REFORMA DEL ESTATUTO

Desde comienzos de este año, cuando la Universidad dio inicio formal al proceso de discusión sobre la reforma de su Estatuto, venimos ofreciendo en estas páginas de Noticias UNGS diferentes puntos de vista sobre los distintos asuntos en consideración. En esta oportunidad proponemos al lector tres perspectivas acerca de la importante cuestión de los modos en los que las voces de las organizaciones sociales, políticas y culturales del territorio donde la Universidad desarrolla su tarea pueden hacerse oír en los órganos colegiados de gobierno de la institución. La UNGS cuenta con la figura de los “consejeros superiores por la comunidad” que, elegidos por el propio Consejo Superior a partir de una propuesta de la rectora o el rector, tienen en ese órgano voz pero no voto. Y cuenta también desde hace algunos años con un Consejo Social de carácter consultivo. A fin de conocer otras formas de organización de estas representaciones y de articulación entre el Consejo Social y los consejeros superiores por la comunidad, Noticias UNGS invitó al Rector de la UNDAV y a la Rectora de la UNA a realizar una breve descripción de los modos de funcionamiento de esas instancias en sus universidades. Y a fin de acercarnos a las perspectivas de los representantes de las organizaciones territoriales vinculadas con la UNGS, también invitamos a dar su opinión a tres integrantes del Consejo Social de la Universidad.

Una relación estrecha y productiva

Cuando publicamos, hace poco más de un año, el libro Universidad Nacional de Avellaneda. Apuntes de una fundación, decíamos, entre otras cosas, que nos correspondía, con tesón y humildad, aportar a la rica historia de la ciudad de Avellaneda, porque desde siempre hemos considerado a la relación entre la Universidad y la comunidad como una relación indisociable. Somos expresión de una historia social, cultural y política extraordinaria cuya sustancia debemos recoger para hacerla presente en los miles de estudiantes que han justificado (y continúan haciéndolo día tras día) la justicia histórica de la creación de esta y de todas las universidades públicas que han surgido en estos años.

Es, también, la expresión de un síntoma de este tiempo: la relación que las universidades del bicentenario están fraguando con la sociedad que las hospeda. Se trata de un vínculo que se está transformando radicalmente, del mismo modo que tiene planteado hacerlo la educación superior toda, en un escenario inédito de ampliación de derechos y de democratización creciente de la vida social. La universidad ya no “se estira” para llegar con el producto de su labor a la comunidad. Ahora, la comunidad está en la universidad. La puebla y la modifica, la interpela en lenguas nuevas, mientras redefine las propias, en un movimiento palpitante y de un enorme potencial transformador. Afrontar, entonces, la constitución de la UNDAV implicó, desde el primer día, asumir de manera creativa un eje crucial de la propuesta institucional de la Universidad: labrar una relación con la realidad local y regional para construir, en estrecho vínculo, respuestas comunes a las demandas de una sociedad mejor.

La universidad ya no “se estira” para llegar con el producto de su labor a la comunidad. Ahora, la comunidad está en la universidad.

Por eso, desde el comienzo fue nuestra preocupación poner en marcha el Consejo Social, un órgano consultivo que funciona como mecanismo de participación y permite la inclusión de actores externos a la Universidad. El objetivo es propiciar un espacio de diálogo social y poner en debate demandas y problemáticas específicas de la comunidad, esto es, dar vida cierta a la voluntad de construir una Universidad que escucha, que está dispuesta a aprender –presupuesto esencial de la enseñanza–, y propender así a una articulación indispensable para potenciar sinergias constructivas.

