REFORMA DEL ESTATUTO.
De acuerdo con la resolución que pone a funcionar la Comisión para la Reforma del Estatuto de la UNGS, que viene trabajando desde hace ya unos cuantos meses alrededor de una serie de temas que se han ido acompañando desde estas páginas de Noticias UNGS corresponde al vicerrector de la Universidad la tarea de coordinar esas deliberaciones. Aquí, Pablo Bonaldi ofrece su mirada sobre la marcha de ese proceso y sobre las líneas mayores sobre las que avanza la conversación que tiene la función de regular. Por lo demás, esta sección de la revista incorpora, como lo ha hecho en números anteriores con otras voces que participan en las distintas instancias y escenas de esta discusión, una que tiene una singular importancia: la de los trabajadores técnicos y administrativos de la Universidad.
–Como miembro de la actual gestión y de la anterior, ¿por qué se promovió esta reforma política?
–Desde hace varios años en la Universidad venimos conversando sobre la conveniencia y la necesidad de avanzar en una reforma política que nos permita, entre otras cosas, democratizar aún más la toma de decisiones, repensar los órganos de gobierno para volver a considerar su composición y sus lógicas de funcionamiento, mejorar las formas de representación de los distintos claustros e incorporar mecanismos de consulta que estimulen la participación y el compromiso de toda la comunidad en los asuntos de la Universidad. Por otra parte, cabe recordar que durante los últimos años la UNGS produjo un conjunto de transformaciones muy importantes para la vida institucional, que fueron aprobadas por el Consejo Superior pero que necesitan ser incorporadas al Estatuto, como la creación de la escuela secundaria y del Consejo Social, la aprobación y adopción de los convenios colectivos para los trabajadores de la Universidad, la revisión de la oferta formativa y del régimen de organización de la estructura administrativa, la implementación del presupuesto participativo, la creación de los comités de carrera o la puesta en funcionamiento de nuevas áreas de la Universidad, como la que involucra a los medios de comunicación audiovisual. Pero más allá de la necesidad de adecuar el Estatuto para que contemple lo ya existente, esta revisión es una excelente oportunidad para volver a discutir sobre qué Universidad tenemos y qué Universidad queremos. Debemos animarnos y ser capaces de dar algunas señales claras sobre qué Universidad nos gustaría tener dentro de diez o veinte años.
“Es necesario debatir, identificar los problemas, fijar posiciones y construir consensos”.
–¿Existe actualmente un consenso sobre la reforma del Estatuto?
–No tengo la menor duda de que existe un consenso muy amplio en todos los claustros sobre la necesidad de reformar esa norma básica. Las distintas agrupaciones políticas estudiantiles levantan ese reclamo como bandera desde hace varios años. Pero aun entre los profesores, que en el conjunto del sistema universitario suelen ser los menos proclives a rediscutir las reglas del juego, en parte por cierto conservadurismo y en parte porque tienen más presente la complejidad de estos procesos, en el caso de la UNGS se expresa un fuerte acuerdo sobre la necesidad de abrir ese debate. Cabe recordar que en la asamblea que nos eligió como autoridades de la Universidad la reforma del Estatuto se planteó como uno de los temas prioritarios a encarar durante la actual gestión. Este acuerdo inicial es un muy buen punto de partida. También hubo un consenso muy amplio sobre el procedimiento para llevar adelante la discusión y la elaboración de las propuestas. Ahora es necesario debatir, identificar los aspectos que se perciben como problemáticos o inadecuados en el actual Estatuto, fijar posiciones e ir construyendo consensos. Este proceso de reforma no está planteado para introducir algunas modificaciones parciales en un conjunto acotado de artículos o temas, sino que nos hemos propuesto revisar el Estatuto en su totalidad. Decir que nos proponemos revisar todo el Estatuto no implica, una actitud refundacional, sino que nos proponemos pensar y repensar cada uno de los artículos, sus fundamentos e implicancias, aunque en varios de ellos terminemos reafirmando lo que allí se expresa. Otros, sin dudas, merecen ser cambiados y existe ya un consenso amplio al respecto. Y en algunos otros seguramente habrá posiciones diferentes sobre la necesidad o no de modificarlos, o sobre el sentido en que deberíamos hacerlo. Ello requerirá de mucho diálogo y de laboriosos acuerdos. Recordemos que la aprobación del nuevo Estatuto necesita, en última instancia, del apoyo de al menos dos terceras partes de la Asamblea Universitaria.
–¿Cómo es el procedimiento para la reforma del Estatuto?
–A fines del año pasado el Consejo Superior aprobó la creación de una Comisión de Reforma del Estatuto (CRE), compuesta por representantes de todos los espacios políticos de diferentes claustros y de diferentes institutos, y por un representante de la comunidad elegido por el Consejo Social. Esa comisión tiene la responsabilidad de elaborar una o varias propuestas de articulado del nuevo Estatuto, las que serán elevadas para su tratamiento y aprobación por el Consejo Superior primero y por la Asamblea Universitaria después, en las condiciones previstas por la propia norma.
“La institución se construye y se reconstruye permanentemente en acciones cotidianas”.
–¿Cómo ha sido hasta ahora el trabajo en esa comisión?
