NUEVO GOBIERNO.
Desde el primer número de este año venimos ofreciendo a los lectores de Noticias UNGS las opiniones de distintos integrantes de la comunidad académica de la Universidad sobre diferentes aspectos de las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional que asumió a fin de 2015. Aquí, los pareceres de un egresado de la UNGS, activo colaborador de sus equipos, sobre el tratamiento gubernamental de la cuestión de los Derechos Humanos.
En los doce años previos a la asunción de este gobierno, los derechos humanos (DD.HH.) fueron el eje de una política de Estado que impulsó el avance, la reglamentación y la puesta en práctica de una legislación sobre progresista como pocas en el mundo. Hoy, en cambio, esos derechos son el blanco central del ataque de quienes defienden una idea de sociedad que desdeña la función del Estado para mejorar la calidad de vida de las personas. Esos ataques se pueden observar en distintos planos de la vida social, en todos los cuales lo actuado por el actual gobierno es motivo de debate. Pero hay un plano que no admite discusión: en estos meses el gobierno se ha dedicado a socavar las estructuras que permiten apoyar, desde el Poder Ejecutivo, a los ciudadanos que querellan por ser víctimas de delitos de lesa humanidad. Me refiero al vaciamiento (via despidos, desfinanciación, cambio de funciones o lisa y llana destrucción) de los equipos y las áreas de trabajo que, en la propia estructura estatal, desarrollaban acciones que facilitaban a los ciudadanos un acceso igualitario al ejercicio de sus derechos.
En la última década, temas como la inclusión social, la igualdad de género, la diversidad cultural, la identidad, el matrimonio igualitario, la Memoria, la Verdad y la Justicia tuvieron un lugar preponderante. Sin duda, todas estas políticas eran plausibles de crítica y revisión, fuera por su enfoque o por sus modos de aplicación, pero lo que resulta indiscutible es su existencia y sus logros.
Evidentemente, las cuestiones mencionadas se oponen al enfoque conservador que quiere implementar el nuevo gobierno, cuyas acciones no se han hecho esperar. Así, en este último tiempo recibimos con asombro los más variados embates a las libertades civiles: restricción de los espacios públicos con vallados y policías, amenazantes protocolos de seguridad, renuncia al control civil sobre las FF.AA., intento de habilitar la militarización de sectores de nuestro territorio afectando a poblaciones enteras con la excusa de combatir el narcotráfico o el terrorismo. Nuestro asombro se vuelve indignación cuando vemos que esas medidas habilitan la criminalización de la protesta social y, en el extremo, la supresión del estado de derecho, con la detención inconstitucional de Milagro Sala.
La crítica principal que se le hacía a la política en DD.HH. del kirchnerismo era la de una apropiación simbólica y discursiva de una lucha de la que no habían formado parte sus dirigentes. También se sostenía que los DD.HH. solo se aplicaban a un sector de la sociedad, confundiendo intencionalmente la categoría jurídica de DD.HH. –que juzga los crímenes de estado– con el delito penal ordinario.
Si estamos dispuestos a abrir un debate serio, se podría coincidir en que se tardó en encontrar un relato que reconociera los logros del primer período alfonsinista y que valorara en su justa medida el Juicio a las Juntas. Pudo haberse trabajado mejor y más ordenadamente en una política de cuidado y registro de archivos y de desclasificación de documentación. Se debió avanzar en una orientación consensuada de gestión de los sitios de memoria. Habría sido esperable, además, que las distintas áreas de gestión estatal en DD.HH. fueran más cooperativas y menos sectarias. Pero nada de esto justifica que se desprecie una política internacionalmente reconocida con la frase del “curro de los DD.HH.”, y menos aún que se arrase con todo lo conseguido.
No hay que simplificar las cosas. La memoria del pasado reciente es un espacio simbólico en disputa. En ella, el papel del Estado puede ser orientador, pero para ello el relato debe contener y articular amplios consensos sociales. Si no lo hace, el sentido que busque imponer fracasará. La década de 1990 es un ejemplo: la política estatal del olvido sólo sirvió para fortalecer la lucha de los organismos y enfrentar abiertamente al Estado en este tema.
De todos modos, el relato que significa, da sentido y orienta las acciones de una comunidad y que se representa como memoria colectiva es una parte importante de la cultura común de un pueblo, pero no la agota. En ese marco, la posibilidad real de concretar el derecho a la Verdad y la Justicia no negocia su resignación en una articulación simbólico-cultural. Los hechos y los resultados cuentan. Sin ellos no se sostiene un relato colectivo hegemónico sobre el pasado colectivo que nos sustente hacia el futuro.
El nuevo discurso estatal sobre el pasado reciente anuda tentativas dirigidas desde distintos planos culturales, institucionales y mediáticos articulados. Así, vemos la multiplicación de las editoriales de La Nación y La Nueva Provincia donde se reedita la teoría de los dos demonios o, simplemente, se reivindica lo actuado por las FF.AA. durante la última dictadura, mientras el secretario de DD.HH. de la Nación cita a los abogados querellantes para pedirles que no se nombre a los imputados como asesinos.
En consonancia, funcionarios del gobierno cuestionan banalmente la cifra de 30.000 desaparecidos, sin que les falten periodistas que los invistan como autoridades en el tema. Esta minimización cultural y mediática del genocidio pretende dar respaldo y amparo a decisiones específicas como la de conceder prisión domiciliaria a genocidas con condena firme, mientras el presidente dice no tener tiempo para recibir a Abuelas de Plaza de Mayo y carapintadas golpistas desfilan en nuestras fiestas patrias. Mientras tanto, no se pone a funcionar la comisión bicameral que debe investigar la complicidad civil con la dictadura, cuya constitución ya fue aprobada por el Congreso Nacional.
