00f3n y la puesta en pr\u00e1ctica de una legislaci\u00f3n sobre progresista como pocas en el mundo. Hoy, en cambio, esos derechos son el blanco central del ataque de quienes defienden una idea de sociedad que desde\u00f1a la funci\u00f3n del Estado para mejorar la calidad de vida de las personas. Esos ataques se pueden observar en distintos planos de la vida social, en todos los cuales lo actuado por el actual gobierno es motivo de debate. Pero hay un plano que no admite discusi\u00f3n: en estos meses el gobierno se ha dedicado a socavar las estructuras que permiten apoyar, desde el Poder Ejecutivo, a los ciudadanos que querellan por ser v\u00edctimas de delitos de lesa humanidad. Me refiero al vaciamiento (via despidos, desfinanciaci\u00f3n, cambio de funciones o lisa y llana destrucci\u00f3n) de los equipos y las \u00e1reas de trabajo que, en la propia estructura estatal, desarrollaban acciones que facilitaban a los ciudadanos un acceso igualitario al ejercicio de sus derechos.<\/p>\n En la \u00faltima d\u00e9cada, temas como la inclusi\u00f3n social, la igualdad de g\u00e9nero, la diversidad cultural, la identidad, el matrimonio igualitario, la Memoria, la Verdad y la Justicia tuvieron un lugar preponderante. Sin duda, todas estas pol\u00edticas eran plausibles de cr\u00edtica y revisi\u00f3n, fuera por su enfoque o por sus modos de aplicaci\u00f3n, pero lo que resulta indiscutible es su existencia y sus logros. La cr\u00edtica principal que se le hac\u00eda a la pol\u00edtica en DD.HH. del kirchnerismo era la de una apropiaci\u00f3n simb\u00f3lica y discursiva de una lucha de la que no hab\u00edan formado parte sus dirigentes. Tambi\u00e9n se sosten\u00eda que los DD.HH. solo se aplicaban a un sector de la sociedad, confundiendo intencionalmente la categor\u00eda jur\u00eddica de DD.HH. \u2013que juzga los cr\u00edmenes de estado\u2013 con el delito penal ordinario. No hay que simplificar las cosas. La memoria del pasado reciente es un espacio simb\u00f3lico en disputa. En ella, el papel del Estado puede ser orientador, pero para ello el relato debe contener y articular amplios consensos sociales. Si no lo hace, el sentido que busque imponer fracasar\u00e1. La d\u00e9cada de 1990 es un ejemplo: la pol\u00edtica estatal del olvido s\u00f3lo sirvi\u00f3 para fortalecer la lucha de los organismos y enfrentar abiertamente al Estado en este tema.<\/p>\n De todos modos, el relato que significa, da sentido y orienta las acciones de una comunidad y que se representa como memoria colectiva es una parte importante de la cultura com\u00fan de un pueblo, pero no la agota. En ese marco, la posibilidad real de concretar el derecho a la Verdad y la Justicia no negocia su resignaci\u00f3n en una articulaci\u00f3n simb\u00f3lico-cultural. Los hechos y los resultados cuentan. Sin ellos no se sostiene un relato colectivo hegem\u00f3nico sobre el pasado colectivo que nos sustente hacia el futuro.<\/p>\n El nuevo discurso estatal sobre el pasado reciente anuda tentativas dirigidas desde distintos planos culturales, institucionales y medi\u00e1ticos articulados. As\u00ed, vemos la multiplicaci\u00f3n de las editoriales de La Naci\u00f3n y La Nueva Provincia donde se reedita la teor\u00eda de los dos demonios o, simplemente, se reivindica lo actuado por las FF.AA. durante la \u00faltima dictadura, mientras el secretario de DD.HH. de la Naci\u00f3n cita a los abogados querellantes para pedirles que no se nombre a los imputados como asesinos.<\/p>\n En consonancia, funcionarios del gobierno cuestionan banalmente la cifra de 30.000 desaparecidos, sin que les falten periodistas que los invistan como autoridades en el tema. Esta minimizaci\u00f3n cultural y medi\u00e1tica del genocidio pretende dar respaldo y amparo a decisiones espec\u00edficas como la de conceder prisi\u00f3n domiciliaria a genocidas con condena firme, mientras el presidente dice no tener tiempo para recibir a Abuelas de Plaza de Mayo y carapintadas golpistas desfilan en nuestras fiestas patrias. Mientras tanto, no se pone a funcionar la comisi\u00f3n bicameral que debe investigar la complicidad civil con la dictadura, cuya constituci\u00f3n ya fue aprobada por el Congreso Nacional.