POR VIVIANA COLELLA.
Los mil barrios populares que se localizan en el Área Metropolitana de Buenos Aires son resultado de dinámicas estructurales, agravadas en los últimos años por políticas que empeoraron las condiciones de vida de amplios sectores. Si bien surgieron como una solución de vivienda transitoria a principios del siglo XX, actualmente son el único modo en que miles de familias acceden a un lugar para vivir. En la presente situación de doble emergencia sanitaria y urbano-habitacional, la investigadora-docente del Instituto del Conurbano de la UNGS Viviana Colella reflexiona aquí sobre las tomas de tierra y los barrios populares del AMBA.
En el marco de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento, los barrios populares han protagonizado en distintos momentos la agenda de los medios de comunicación hegemónicos. Se los ha mostrado como focos de contagio o como espacios paradigmáticos del incumplimiento de las medidas de aislamiento. El hacinamiento y las precarias condiciones habitacionales que dificultaron el cumplimiento del lema “quédate en casa” poco han sido mencionados en esos espacios. Los tres estudios sobre “El conurbano en cuarentena” que realizó el Instituto del Conurbano de la UNGS, con relevamientos a decenas de militantes sociales y políticxs, mostró, entre otras dimensiones sociales y económicas, la injerencia de las condiciones materiales de las viviendas y las infraestructuras en la posibilidad de cumplimiento de las medidas. Las viviendas en muchos casos son cuartos compartidos por varias personas, el agua se acarrea desde canillas comunitarias, el gas se compra envasado, la comida se retira en los comedores y ollas populares. Salir o no de la vivienda no es una opción sino la única manera de satisfacer necesidades básicas.
Más recientemente, fueron las tomas de tierra las que protagonizaron la agenda de los medios de comunicación. Leímos repetidamente sobre la ilegalidad de las ocupaciones, sobre la criminalización de las familias que llegaban a las tomas, asistimos a pedidos de desalojos, a la victimización de los propietarios y, una vez más, a la sacralización de la propiedad privada. Sin embargo, estos medios, la justicia o las políticas públicas, poco se han manifestado contra las diversas estrategias en que el mercado inmobiliario adquiere tierras baratas y desarrolla productos residenciales para los sectores de alto poder adquisitivo. Las quemas intencionadas de grandes superficies naturales, el desplazamiento de pueblos originarios, el movimiento de suelos en zonas de humedales, el incumplimiento de normativas vigentes, han sido denunciados por numerosas organizaciones sociales y por diversxs especialistas en ambiente y urbanismo. Sin embargo, no han tenido tanta presencia,ni han sido denunciados con tanta vehemencia por los medios de comunicación, como lo son las tomas de tierra en la actualidad. Entonces, ¿preocupa la informalidad en el acceso al suelo o el acceso a la tierra de los sectores populares?
El déficit habitacional –cuanti y cualitativo– y la falta de provisión de servicios y equipamientos se constituyeronhistóricamente en la situación cotidiana en que vive gran parte de la población del AMBA. La actual emergencia sanitaria sumada a estas condiciones estructurales profundizó la imposibilidad de muchas familias para acceder a una vivienda. Indicios de estose pueden rastrear en el censo que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires realizó en la paradigmática toma de Guernica, en el partido de Presidente Perón. El 85% de las personas censadas manifestaron que la razón que las llevó a ocupar el predio fueron la desocupación, el incremento de los niveles de pobreza y la incapacidad de continuar haciendo frente al pago de un alquiler.
Tal como señala Eduardo Reese, urbanista y docente de la UNGS, el incremento de las ocupaciones o tomas de tierra en las últimas semanas, tiene una única explicación: miles de personas no tienen dónde vivir. Por tanto, la solución habitacional es la única respuesta posible desde las políticas públicas.
Habitar una toma supone para cada una de las familias estar expuesta a múltiples riesgos sanitarios, por la ausencia de agua potable, las condiciones ambientales del terreno o la exposición al frío y las lluvias, cuestiones que adquieren mayor relevancia en el contexto actual. Sólo la necesidad y la desesperación por conseguir un lugar donde vivir llevan a las familias a asumir esos riesgos. Es por esto que la Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat –sancionada en 2012– nos recuerda que el acceso a una vivienda y un hábitat digno es un derecho que “comporta la satisfacción de las necesidades urbanas y habitacionales de los ciudadanos de la Provincia, especialmente de quienes no logren resolverlas por medio de recursos propios”.
