ENTREVISTA A MARIELA BERNÁRDEZ.
En más de una ocasión hemos dado cuenta, en las páginas de Noticias UNGS, de la importante tarea que viene desarrollando desde su conformación el Programa de Política de Género (PPG) de la Universidad, que en el último tiempo ha tenido a su cargo, entre otras cosas, la amplia oferta de formación obligatoria en perspectiva de género que propone la UNGS en el marco de la implementación de la Ley Micaela. En esta ocasión, conversamos con la responsable del PPG, Mariela Bernárdez, sobre el modo en que la actual situación de aislamiento social dispuesta frente a la pandemia de Covid-19 obliga a repensar los problemas de los que se ocupa el programa.
-Hoy se habla de una emergencia histórica dentro de la emergencia sanitaria. De un aumento de la violencia contra las mujeres y personas trans dentro de la situación de aislamiento social por la pandemia. ¿Te parece acertada esa descripción?
-El aumento del caudal de llamados a la línea nacional 144 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad pidiendo asistencia y orientación confirma que el confinamiento puede derivar en un aumento de las violencias por motivos de género. En este contexto excepcional y crítico se asiste a un recrudecimiento de situaciones de violencia de género y familiar y a un empeoramiento de las condiciones de vida de las familias de los sectores populares que ya venían hambreadas por años de políticas de despojo y ajuste neoliberal. Es sabido que en situaciones de aislamiento social forzoso y de emergencia las violencias contra niñes, mujeres y diversidades pueden desencadenarse y/o exacerbarse. Las cifras –y los nombres e historias detrás de ellas–demuestran que el mayor peligro para las mujeres y feminidades proviene de su círculo íntimo o cercano: parejas, ex parejas, familiares o conocidos. Para cientos de mujeres y feminidades el peligro no reside “afuera” de la casa, sino “adentro”, entre las paredes que habita: no contar con redes amorosas y comunitarias, no participar de talleres ni asistir a asambleas, perder contacto con familiares y amistades, ver dificultado el acceso a dispositivos de atención, asistencia y acompañamiento imprime otra dimensión crítica al “aislamiento físico”. La “declaración de la emergencia en género” refiere a una determinación de política pública que identifica y aborda varias capas de opresión y postergación intersectadas que pesan sobre mujeres y diversidades. Mujeres pobres, trabajadoras informales a cargo del hogar, migrantes, indígenas, personas trans, lesbianas y disidencias de los sectores populares venían ya en “situación de emergencia”. Este contexto, desde ya, agrava la precariedad de sus vidas. La situación crítica habitacional, de acceso a la salud y al empleo, el compromiso alimentario, y no solo la violencia machista, ponen en riesgo a las mujeres y feminidades. Son condiciones estructurales de vulneración sistemática que delinean los contornos de una emergencia que debe mirarse de manera integral. De lo contrario, la medida de la problemática termina siendo la de las clases medias.
-¿Creés que el aislamiento profundiza la inacción contra la violencia de géneros o el encierro ineludible entre víctimas y victimarios y los más de 20 femicidios cometidos durante la cuarentena hacen más evidente la necesidad de políticas, acciones y espacios para prevenir esa violencia?