<\/p>\n En este marco, las declaraciones presidenciales sobre la continuidad de los juicios y la independencia de los poderes carecen de sentido. Sin necesidad de hablar de interferencia, ser\u00eda necio pensar que el Poder Judicial no lee las se\u00f1ales claras que env\u00eda el Ejecutivo.<\/p>\n La complejidad de un juicio por un delito de lesa humanidad desborda las pr\u00e1cticas de la acci\u00f3n penal corriente. En esos casos, la construcci\u00f3n de la \u201cprueba judicial\u201d que impute responsabilidades de cadena de mando, por relaciones entre \u00e1reas y zonas operativas delimitadas\/relacionadas entre FF.AA. y Fuerzas de Seguridad, por acciones de \u201cgrupos de tareas\u201d y\/o de connivencia de ciertos actores civiles y empresarios requiere un abordaje multidisciplinario y el desarrollo de equipos de trabajo que exceden las posibilidades de las querellas.<\/p>\n En tal sentido, es el propio Estado el que ha venido brindando estos equipos de asistencia a los jueces y las querellas para que la prueba que permita instituir la Verdad mediante la Justicia sea contundente y garantice el Derecho de cada uno de los actores. Hoy es el mismo Estado el que destruye estos equipos y, con esto, obtura la realidad del ejercicio del pleno derecho ciudadano. No hay derecho para una v\u00edctima querellante si el Estado le quita las condiciones para ejercerlo.<\/p>\n La devastaci\u00f3n, el vaciamiento y la desaparici\u00f3n de los equipos multidisciplinarios de apoyo al desarrollo de los juicios son un hecho. Dentro de la Secretar\u00eda de DD.HH. y Pluralismo Cultural hubo despidos en el Archivo Nacional de la Memoria, en la Direcci\u00f3n Nacional de Atenci\u00f3n a Grupos en Situaci\u00f3n de Vulnerabilidad y en el Centro de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas de Violaciones de DD.HH. \u201cDr. Fernando Ulloa\u201d. Por su parte, el Programa \u201cVerdad y Justicia\u201d, que otorga seguridad a testigos, pas\u00f3 de la \u00f3rbita del Ministerio de Justicia a la Secretar\u00eda de DD.HH., con diez empleados menos, entre ellos quienes se dedicaban a hacer de nexo entre los tribunales y las v\u00edctimas para que las citaciones judiciales no fueran entregadas por fuerzas de seguridad y a confeccionar informes de riesgo para resguardar la integridad de testigos.<\/p>\n En el Ministerio de Seguridad se elimin\u00f3 la Direcci\u00f3n Nacional de DD.HH. El m\u00e9todo fue despedir a la mayor\u00eda de los empleados y transferir las \u00e1reas vac\u00edas o sin capacidad operativa, dentro del Ministerio o a la Secretar\u00eda de DD.HH. As\u00ed pas\u00f3 con la oficina de g\u00e9nero y con el Grupo Especial de Asistencia Judicial que supervisaba los allanamientos de recolecci\u00f3n de ADN a personas que se presum\u00eda apropiadas durante la dictadura. El equipo tambi\u00e9n hab\u00eda desarrollado un mecanismo de identificaci\u00f3n de cad\u00e1veres NN y ten\u00eda un Grupo Especial de Relevamiento Documental que se ocupaba de buscar documentaci\u00f3n en las fuerzas de seguridad, agilizar su hallazgo para los oficios judiciales que la solicitaran y estudiar las estructuras org\u00e1nicas de las fuerzas para entender los alcances y la organizaci\u00f3n del sistema represivo.<\/p>\n Aese equipo se le orden\u00f3 desmantelar sus oficinas y devolver, depositar o destruir la documentaci\u00f3n con la que estaba trabajando. Luego se despidi\u00f3 a tres integrantes del equipo \u2013dos de ellos coordinadores\u2013 y se reasignaron funciones al resto. Tres d\u00edas despu\u00e9s, la Direcci\u00f3n de DD.HH. dej\u00f3 de existir en la estructura org\u00e1nica de Ministerio. El GERD fue traspasado a la Secretar\u00eda de DD.HH. sin personal, y nadie sabe si se pondr\u00e1 a funcionar alguna vez. As\u00ed desapareci\u00f3 la Direcci\u00f3n Nacional de DD.HH. del Ministerio de Seguridad, que desde su creaci\u00f3n en 2011 hab\u00eda aportado m\u00e1s de 3500 documentos a investigaciones judiciales.