COMUNICACIÓN. WASHINGTON URANGA.
Es imposible analizar la situación que se vive actualmente en el escenario comunicacional sin revisar el proceso histórico reciente y el contexto político-económico-cultural actual. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) constituyó un triunfo de primer nivel de actores del campo popular y un paso enorme de cara al ejercicio efectivo del derecho a la comunicación como derecho humano fundamental. Como contracara puede decirse que la ley fue también una derrota política, cultural y económica para los sectores concentrados de poder de la comunicación en Argentina.
Solo en este contexto puede leerse la vengativa reacción adoptada por el gobierno de la Alianza Cambiemos intentando borrar, mediante decretos presidenciales, todos los principales logros de la LSCA. El presidente Mauricio Macri actúa por venganza personal, pero sobre todo para devolver “favores” a quienes, desde el sistema de medios, crearon las condiciones para su victoria electoral. De esta manera, la sociedad argentina está dando un enorme paso atrás en la vigencia del derecho a la comunicación y, por lo tanto, en la integralidad de derechos, si se entiende que la comunicación es un derecho habilitante del conjunto de los derechos humanos y sociales.
En términos de contexto, lo hecho por el macrismo respecto de la comunicación es coherente con el proyecto político neoliberal de mercado que impulsa el gobierno de la Alianza Cambiemos. El proyecto necesita, como parte de su propio desarrollo, una comunicación concentrada en pocas manos, que sirva también para la construcción de un relato útil al oficialismo. Lo comunicacional no es escindible del proyecto político-económico-cultural del gobierno actual.
El argumento tecnológico de la convergencia digital esgrimido por el gobierno actual no es sino una excusa para justificar los verdaderos propósitos de dejar en manos de los grupos concentrados el manejo de la comunicación masiva. Esto no es ni más ni menos que un atentado contra la democracia y la vigencia de derechos. Sin comunicación democrática no hay democracia genuina y ésta solo se construye desde el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación.
Resulta sumamente preocupante, desde esta perspectiva, el procedimiento adoptado por el gobierno de Cambiemos para la elaboración de una nueva propuesta de “ley de comunicación convergente”, como les gusta decir a sus voceros. Hasta ahora solo se han montado simulacros de consulta y participación, una consultora privada prepara un anteproyecto cuyos detalles no se conocen y apenas se atienden las observaciones de quienes opinan de forma similar al oficialismo.
Por este camino no solo la comunicación democrática está en riesgo, sino que se conspira contra la democracia política y cultural de la Argentina.
Washington Uranga
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