El Consejo Social está integrado por un representante de la cámara empresarial, un representante de organizaciones sindicales, uno del gobierno local y dos de organizaciones no gubernamentales, designados por un período de dos años. Una peculiaridad de nuestro Consejo es su carácter rotativo, a fin de que toda la comunidad pueda sentirse representada, con voz y voto, en nuestro Consejo Superior.
Por otro lado, su existencia está establecida en el Estatuto Universitario. El artículo 19 prevé su funcionamiento y su carácter institucional en el apartado que define a los Órganos de Asesoramiento y Contralor, y, aspecto fundamental, un representante elegido entre sus pares integra el Consejo Superior de la Universidad. Esto consolida la institucionalidad de este órgano y potencia la relación estrecha que procuramos establecer.

Es un motivo de satisfacción, como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, apreciar que son muchas las universidades de nuestro sistema que han echado a andar órganos de esta naturaleza. La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), por ejemplo, fue sede del Primer Encuentro Nacional de Consejos Sociales, y en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el Consejo Social tuvo un rol activo para centralizar las demandas sociales tras las inundaciones de abril. Las enumeraciones son odiosas, pues siempre es posible olvidar alguna, pero sabemos que existen Consejos en las Universidades Nacionales de General Sarmiento, del noroeste de Buenos Aires, La Plata, Arturo Jauretche, Litoral, Lanús, Comahue, Tres de Febrero, Moreno, La Matanza, Chaco Austral, San Juan. Seguramente la lista sigue.
La UNDAV cumple cinco años: intensos, transformadores, de muchísimo trabajo realizado y de enormes desafíos por delante. Es alentador saber que ese camino lo hemos recorrido y lo seguiremos recorriendo con la fortaleza de una sociedad protagonista y comprometida.

Jorge Calzoni
Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

El Consejo Social en la Universidad Nacional de las Artes

La conformación de un Consejo Social es un hecho de innegable relevancia institucional en el ámbito de la Universidad. Como órgano colegiado que asesora al Consejo Superior en políticas de articulación y cooperación entre los diferentes organismos del ámbito educativo, instituciones, organizaciones y actores socioeconómicos de la comunidad, constituye un paso fundamental para el afianzamiento y la profundización de los procesos de democratización de las instituciones de educación superior.

En función de esa convicción es que el Estatuto de la UNA contempla la formación de un Consejo Social de la Comunidad, integrado por representantes de entidades y personalidades destacadas de la comunidad artística, cultural y tecnológica nacional, y con el objetivo de “servir a las necesidades de la comunidad y mantener una estrecha relación entre la Universidad y su realidad”. Para ello, las finalidades que se le adjudican incluyen, entre otras, el reconocimiento de las necesidades específicas de la comunidad y su transmisión a las autoridades universitarias; la promoción de acciones académicas, productivas, artísticas, de investigación, extensión y transferencia en acuerdo con esas necesidades; la obtención de recursos materiales y económicos para llevarlas adelante; el asesoramiento para la creación de mecanismos que promuevan la inclusión y la generación de convenios para la práctica artística profesional y de formación de los estudiantes.

Con ese marco que se expone en los fines del Consejo Social, la UNA definió como espacios estratégicos para su vinculación con la comunidad y el territorio el sector de la salud, el sector productivo, el sistema educativo y el ámbito cultural. En todos esos casos, se ha vuelto de vital importancia la inclusión de organizaciones y personalidades pertenecientes a esos ámbitos, a través de proyectos con experiencias concretas y resultados cuantificables, con influencia en el ámbito geográfico de emplazamiento de las sedes de la UNA, y a fin de invitarlos a formar parte del Consejo Social.
La selección de un representante titular y uno suplente surgidos de estos vínculos, así como la aceptación de las organizaciones, instituciones y personas jurídicas de carácter público o privado que forman parte del Consejo Social, presidido por la rectora de acuerdo con el Estatuto, depende exclusivamente del aval del Consejo Superior de la Universidad.