Por este motivo, los desalojos y el uso de las fuerzas represivas no pueden ser las únicas respuestas del Estado. Se requiere el diseño e implementación de políticas que garanticen estos derechos. En el informe “Derechos Humanos en Argentina”, del año 2016, el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS nos recuerda que el abordaje exclusivamente legal de estos conflictos por la tierra implica privilegiar el derecho a la propiedad privada sobre su función social o sobre el derecho a una vivienda.Además, esta perspectiva considera que, el conflicto en sí mismo no atiende a las causas que llevaron a las familias a realizar una ocupación ni qué sucederá con ellas luego de ser expulsadas. Los desalojossuponen condenar a las familias a la calle o al hacinamiento, con la gravedad que esto significa en un contexto de pandemia.
Tampoco las noticias que tratan estos temas en los medios hegemónicos cuestionan de dónde y por qué las familias llegan a esa situación, ni qué ocurrirá con ellas después.No se menciona qué sucedía en esas tierras, por qué estaban vacías o si representaban riesgos ambientales. Ni se alude a cuáles son los perjuicios sociales y económicos que grandes superficies vacías, localizadasal interior de la ciudad, suponen para el resto de la sociedad. El único mercado que se menciona es el informal, se explica que las familias compraron ilegalmente esas tierras. Pero se soslaya la responsabilidad de las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario que deja sin acceso a la vivienda amiles de personas. Se compara la necesidad de quienes toman la tierra con la dificultad de los sectores medios que resuelven el acceso a la vivienda a través del alquiler o la edificación en el terreno familiardebido a la imposibilidad de comprar una propiedad. En esta falsa dicotomía se encubre la diferencia de recursos que permite a algunxs acceder, aún con mucho esfuerzo y algunas privaciones, a las alternativas del alquiler o la densificación de la vivienda familiar. Pero también se esconde que justamente estos argumentos fortalecen la idea de que el problema es la imposibilidad de amplios sectores populares y medios para acceder a un lugar donde vivir y que, entonces, se requieren políticas públicas en este sentido.
Para garantizar el acceso a un hábitat adecuado es necesaria la acción pública, es imprescindible la presencia del Estado en articulación con una organización comunitaria. A través de las políticas públicas se construye viviendas, pero también se pueden generar los recursos para hacer esto posible, se puede gestionar el suelo para repartir equitativamente los costos y los beneficios de la ciudad, se puede producir una ciudad más inclusiva e integrada desde una perspectiva de géneros.
Esto implica mirar el acceso a “un lugar donde vivir” en un marco más amplio que la vivienda. Supone planificar participativamente las tipologías más adecuadas de viviendas para las familias que las habitarán, la producción de suelo urbanizado, la provisión de equipamientos que satisfagan las necesidades colectivas, la modalidad en que las familias podrán generar los recursos necesarios para vivir. En este sentido, la pandemia demostró la necesidad de complejizar los programas de proyectos residenciales. Se evidenciaron respuestas comunitarias a necesidades colectivas que no son generalmente consideradas en las propuestas de vivienda social. La generación de recursos, la provisión de alimentos, las tareas de cuidado de niñxs y adultxs mayores, las violencias de géneros, los consumos problemáticos, la situación de calle, requieren espacios comunitarios pensados para ello y con la suficiente flexibilidad para adaptarse a las particularidades de cada barrio en distintas etapas. La emergencia sanitaria y las medidas de cuidado adoptadas nos dejan enseñanzas acerca de nuevas necesidades pero también del modo en que lxs militantes sociales y políticxs diseñaron estrategias locales para implementar políticas y satisfacer las necesidades de las familias. Estos aprendizajes que nos dejan el territorio y su entramado de actores, nos proponen el desafío de ser partícipes en el diseño de políticas urbanas que fortalezcan la construcción comunitaria de un hábitat justo e inclusivo.
Fotos 1 y 2: German Romeo Pena
06/10/20