-No creo que corresponda llamar “inacción” la insuficiencia de líneas estratégicas de abordaje integral en el sentido antes planteado. Distinto es referir la aún pendiente profundización de la perspectiva de géneros en todas y cada una de las políticas desplegadas en este contexto, como en otros también. Es necesario seguir identificando –y demandando– las partidas presupuestarias y de programas específicos, porque así de “específica” es la situación de vulnerabilidad y precariedad en la que viven cientos de miles de mujeres y personas LGBTIQ+ en nuestro país. No puede verse “la violencia” atomizada o desligada de otras dimensiones críticas que hoy pesan sobre la posibilidad concreta de subsistencia de las mujeres y feminidades. El aumento de demanda por asistencia alimentaria en comedores populares –también sostenidos en su enorme mayoría por otras mujeres– lo expresa con pasmosa claridad. Los hogares con familias hacinadas, la falta de servicios básicos como el agua o la electricidad en villas y barrios de la periferia, la imposibilidad de acceso a elementos básicos de higiene, la desesperación por “salir” a realizar las changas que permitan sostener la familia, esa es una realidad incontrastable. No “instagramiable”, no motivo de hashtag ni de hilos tuiteros, pero está ahí y va de la mano de las otras violencias machistas sufridas. En el contexto de la cuarentena claramente se ha evidenciado una afectación de los recursos disponibles para la atención y acompañamiento en violencias. Esto supuso una exigencia de modificación de modalidades de atención, de diseño de nuevas dinámicas de trabajo y de inauguración y/o refuerzo de canales de comunicación habilitados y disponibles. Servicios nacionales, provinciales, municipales –e incluso las Universidades Nacionales, en el marco de las competencias de aplicación de sus protocolos de atención de violencias– hemos reconfigurado mecanismos de atención y seguimiento y creado canales alternativos de contacto. Se vienen desplegando distintas estrategias: el refuerzo de líneas telefónicas de atención (como el 144 a nivel nacional), la creación de líneas complementarias de whatsapp para orientar, contener y asesorar ante situaciones de violencia de género (como los números dispuestos por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), los teléfonos de guardia en dispositivos de atención y jurídicos dentro de cada distrito, la elaboración de protocolos de emergencia para garantizar la atención a nivel municipal, el empleo de correo electrónico para pedir medidas de protección, y otras alternativas de articulación entre distintos organismos y equipos de trabajo. Por Resolución 15/2020 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la salida y circulación de mujeres y personas LGBTIQ+, solas o con sus hijes, para radicar denuncias y/o para acudir por algún tipo de asistencia en situaciones de violencia de género o familiar está contemplada como “motivo de fuerza mayor”, y por Resolución 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires las medidas cautelares y de protección por violencia de género permanecen activas y vigentes hasta la culminación de aislamiento social preventivo y obligatorio sin necesidad de trámite o gestión alguna. Se trata de una renovación automática en tanto se prolongue esta situación de carácter excepcional.
-¿Qué crees que pueden aportar las universidades públicas en este contexto, especialmente a partir del trabajo que vienen haciendo en estos últimos años?
-El trabajo de las Universidades Públicas es en red, en contacto y articulación con los dispositivos locales y organismos gubernamentales. El aporte es seguir actuando con sensibilidad y compromiso como un nodo de esa red. Sin desmedro de ello, y en atención a su misión formativa, la principal medida de prevención y método para combatir las violencias machistas siguen siendo las acciones coordinadas de formación y sensibilización en la materia. No supone esto acotar o restringir la formación a la temática “violencias”, sino a abordar todo eje o problemática desde una perspectiva de géneros. “Género” no es igual a “mujer”, como “género” no es igual a “violencias”. Entendemos –y sostenemos como “perspectiva de géneros” un enfoque o abordaje que contribuye a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración de mundo a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política, con las mujeres y diversidades adentro de esa historia. Emergente de los efectos en el campo del conocimiento de las teorías feministas, la perspectiva de género expresa un posicionamiento político formativo, que visibiliza y aborda críticamente el orden de género y la organización social de la desigualdad. Puede así identificar y promover la remoción de sentidos y prácticas opresivas y favorecer a la emergencia personal y comunitaria. De modo que, desde lo simbólico, los feminismos populares en las Universidades podemos –y debemos– encaminar acciones y coordinar esfuerzos para que la perspectiva de géneros se transversalice en toda área académica y de gestión favoreciendo así otros vínculos y subjetividades más democráticas, igualitarias y respetuosas de la diversidad radical de los deseos e identidades. No es una pátina inclusiva ni una etiqueta de moda: es una definición que se dirige a desanudar los nodos problemáticos de reproducción de la desigualdad y las violencias dentro de la sociedad.
