NUEVO GOBIERNO.
Completando un recorrido que iniciamos en el primer número de este año, en la presente edición de Noticias UNGS ofrecemos algunas impresiones expertas sobre la orientación de las políticas del nuevo gobierno nacional. Si en ocasiones anteriores nos ocupamos de las políticas económicas, laborales, previsionales, comerciales y de Derechos Humanos, esta vez el ojo de los especialistas convocados estuvo puesto en las problemáticas comunicativa y agropecuaria.
Al borde de un abismo
Los decretos que alteraron los puntos centrales de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y “Argentina Digital” y desarticularon las autoridades federales que debían velar por su cumplimiento parecen, a esta altura, historia antigua. Sin embargo, esas medidas, tomadas por el actual gobierno con una velocidad inusitada para aprovechar su legitimidad de origen (y por eso poco cuestionadas por la sociedad) son la piedra angular de la actual restauración conservadora.
Se abre la disputa por el manejo de la redes de datos. Los operadores quieren incidir en la definición de sus contenidos a través de su promoción, valoración y jerarquización. Las redes no son neutrales: a ciertos contenidos audiovisuales cuesta acceder más en algunos portales que en otros, y con frecuencia se privilegia el uso del ancho de banda para acceder, por ejemplo, a Netflix (que firma convenios en tal sentido con los prestadores de servicio de internet), más que a otros contenidos, como el correo electrónico.
Pero, por otro, lado las empresas prefieren entablar una relación comercial con un consumidor atomizado, que es finalmente quien financia, en el mejor de los casos, el desarrollo de la propia infraestructura. ¿Por qué las empresas estaban en contra de los subsidios si el Estado pagaba el producto que ellas despachaban? Porque el problema de las empresas es lidiar con un consumidor colectivo que tiene más poder para negociar: les resulta más fácil aplicar precios y tarifas a un consumidor individual. El discurso de que “cada uno paga lo que consume” (parecido al “cada uno se jubila con lo que aportó”) parte de la electricidad y el gas y llega, por la misma lógica, al terreno de “el entretenimiento”, que es como desde esta mirada se llama a la cultura.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), creado por decreto presidencial, reúne las funciones de las Autoridades Federales de Telecomunicaciones y de Comunicación Audiovisual. Además del poco apego a la institucionalidad en sus constitución, sostenida sobre los argumentos de “evitar duplicaciones de organismos y mejorar la coordinación de tareas” por un lado, y de que “la ley había nacido vieja” por el otro, el ente debe actuar sobre un par contradictorio.
En efecto, las telecomunicaciones se rigen por los principios de la Organización Mundial del Comercio, en cuyo espíritu se entiende que todos los bienes y servicios, incluso los culturales, son transables. En cambio, para la Convención de Diversidad Cultural de la UNESCO (uno de los paraguas conceptuales de la LSCA) los bienes y servicios culturales y educativos están preservados, y deben ser provistos por el Estado.
Una serie de medidas revela cuál de estos dos caminos se va tomando.
1. Eliminación de límites a la concentración que imponía la LSCA para evitar posiciones dominantes en los mercados de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual. Es decir, se desregula los límites a la concentración horizontal.
2. Los servicios de televisión por cable dejan de ser servicios de comunicación audiovisual para ser planteados como servicios TIC.
3. Se desregula la concentración vertical. No hay límites a la cantidad de canales de contenidos que puede tener el cable operador.
4. Se desregula el ordenamiento de la grilla de la televisión por cable, permitiendo que los dueños del sistema de distribución jerarquicen contenidos (por ejemplo, sus propios canales).
5. Se abre el camino a que en el cortísimo plazo las telefónicas puedan ofrecer televisión por suscripción.
6. Se habilita a las empresas de cable a ofrecer servicios de telefonía e internet.
7. Se prorrogan cinco años las licencias de servicios de comunicación audiovisual y se bajan los requisitos para su extensión por otros diez.
8. Se entregan a Canal 13 y Telefé los partidos de fútbol de mayor audiencia, aún subsidiados por el Estado nacional a través del programa “Futbol para Todos”, a un costo bajísimo.
9. Se freeza el programa de Televisión Digital Abierta. Es muy probable que las frecuencias que estaban destinadas a este programa se redireccionen hacia la telefonía celular. Se elimina de la grilla a Telesur.
10. Retraso de los fondos de fomento a los medios comunitarios FOMECA, que distribuían por concurso el 10% de lo recaudado por la Afsca.
11. Caída vertical de la audiencia de los medios públicos nacionales. Cuanto menos audiencia tienen esos medios, más tienen los privados. Es la misma política seguida con los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires.
12. Reducción de la pauta oficial de 3000 millones en 2015 a 700 millones en 2016, que impacta más (más allá de su distribución regresiva: más pauta por más rating) en los medios chicos. Muchos debieron cerrar, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
13. Canje de deudas por impuestos, multas y aportes patronales de los grandes medios por publicidad oficial.
14. Reemplazo de los cuerpos colegiados que dirigían la AFSCA y la AFTIC, donde participaban las provincias, las universidades y la sociedad civil, por un cuerpo de dependencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
El resultado de esta política será una mayor concentración en los “mercados” de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual, que, como dijimos, estaban pensados en sendas leyes diferentes, y que la política del actual gobierno asocia. Se abre una etapa de fusiones y compras de medios, donde por lo general el pez grande se come al chico, favorecido por un Estado que no solo comunica a través de ellos por medio de la pauta oficial, sino que además los subsidia con contenidos y excepciones tributarias.
En este marco, los medios universitarios consagrados en la LSCA tienen dos problemas. Por un lado, la reducción, cuando no la supresión, de los subsidios que apuntaban a su instalación y a la producción de contenidos. Por otro, si las universidades quieren seguir participando en el mapa de medios deberán darse una política para que los carriers la pongan en la consideración pública.
Mientras tanto, nuestra sociedad, que es de las muy pocas en el mundo que asistió y se involucró en una profunda discusión sobre el lugar de los medios de comunicación masiva (una discusión que se dio de manera transparente, con todas las cartas sobre la mesa), tendrá que ver cómo se planta frente a esta restauración y a lo que implica: una fuerte supresión de derechos.
La guerra entre los poderosos no terminó. Con uno de los contendientes (el Estado) devaluado, con otros nuevos (como las telcos internacionales, que afilan sus colmillos), y con audiencias y anunciantes que se escurren hacia nuevas propuestas (You tube, Netflix, Google, etc) fuera de regulación, esa guerra continuará, como en todo el mundo. Eso sí: ya no a la luz del día. Según el plan de los realmente poderosos, los ciudadanos serán, en el mejor de los casos, espectadores, y en el peor, solo abonados.
Damián Valls (IDH)