En este marco, las declaraciones presidenciales sobre la continuidad de los juicios y la independencia de los poderes carecen de sentido. Sin necesidad de hablar de interferencia, sería necio pensar que el Poder Judicial no lee las señales claras que envía el Ejecutivo.
La complejidad de un juicio por un delito de lesa humanidad desborda las prácticas de la acción penal corriente. En esos casos, la construcción de la “prueba judicial” que impute responsabilidades de cadena de mando, por relaciones entre áreas y zonas operativas delimitadas/relacionadas entre FF.AA. y Fuerzas de Seguridad, por acciones de “grupos de tareas” y/o de connivencia de ciertos actores civiles y empresarios requiere un abordaje multidisciplinario y el desarrollo de equipos de trabajo que exceden las posibilidades de las querellas.
En tal sentido, es el propio Estado el que ha venido brindando estos equipos de asistencia a los jueces y las querellas para que la prueba que permita instituir la Verdad mediante la Justicia sea contundente y garantice el Derecho de cada uno de los actores. Hoy es el mismo Estado el que destruye estos equipos y, con esto, obtura la realidad del ejercicio del pleno derecho ciudadano. No hay derecho para una víctima querellante si el Estado le quita las condiciones para ejercerlo.
La devastación, el vaciamiento y la desaparición de los equipos multidisciplinarios de apoyo al desarrollo de los juicios son un hecho. Dentro de la Secretaría de DD.HH. y Pluralismo Cultural hubo despidos en el Archivo Nacional de la Memoria, en la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y en el Centro de Atención a Víctimas de Violaciones de DD.HH. “Dr. Fernando Ulloa”. Por su parte, el Programa “Verdad y Justicia”, que otorga seguridad a testigos, pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la Secretaría de DD.HH., con diez empleados menos, entre ellos quienes se dedicaban a hacer de nexo entre los tribunales y las víctimas para que las citaciones judiciales no fueran entregadas por fuerzas de seguridad y a confeccionar informes de riesgo para resguardar la integridad de testigos.
En el Ministerio de Seguridad se eliminó la Dirección Nacional de DD.HH. El método fue despedir a la mayoría de los empleados y transferir las áreas vacías o sin capacidad operativa, dentro del Ministerio o a la Secretaría de DD.HH. Así pasó con la oficina de género y con el Grupo Especial de Asistencia Judicial que supervisaba los allanamientos de recolección de ADN a personas que se presumía apropiadas durante la dictadura. El equipo también había desarrollado un mecanismo de identificación de cadáveres NN y tenía un Grupo Especial de Relevamiento Documental que se ocupaba de buscar documentación en las fuerzas de seguridad, agilizar su hallazgo para los oficios judiciales que la solicitaran y estudiar las estructuras orgánicas de las fuerzas para entender los alcances y la organización del sistema represivo.
Aese equipo se le ordenó desmantelar sus oficinas y devolver, depositar o destruir la documentación con la que estaba trabajando. Luego se despidió a tres integrantes del equipo –dos de ellos coordinadores– y se reasignaron funciones al resto. Tres días después, la Dirección de DD.HH. dejó de existir en la estructura orgánica de Ministerio. El GERD fue traspasado a la Secretaría de DD.HH. sin personal, y nadie sabe si se pondrá a funcionar alguna vez. Así desapareció la Dirección Nacional de DD.HH. del Ministerio de Seguridad, que desde su creación en 2011 había aportado más de 3500 documentos a investigaciones judiciales.
También está paralizado el trabajo de la Dirección de DD.HH. y Derecho Internacional del Ministerio de Defensa, que cumplía funciones similares a las mencionadas de la cartera de Seguridad: sus trabajadores no saben si serán renovados sus contratos. Además, se devastaron la Subgerencia de Promoción de los DD.HH. del Banco Central y la Oficina de DD.HH. de la Comisión Nacional de Valores, que estudiaban los delitos económicos de la dictadura. Finalmente, la Agencia Infojus, del Ministerio de Justicia, sufrió el despido de la mitad de sus empleados, muchos de los cuales se ocupaban de cubrir los juicios por delitos de lesa humanidad. Por otra parte, se eliminaron de su página Web una cantidad importante de notas.
Todo esto viene a complicar un problema anterior: la falta de designación de jueces titulares y subrogantes en los Tribunales Orales Federales, que demora el inicio de las causas pendientes. Sólo por dar un ejemplo, muy cercano a nosotros porque allí se llevan adelante las causas por Campo de Mayo, el tribunal de San Martín tiene pendientes doce juicios sin fecha efectiva de inicio.
No tengo expectativas de que la política de destrucción de los DD.HH. llevada adelante por el gobierno sea modificada. Pero tampoco tengo una visión apocalíptica. Mis esperanzas radican en el análisis de nuestra historia reciente. Nuestra sociedad y las organizaciones civiles, sociales y de DD.HH. han sabido seguir adelante sin ningún tipo de acompañamiento del Estado: basta revisar nuestra historia desde las leyes del perdón hasta su nulidad en el año 2004.
En esta nueva etapa, se genera un espacio propicio para las universidades, que deberán estar a la altura de las circunstancias. La UNGS ha sido pionera en este camino, al declarar de interés educativo la defensa y promoción de los DD.HH., contar con una Comisión Permanente de DD.HH., participar en la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, crear el Programa “Memoria y Territorio” para trabajar con jóvenes de escuelas y organizaciones sociales, participar en la elaboración de un proyecto de ley para crear el Instituto para la Preservación y Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo e integrar el Comité por la liberación de Milagro Sala. Deberemos redoblar esfuerzos para cubrir, aunque sea en parte, el trabajo que el Estado ha abandonado.
Martín Mastorakis