–La CRE comenzó a reunirse en el mes de abril, y desde entonces lo hace regularmente cada diez días con una participación muy activa de sus miembros. Al tratarse de una instancia nueva, con una representación tan plural y heterogénea, y sobre un tema tan sensible como el del Estatuto, las primeras reuniones estuvieron dedicadas a acordar algunas pautas básicas de funcionamiento. Tarea nada sencilla en un grupo numeroso y con tantos intereses en juego. Luego, el trabajo se centró en la discusión de la Sección I, referida a los principios constitutivos. Allí las discusiones giraron en torno a la misión de la Universidad, su carácter democrático, las implicancias de la idea de autonomía, el reconocimiento del derecho a la educación superior como un bien público y social, la gratuidad de los estudios no solo en el grado y pregrado sino también en el nivel de posgrado, y la defensa de los derechos humanos y de la diversidad de perspectivas culturales. Actualmente estamos terminando de elaborar las propuestas correspondientes a la Sección I, con un alto grado de coincidencias en los planteos. Los debates han sido muy estimulantes y enriquecedores, pero la búsqueda de una redacción común que satisfaga a la mayoría ha sido muy trabajosa. Tenemos la expectativa de que la propia dinámica de la comisión permitirá generar cierta confianza recíproca e ir aceitando los intercambios entre los distintos espacios. De todos modos, estoy convencido de que lo que ocurra en la comisión dependerá estrechamente de la naturaleza y la intensidad de los debates que se den en la institución. Tenemos en conjunto la responsabilidad de ir generando múltiples y diversas instancias en las que se puedan discutir los distintos temas del Estatuto, por ejemplo, a través de la organización de foros o mesas redondas, de la publicación de opiniones y puntos de vista, o de la difusión de materiales. En tal sentido, la secuencia de notas aparecidas en esta revista es un aporte interesante que quiero destacar. Es preciso que esas discusiones recorran las aulas y los pasillos, se instalen en las charlas del bar o en la espera del colectivo. El desafío es lograr la participación y la implicación de todos los claustros, de los trabajadores de la Universidad y, fundamentalmente, de los claustros más numerosos, como el de estudiantes y el de graduados. También la voz de las organizaciones de la comunidad debe ser escuchada. Los miembros de la CRE, en su carácter de representantes de ciertos espacios políticos, tienen que ser capaces de traducir las distintas posiciones que vayan surgiendo en propuestas concretas. Luego, los consejeros superiores y los asambleístas tendrán que terminar de dar forma y de aprobar el nuevo Estatuto.
–¿Cuáles son los plazos que se manejan?
–Cuando se aprobó el procedimiento, el Consejo Superior elaboró un cronograma tentativo que prevé la convocatoria a la Asamblea en el primer semestre del año próximo, aunque ya en aquel momento se plantearon algunas dudas con respecto a la posibilidad de cumplir con ese cronograma. Las discusiones colectivas que involucran a toda una institución tienen tiempos de maduración que no resultan fáciles de prever. Pero además en esta Universidad los procesos de reforma generan siempre muchas expectativas, por oportunidades que se abren pero también por temores diversos que se suscitan, y en consecuencia las discusiones suelen ser muy amplias y participativas, con mucha consideración por las voces de quienes allí intervienen y sin dejar de atender a las implicancias de las decisiones que se toman. Todo esto suele dar como resultado procesos muy dilatados y extendidos en el tiempo. Basta tomar como ejemplo la revisión de la oferta formativa o la reforma de la estructura organizativa, o incluso la modificación de un instrumento en particular como lo es la evaluación de desempeño de los investigadores docentes. En resumen, nos parece importante respetar los tiempos de maduración de los debates sin perder de vista en ningún momento el esfuerzo y los recursos institucionales que esos procesos insumen. Todos tenemos la responsabilidad de que el barco llegue a buen puerto, pero también de que la travesía no se prolongue innecesariamente.
–¿Cómo cree que incide el Estatuto en la vida de la Universidad?
–Es una pregunta difícil de responder porque implica perspectivas y valoraciones muy personales. El Estatuto es la norma más importante de una institución, en ella se fijan orientaciones, principios y ciertas reglas básicas para el funcionamiento de la vida política y de las actividades académicas. No obstante, personalmente creo que deberíamos cuidarnos de sobreestimar el efecto de las normas. La institución se construye y se reconstruye permanentemente en las interacciones cotidianas que tienen lugar en las aulas, en las oficinas o en los pasillos, en el modo en que los estudiantes se apropian de los espacios, en las actividades culturales que se despliegan, en los vínculos que se gestan con la comunidad, en las estrategias que se eligen para poner a circular el conocimiento y en las múltiples y pequeñas decisiones de todos los días. La reforma del Estatuto, más allá del producto final al que se arribe, constituye una excelente oportunidad para reflexionar colectivamente sobre el modo en que estamos haciendo las cosas, para permitirnos volver a pensar sobre algunas rutinas y algunas clasificaciones que tenemos muy naturalizadas, para explicitar cuáles son nuestros acuerdos y también nuestras diferencias, y para decidir entre todos cuáles son aquellos principios u orientaciones que elegimos reafirmar y cuáles elegimos cambiar. De ese diálogo y de la capacidad para ir produciendo cambios depende, en buena medida, la posibilidad de construir instituciones que no se alejen, o se vuelvan en contra, de los individuos que las habitan.