En ese marco normativo, la realización de encuentros periódicos y actividades sostenidas y avaladas por el proyecto institucional ha permitido el desarrollo de líneas de trabajo de fuerte articulación con el territorio, entre actores del campo académico e instituciones, organizaciones y/o actores de la sociedad civil, de las cuales algunos pocos ejemplos contundentes son: el proyecto NEXOS, que consiste en una iniciativa conjunta entre la UNA, el Hospital Borda y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación para realizar acciones que permitan acercar la experiencia artística a los pacientes psiquiátricos del Hospital Borda; el Programa UPAMI, con un espacio universitario cada vez más amplio destinado a los adultos mayores para promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida, desarrollar valores culturales y vocacionales, recuperar y valorar saberes personales y sociales y estimular el diálogo intergeneracional; y los proyectos de articulación con la escuela media a través de talleres abiertos en espacios institucionales dirigidos a jóvenes de sectores poblacionales para quienes el acceso a la universidad y en especial al estudio de las artes a nivel universitario no se constituyen naturalmente en una opción formativa con vistas a una futura inserción laboral.

Los consejos sociales son fundamentales para profundizar los procesos de democratización de la educación superior.

Este conjunto de experiencias y otras, todas ellas vinculadas con los objetivos y finalidades del Consejo Social, se enmarcan en los cambios institucionales que se vienen desarrollando en nuestra institución luego de la sanción de la ley que le otorgó su nueva denominación como UNA, y que deriva actualmente en la propuesta de reglamentación del Consejo Superior para la incorporación efectiva del representante de este organismo en el gobierno de la Universidad. La concreción de esta voluntad será en definitiva una manera de explicitar nuevamente el compromiso con el ámbito social, que asumimos en nuestra tarea cotidiana como universidad pública y que sabemos compartido con los actores de un sistema educativo que se ha desarrollado y transformado cualitativa y cuantitativamente en estos años.

Sandra Torlucci
Rectora de la Universidad Nacional de las Artes

Representación con voz y voto

Desde hace años, muchos de nosotros participamos activamente en la vida de la UNGS, ya sea como representantes por la comunidad en el Consejo Superior, como representantes en distintas comisiones y proyectos, o incluso acompañando la creación de la Universidad. Esa participación no solo tuvo que ver con querer saber qué pasa puertas adentro o con presentar nuestras demandas, sino también con querer ser parte en la toma de decisiones políticas institucionales, como es ahora la discusión del Estatuto.

Pensar que existe un adentro y un afuera no es el problema, lo importante es la forma en que se vincula la Universidad con la comunidad.

Desde los inicios, la participación como consejeros por la comunidad en el Consejo Superior y la conformación del Consejo Social Asesor desde 2012 son una forma de institucionalizar nuestra participación y, también, una manera de democratizar la Universidad.

En estos ámbitos y también en innumerables intercambios formales e informales entre las organizaciones sociales y las autoridades, docentes, estudiantes y personal de la Universidad, hemos fortalecido el vínculo entre territorio y universidad y ha madurado nuestra forma de mirar y entender la vida universitaria.

Sería interesante pensar qué es la comunidad, quiénes hacemos la comunidad. Muchas veces escuchamos las frases “existe un afuera, un adentro”, “la relación entre el adentro y el afuera”, palabras muy comunes en los debates o actividades académicas. Creemos que muchas veces estas definiciones se mezclan o confunden con el tema de la autonomía universitaria.

Creemos que pensar que existe un adentro y un afuera no es tanto el problema, sino que lo importante es la forma en que se vincula la Universidad con quienes no somos formalmente miembros de la comunidad universitaria en la condición de estudiantes, investigadores docentes, trabajadores administrativos o graduados. Es esa reflexión la que hace que nos preguntemos: ¿de qué debería ser autónoma la universidad? ¿Las organizaciones de la comunidad son actores ajenos?

Y la respuesta es que creemos que no. La universidad es un bien público, un bien de la sociedad. Y por lo tanto su autonomía está vinculada con los objetivos que debe cumplir y con el territorio y la población; la universidad es un recurso de todos. Entonces, la gran cuestión es cómo podemos administrar colectivamente los bienes comunes y sociales. Aún más, en el caso de la Universidad, la pregunta se transforma: ¿cuál es la capacidad de articulación de la Universidad con las organizaciones sociales?, ¿y con el territorio en el que está inserta y del que es un actor más?

