OPINIÓN.
La iniciativa de una Ley Federal de Culturas es el resultado de la acumulación de muchas discusiones y experiencias, y de mucho trabajo desarrollado en los últimos años tanto por el Estado como por una cantidad de colectivos vinculados con la cultura y el arte en una perspectiva de defensa y aliento de la interculturalidad. En este sentido, señalemos la importancia de iniciativas como la Ley de la Música, la reglamentación de la Ley del Intérprete, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el desarrollo de los Institutos del Teatro y del Cine, la implementación de programas como “Puntos de Cultura”, y la formación de cooperativas en el marco del programa “Argentina Trabaja”. Y también los procesos de trabajo y de lucha de los distintos actores ligados con el arte y la cultura, como los colectivos de músicos y actores o los espacios de militancia ligados a la cultura barrial y comunitaria.
El proyecto presenta, a nuestro entender, cuatro dimensiones: una jurídica, una económica, una social y una institucional. En relación con la primera, digamos dos cosas. Una, que la promulgación y aplicación de leyes como la del Intérprete o la de la Música, cuya necesidad derivaba de la existencia de situaciones de desigualdad en cuanto a las capacidades o posibilidades de los dueños de los espacios de exhibición y de los artistas, permitió a estos últimos empezar a pensarse como “trabajadores” y, como tales, como sujetos de derechos. La otra, que iniciativas que promovieron procesos de trabajo colectivos, como el proyecto “Puntos de Cultura”, la restauración de los feriados de carnaval y el apoyo a diversos festejos populares, permitieron que activistas y colectivos populares recuperaran otro tipo de derecho: no ya el derecho individual como trabajador, sino el derecho comunitario a la identidad.
La segunda dimensión del proyecto de Ley es la económica, y se encuentra ligada a la primera dado que aquí entran a jugar dos cuestiones: por un lado, la de la necesidad de garantizar el medio de vida material para los artistas, gestores y productores que se dediquen al desarrollo de la actividad artística; y por otro lado, la de la implicancia social de esta actividad. Queremos señalar, con esta última noción de implicancia social de la actividad artística, la necesidad de pensar nuevamente el concepto de “industria cultural” en la clave en que propuso hacerlo Octavio Getino, esto es, como una cuestión más ligada a la idea de la economía social que a la de la “industria sin chimeneas”, más a la idea de una industria creativa que a la de una industria mecanizada.
Por eso debemos introducir aquí la tercera dimensión que presenta el proyecto de esta Ley, la dimensión social, dado que la norma que está en discusión puede pensarse, además de en el plano de la generación de las condiciones económicas de manutención de los artistas, en el plano complementario del impacto del trabajo de esos artistas sobre la comunidad. Pero no en los términos económicos a los que me refería en el párrafo anterior, sino en los términos de su impacto social. Como ejemplo de esto invito a pensar en la incidencia de la implementación de acciones comunitarias como la conformación de una murga. O del trabajo de un colectivo ambientalista que tenga como objetivo desarrollar actividades ligadas a la transformación de su medio más cercano y de la vida de su comunidad.
Por último, cabe destacar la dimensión institucional de este proyecto de Ley, que forzosamente exigirá que las asociaciones y las agencias estatales conformen un esquema de trabajo común, poniendo en sintonía a todos los institutos y a todos los entes gubernamentales con el nuevo Ministerio de Cultura y, a su vez, al Ministerio con los distintos colectivos y actores ligados a las diferentes corrientes y disciplinas artísticas y culturales. Aquí tienen que tener un lugar fundamental las universidades nacionales, como responsables de dar claridad y método al desarrollo de todo este proceso, pero también como agentes fundamentales –como lo señalaba Horacio González en uno de los foros de discusión sobre la Ley, recientemente desarrollado en la Biblioteca Nacional– en el proceso cultural del país y de cada una de sus regiones.
Lucas Rozenmacher