<\/p>\n Tambi\u00e9n est\u00e1 paralizado el trabajo de la Direcci\u00f3n de DD.HH. y Derecho Internacional del Ministerio de Defensa, que cumpl\u00eda funciones similares a las mencionadas de la cartera de Seguridad: sus trabajadores no saben si ser\u00e1n renovados sus contratos. Adem\u00e1s, se devastaron la Subgerencia de Promoci\u00f3n de los DD.HH. del Banco Central y la Oficina de DD.HH. de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, que estudiaban los delitos econ\u00f3micos de la dictadura. Finalmente, la Agencia Infojus, del Ministerio de Justicia, sufri\u00f3 el despido de la mitad de sus empleados, muchos de los cuales se ocupaban de cubrir los juicios por delitos de lesa humanidad. Por otra parte, se eliminaron de su p\u00e1gina Web una cantidad importante de notas.<\/p>\n Todo esto viene a complicar un problema anterior: la falta de designaci\u00f3n de jueces titulares y subrogantes en los Tribunales Orales Federales, que demora el inicio de las causas pendientes. S\u00f3lo por dar un ejemplo, muy cercano a nosotros porque all\u00ed se llevan adelante las causas por Campo de Mayo, el tribunal de San Mart\u00edn tiene pendientes doce juicios sin fecha efectiva de inicio.<\/p>\n No tengo expectativas de que la pol\u00edtica de destrucci\u00f3n de los DD.HH. llevada adelante por el gobierno sea modificada. Pero tampoco tengo una visi\u00f3n apocal\u00edptica. Mis esperanzas radican en el an\u00e1lisis de nuestra historia reciente. Nuestra sociedad y las organizaciones civiles, sociales y de DD.HH. han sabido seguir adelante sin ning\u00fan tipo de acompa\u00f1amiento del Estado: basta revisar nuestra historia desde las leyes del perd\u00f3n hasta su nulidad en el a\u00f1o 2004.<\/p>\n En esta nueva etapa, se genera un espacio propicio para las universidades, que deber\u00e1n estar a la altura de las circunstancias. La UNGS ha sido pionera en este camino, al declarar de inter\u00e9s educativo la defensa y promoci\u00f3n de los DD.HH., contar con una Comisi\u00f3n Permanente de DD.HH., participar en la Comisi\u00f3n por la Recuperaci\u00f3n de la Memoria de Campo de Mayo, crear el Programa \u201cMemoria y Territorio\u201d para trabajar con j\u00f3venes de escuelas y organizaciones sociales, participar en la elaboraci\u00f3n de un proyecto de ley para crear el Instituto para la Preservaci\u00f3n y Recuperaci\u00f3n de la Memoria de Campo de Mayo e integrar el Comit\u00e9 por la liberaci\u00f3n de Milagro Sala. Deberemos redoblar esfuerzos para cubrir, aunque sea en parte, el trabajo que el Estado ha abandonado.<\/p>\n Mart\u00edn Mastorakis<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" NUEVO GOBIERNO. 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\nEvidentemente, las cuestiones mencionadas se oponen al enfoque conservador que quiere implementar el nuevo gobierno, cuyas acciones no se han hecho esperar. As\u00ed, en este \u00faltimo tiempo recibimos con asombro los m\u00e1s variados embates a las libertades civiles: restricci\u00f3n de los espacios p\u00fablicos con vallados y polic\u00edas, amenazantes protocolos de seguridad, renuncia al control civil sobre las FF.AA., intento de habilitar la militarizaci\u00f3n de sectores de nuestro territorio afectando a poblaciones enteras con la excusa de combatir el narcotr\u00e1fico o el terrorismo. Nuestro asombro se vuelve indignaci\u00f3n cuando vemos que esas medidas habilitan la criminalizaci\u00f3n de la protesta social y, en el extremo, la supresi\u00f3n del estado de derecho, con la detenci\u00f3n inconstitucional de Milagro Sala.<\/p>\n
\nSi estamos dispuestos a abrir un debate serio, se podr\u00eda coincidir en que se tard\u00f3 en encontrar un relato que reconociera los logros del primer per\u00edodo alfonsinista y que valorara en su justa medida el Juicio a las Juntas. Pudo haberse trabajado mejor y m\u00e1s ordenadamente en una pol\u00edtica de cuidado y registro de archivos y de desclasificaci\u00f3n de documentaci\u00f3n. Se debi\u00f3 avanzar en una orientaci\u00f3n consensuada de gesti\u00f3n de los sitios de memoria. Habr\u00eda sido esperable, adem\u00e1s, que las distintas \u00e1reas de gesti\u00f3n estatal en DD.HH. fueran m\u00e1s cooperativas y menos sectarias. Pero nada de esto justifica que se desprecie una pol\u00edtica internacionalmente reconocida con la frase del \u201ccurro de los DD.HH.\u201d, y menos a\u00fan que se arrase con todo lo conseguido.<\/p>\n