Esta capacidad de articulación debe realizarse en medidas concretas. Una de ellas es la participación de los consejeros por la comunidad en el Consejo Superior que tuvo la UNGS desde su creación, y posteriormente, en los últimos años, fue la creación del Consejo Social. De este modo, la UNGS fue dando pasos, madurando esta relación entre universidad y organizaciones. Esto es un proceso. La reforma del Estatuto es una instancia más, que debe tener en cuenta este camino que hemos realizado juntos, y aprovechar esta oportunidad para dar un paso más, para consolidar los múltiples vínculos entre universidad y territorio. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es de qué forma garantizamos una representación legítima de la comunidad en el Estatuto de la Universidad; de qué modo lo hacemos.

En la situación actual, la participación de la comunidad en el Consejo Superior es importante y necesaria, pero dadas las características no logra satisfacer las expectativas de las organizaciones, que esperamos que se amplíe y se democratice. La representatividad sin voto es elitista, no se trata de otorgar un lugar en el Consejo Superior para que las organizaciones expresen sus opiniones y luego se retiren, porque así no se logra el compromiso por parte de las mismas en la construcción de comunidad y universidad.

Por esta razón, como miembros del Consejo Social proponemos y hacemos especial hincapié en que los representantes de la comunidad no solo puedan expresar sus reflexiones sobre los problemas tratados sino que puedan VOTAR, dado que actualmente los consejeros por la comunidad que se desempeñan en el Consejo Superior participan “con voz pero sin voto”, lo que interpretamos como una realidad que se opone claramente al pensamiento inclusivo, participativo y democrático.

Lograr el voto en el Consejo Superior es un paso muy importante en el recorrido que venimos teniendo. Esperamos que las voluntades de quienes integran la comunidad universitaria se expresen a favor de esta posibilidad, que permitirá profundizar y avanzar en una articulación más fuerte entre universidad y organizaciones. Implica el reconocimiento del otro, un avance en la democratización de nuestras instituciones. Luego de 30 años de democracia hay que avanzar en la discusión sobre la democracia interna de las instituciones y en acciones que las hagan más inclusivas, menos corporativas y menos sectarias. Y en este proceso, las organizaciones queremos participar del debate, tenemos aportes, experiencias que podemos poner en común.

Pero el vínculo no termina acá, también tiene que haber un proceso de autorreflexión nuestra como organizaciones.

Las organizaciones e instituciones sociales, políticas, estatales, económicas y culturales son las protagonistas más activas de los cambios sociales, incluidas las universidades. En este proceso de avances (o retrocesos) en las transformaciones sociales debemos superar la idea de que la universidad va dando un marco teórico a las prácticas de las “organizaciones del territorio”. Debemos reflexionar sobre cuál es el hilo delgado por el cual unos ocupan un lugar de privilegio en la intelectualidad y otros tenemos la experiencia del hacer o “somos poseedores de la capacidad empírica”, hablando en términos académicos.

Hacemos especial hincapié en que los representantes de la comunidad no solo puedan expresar sus reflexiones sobre los problemas tratados sino que también puedan votar.

La democratización de nuestras instituciones implica la apertura y el diálogo de esos múltiples saberes y perspectivas sobre la misma realidad sobre la que actuamos, pero no necesariamente bajo esa división entre quienes “hacen” y quienes “piensan”. No hay comunidad que pueda transformarse sin saberes y sin reflexiones sobre sus prácticas, por lo que las experiencias y conocimientos que surgen en torno a ellas son patrimonio colectivo del tejido social.

Mónica Mendoza
(Representante del Consejo Social de la UNGS en la CRE)
Oscar Pérez y Eduardo Caprarulo
(Representantes por la comunidad en el Consejo Superior de la UNGS)