EDITORIAL.
Al cierre de esta edición de Noticias UNGS, no solo nuestra universidad sino el conjunto de instituciones del sistema universitario nacional vienen viendo fuertemente perturbado el normal desarrollo de sus actividades por el sostenimiento, ya muy extendido en el tiempo, de un conflicto que a esta altura de las cosas nadie puede calificar como solamente salarial, porque es evidente que afecta al conjunto de los actores de la vida universitaria y de la vida social en general, y que es un conflicto por, ni más ni menos, el futuro mismo de la universidad pública en el país. En ese marco, el Consejo Superior de la UNGS produjo en su última sesión plenaria, a partir de una iniciativa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad, una declaración de apoyo y acompañamiento al “reclamo de los y las docentes por salarios dignos y más presupuesto para la Universidad pública, haciéndolo propio”.
La resolución, cuya parte resolutiva se limita a esa expresión que acaba de quedar apuntada, es muy rica en sus considerandos, que proponen un completo diagnóstico de la situación universitaria nacional. El órgano de gobierno de la Universidad se declara preocupado “por el persistente deterioro de los salarios docentes y la profundización de las políticas que desfinancian a las universidades nacionales, comprometiendo en forma progresiva su correcto funcionamiento y la capacidad del sistema universitario para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad”.
Yendo a la específica cuestión salarial, los considerandos subsiguientes de la resolución indican que “las y los docentes universitarios están llegando al mes de agosto con un acuerdo salarial vencido desde el 28 de febrero, en el marco de una inflación registrada en el primer semestre que supera el 16%, a pesar de lo cual el ejecutivo nacional insistió en ofrecer un 15% en cuatro cuotas y sin cláusula de actualización para todo el año, lo que resulta en que, en lo que va de 2018, solo se haya recibido un incremento del 5% a cuenta de futuros acuerdos, mientras todas las proyecciones inflacionarias tienen un piso del 30%”, y que “si el gobierno nacional no mejora la oferta, en 2018 la caída de los salarios docentes alcanzará 22 puntos porcentuales”.
El documento emanado del Consejo Superior indica que un camino imprescindible para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo “es que la docencia tenga un salario decente”. Por eso, el cuerpo considera “que las reivindicaciones de los y las docentes son en realidad de la comunidad universitaria en su conjunto” y rechaza “el discurso oficial que refiere al salario y a la educación pública como un gasto y una estructura sobredimensionados, que necesitan ser recortados para equilibrar las cuentas públicas”.
La resolución recuerda que “con el actual gobierno nacional ha caído la inversión en la Universidad pública y se están subejecutando todas las partidas presupuestarias y afectándose todas las actividades, entre ellas las becas para estudiantes”, y enfatiza que “en el presente escenario los salarios se ven devaluados, las obras de infraestructura paralizadas, las becas recortadas, los programas desfinanciados, con menos presupuesto para investigación, entre otros, mientras la inflación deprecia los recursos aún disponibles.” En este sentido, sigue el documento, “la historia reciente nos ha mostrado hacia dónde conducen las políticas del ajuste permanente”.
Los consejeros superiores sostienen en el texto de la resolución que fue aprobada que “una respuesta unificada y decidida de la comunidad universitaria en su conjunto puede poner un freno a estas políticas” y evitar que “comiencen a abonarse los salarios en cuotas, se cuestione la necesidad de sostener tal o cual área de conocimientos o se ponga en discusión la gratuidad y el carácter irrestricto de la educación superior”. La resolución recuerda que, a cien años de la Reforma Universitaria, la Conferencia Regional de Educación Superior desarrollada en Córdoba pocos meses atrás reafirmó los acuerdos acerca de la educación superior como un bien público y social, un derecho humano y un deber del Estado, y en ese espíritu acompaña el reclamo que viene siendo sostenido por los docentes universitarios del país.