-¿Desde el Programa de Género se están atendiendo situaciones de violencia? ¿Hay algún registro de lo que pasa en la comunidad de estudiantes de la UNGS?
-Con las modificaciones necesarias dado el contexto de aislamiento social, el Programa de Políticas de Género sigue sosteniendo sus principales ejes de trabajo, que son tanto la atención, asistencia, orientación y abordaje de situaciones de violencias de género y/o discriminación que afecten a integrantes de la comunidad UNGS como la programación y articulación de acciones formativas y de sensibilización en materia de género. Hay que subrayar que las políticas de género reúnen muchas dimensiones no reducibles al significante “violencias”. Bajo las particularidades de este escenario sanitario, y considerando las formas específicas que adquieren las violencias y vulneraciones de derechos en el marco de relaciones educativas o laborales intra e interclaustro, sostenemos vías de contacto y orientación por medios telemáticos: el correo institucional y el teléfono. Toda instancia de orientación, asistencia y abordaje es de carácter estrictamente confidencial. Se acude o consulta por muy diversos motivos, situaciones de violencia dentro del núcleo familiar y prácticas de hostigamiento virtual son las razones más recurrentes en este escenario. Esto supone la necesaria articulación de acciones dentro y fuera de la Universidad con otros dispositivos y actores en caso que la situación así lo requiera.
-¿Hubo intercambios en el marco de la Red Interuniversitaria de Género (RUGE)?
-La RUGE se mantiene activa y en pleno trabajo. Se comparten materiales de divulgación y líneas de investigación. Actualmente se ha dado inicio a un proyecto de diagnóstico sobre políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el sistema universitario en acuerdo firmado entre RUGE/CIN y ONU Mujeres. Desde la UNGS, que integra el comité ejecutivo del CPRES Metropolitano, tenemos a cargo el despliegue y ejecución de uno de los ejes de trajo del mencionado proyecto.
-¿Se están organizando actividades virtuales para sostener la Formación Obligatoria en Perspectiva de Géneros?
-Actualmente hay dos cursos virtuales ya iniciados. El primero corresponde a la segunda cohorte del curso “Transformando los Programas: taller para incorporar la perspectiva de género en las asignaturas”, orientado a docentes y estudiantes avanzades de Profesorados. Este curso comenzó el 15 de abril pasado y es la resultante de una experiencia de articulación entre ADIUNGS, la Secretaria de Cultura y Medios y el PPG. Por otro lado, ya está empezado un curso sobre “Género y Violencias”, en este caso solo dirigido a docentes que actuarán, en cada Instituto, como futuros Referentes del Procedimiento para el Abordaje de Situaciones de Violencia de Género en la UNGS. En carpeta se encuentra la migración de otro curso ofrecido de manera presencial hace un año y la adecuación del formato de conversatorios a una “modalidad on line” acreditable en el marco de la aplicación de la Ley Micaela en la UNGS. A partir de hechos e intercambios recientes registrados en torno a los debates iniciados a partir de las medidas de morigeración de encierro (léase “prisiones domiciliarias”, que no es lo mismo que la mal y erróneamente propagandizada “liberación masiva”), que involucra también a mujeres y feminidades encarceladas por delitos menores, es de especial interés para el plan formativo en géneros promover una reflexión seria y comprometida sobre el eje “Feminismos, justicia reparadora y punitivismo”. No existe un vínculo necesario entre feminismo(s), punitivismo y clamor de endurecimiento de penas o de más castigo o encierro. La búsqueda de distintos planos de equidad incluye, desde ya, la justicia ante las violencias sufridas, pero el significante “justicia” puede entenderse de distintas maneras. La formación en esta clave permite problematizar enfoques binarios, acotados, fáciles de ser apropiados por sectores reaccionarios, y discursos ajenos al carácter libertario y democrático de los feminismos. Es imperioso debatir y abordar alternativas eficaces de respuesta a las violencias padecidas, y explorar distintas formas de resolución de conflictos, justicia restaurativa, acompañamiento institucional y comunitario y afirmación de derechos.
19/05/20
