EL NUEVO GOBIERNO.

El 15 de febrero pasado, en declaraciones a la Agencia Télam, el director ejecutivo del ANSES Emilio Basavilbaso planteó la necesidad de una nueva ley jubilatoria que “contemple un haber mínimo lo más universal posible” y “tenga una parte contributiva”. Aunque aclaró que es una iniciativa para desarrollar a largo plazo, sostuvo que “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”. En ese marco consideró la posibilidad de establecer “un haber fijo para todos y, por otro lado, un componente adicional que también sea un incentivo para trabajar en blanco y para contribuir, porque si todos los que trabajamos en blanco pagamos parte de nuestro sueldo todos los meses para contribuir al sistema, y luego cobramos lo mismo que alguien que no contribuyó, estamos generando incentivos inversos en el trabajo formal”. Reiteró estas ideas en una entrevista a La Nación el 7 de marzo pasado.

Desde “la crisis” de principios de siglo la mayoría de los países latinoamericanos se ocuparon de resolver el grave problema de desprotección legado por el ciclo de auge neoliberal, que entre los adultos mayores se expresaba en muy bajas coberturas, con presencia de haberes por debajo de la subsistencia. Para extender la protección Argentina adoptó el camino de las “moratorias”, ya transitado en períodos anteriores. La moratoria es un tipo de subsidio a las cotizaciones, cuya ventaja ha sido su extraordinaria efectividad para llegar con la cobertura previsional a una importante franja de la edad de 60 a 64 años (principalmente, mujeres). Y lo hizo de manera inmediata, y reconociendo el derecho de las personas a la protección.

Este punto es una ventaja distintiva respecto de otro camino usual en Latinoamérica, el del subsidio a las prestaciones. En el subsidio a las cotizaciones, el Estado concurre en apoyo de quienes no pudieron o no pueden cumplimentar sus aportes, de modo que al final de la vida laboral las personas alcancen un beneficio similar al de quienes sí lo hicieron. Eso lo diferencia del subsidio a las prestaciones –en el que el Estado paga un mínimo o básico–, que tiende a ser un “plan para gente mayor” o a una “ayuda para el anciano carenciado”. Es decir, un ingreso en condiciones de inferioridad. Hasta aquí, en cambio, la moratoria dio lugar a un sujeto de derechos, que al final del camino, en la cola del banco o en la ventanilla de tramitación, está en relativa paridad con quienes han tenido una vida de aportes con menos sobresaltos (es decir, una vida laboral con menos sobresaltos).

A menudo este punto es subestimado. Sin embargo ¿cuántas veces se oye “está bien que les paguen a los que no aportaron, para que tengan algo, pero no llamen jubilación a eso”…? En efecto, en muchos sectores flota el reclamo de “la distinción”, de la separación, de la diferencia explícita (y estigmatizante) entre los que tendrían derechos y los que reciben ayuda.

Las declaraciones de Basavilbaso son un inquietante anticipo de lo que la actual gestión gubernamental concibe en materia previsional del lema de campaña “corregir lo que está mal y conservar lo que está bien”. En la Argentina un tercio de los asalariados trabajan en negro, y esa es una parte sustancial de “la gente que no contribuye”, según el director del ANSES. ¿Es esto una decisión individual y voluntaria? Claro que hay comportamientos individuales, pero es claro también que por cada asalariado “que no aporta” hay un empleador que también “decide” no pagar las cargas y seguramente tampoco otros impuestos.

Para “conservar lo que está bien y corregir lo que está mal” debe reconocerse que la moratoria no es una panacea, ni fue puesta en marcha de modo ideal. Es cierto que la de los años 2005-2007 implicó más de dos millones y medio de nuevos beneficiarios, y que la de 2014, aún en curso, ya ha superado los 600 mil, llevando la cobertura total al 85% para 60-65 años y a alrededor del 91% para 65 y más. Pero su principal debilidad es que no resuelve ningún problema estructural: dado que el mayor peso sigue puesto en la historia laboral y contributiva, las condiciones laborales que mencionamos hacen que la efectividad de la moratoria para expandir la protección se agote en las fechas de convocatoria; así, a medida que corre el tiempo, la tasa de cobertura tiende a caer, y es necesario llamar a una nueva moratoria.

Mirado de este modo, “corregir lo que está mal” requiere primero asumir el compromiso público de detectar y obligar a los empleadores que no cumplen con sus obligaciones.Una segunda cuestión que hay que enfrentar es el serio problema de la “tolerancia social” a ese comportamiento de elusión y evasión: dicho directamente, los altos niveles de trabajo en negro que registra la sociedad argentina durante años sólo son posibles por la tolerancia social a esas prácticas.

¿Lo que hay que conservar? La búsqueda de la solidaridad y de la suficiencia que han sido discutidas en estos años. Obsérvese que decimos la búsqueda, y no que se haya alcanzado ni una solidaridad, ni haberes plenamente satisfactorios: pero esos pilares deben ser conservados, porque sobre ellos se levantó un sistema de protección cuyos alcances y garantías son mayores y más extendidos que los conocidos previamente.

Claudia Danani y Susana Hintze (ICO)