Un problema de todos

EDITORIAL.
 

Desde diciembre del año pasado, el gobierno mantiene un conflicto con casi 500 científicos a los que, a pesar de contar con la recomendación de las comisiones respectivas, se les denegó el ingreso a la carrera de investigación del CONICET.

Está claro que en un contexto en el que cientos de miles de trabajadores pierden sus empleos, crece la población que es arrojada bajo la línea de pobreza y baja el poder adquisitivo de los salarios como consecuencia de paritarias que en muchos sectores (especialmente el sector público) llevan dos años cerrando por debajo de la inflación (por mencionar sólo algunos de los problemas que hoy afectan la vida cotidiana de la mayor parte de las familias argentinas), este podría parecer un conflicto menor. De hecho, afecta a 500 jóvenes doctores que han alcanzado la cima del sistema educativo y que han accedido a una formación científica de la más alta calidad, en su mayor parte, gracias al sistema de becas sostenidas por el propio CONICET, lo que los convierte, si se quiere, en un sector privilegiado por las políticas públicas y por un sistema meritocrático que funciona muy aceitadamente y que han logrado pasar con éxito.

Sin embargo, este conflicto no es sólo con ellos. Afecta, por supuesto, la carrera de cada uno de ellos, pero lo que fundamentalmente afecta es el sostenimiento de una política de formación y producción de ciencia y tecnología de largo plazo que aporte al desarrollo social, cultural y productivo del país. En efecto, lo que este conflicto pone en escena no es la voluntad de los actuales responsables de estas políticas de reorientar la dirección que se ha sostenido en los últimos años o de revisar la tradición misma (individualista y liberal, por cierto) de funcionamiento del CONICET. La propuesta de relocalizar a estos científicos en cargos docentes de dedicación exclusiva en universidades de todo el país, que el gobierno propone como salida al conflicto, no debe confundirnos. No obedece –aunque así lo manifiesten– a la preocupación de los funcionarios actuales del MINCyT y del MED por mejorar la distribución regional de los recursos formados en investigación o por fortalecer esta función en las universidades nacionales. Obedece exclusivamente a la necesidad de resolver un conflicto creado por la decisión política de recortar el presupuesto de ciencia y tecnología cambiando abruptamente, según las definiciones del propio presidente de CONICET, las reglas del juego que rigieron en los últimos años los ingresos a la carrera de investigación. Obedece exclusivamente a la necesidad de resolver un problema que el propio presidente del CONICET definió, ante a todos los rectores de universidades nacionales del país, como el “problema del excedente”. Un problema que sólo persiste –también hay que decirlo– porque esos 500 jóvenes científicos persistieron en su reclamo.

Cuando funcionarios responsables del sector científico-tecnológico califican a científicos formados durante años por el Estado argentino como excedente, cuando ante un pedido de reunión les responden a una veintena de ellos con fuerzas de seguridad antimotines, cuando se recorta el presupuesto de ciencia y tecnología, o, peor aún, cuando un país no tiene una política sostenida de ciencia y tecnología, el problema pasa a ser de todos.