POR CARLOS R. MARTÍNEZ, MARTÍN MANGAS Y RICARDO A. PAPARÁS.

Uno de los mayores condicionantes, no el único, que recibió en diciembre de 2019 el gobierno del Frente de Todos, fue la deuda contraída por la administración del presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Desde el primer acuerdo que nuestro país firmó con ese organismo financiero internacional, allá por 1958, hasta el último, suscripto por Macri (un stand-by por US$ 50.000 millones y tres años de duración, que en 2019 se modificó y amplió hasta los US$ 57.000, de los cuales el país recibió US$ 44.500 millones), se sabe que esos empréstitos son el mayor condicionante de la política fiscal (de ingresos y gastos). El volumen de ese crédito representaba el 10% del PBI argentino, y su devolución irrisoriamente se concentraba entre los años 2022 a 2024.

Esa asfixia, que durante los tres gobiernos kirchneristas había logrado desaparecer del escenario económico (por la decisión de Néstor Kirchner, en diciembre de 2005, de cancelar con reservas del BCRA, de manera anticipada, los U$S 9.810 millones que en ese momento se le adeudaban al FMI), el gobierno de Cambiemos la reintrodujo con una fuerza inusitada.

Atravesando aún el azote de la pandemia por Covid-19 y con bajos niveles de reservas en el Banco Central, la situación del gobierno del Frente de Todos en este nuevo episodio con el FMI es bien diferente a lo sucedido en la era kirchnerista de la primera década del siglo XXI.

Sin embargo, dadas las irregularidades de ese acuerdo firmado por el gobierno cambiemita (exceso de lo permitido en la cuota del FMI, financiamiento a la fuga de divisas, incumplimiento de pasos formales y legales para su tratamiento en Argentina, entre otras), el gobierno del presidente Alberto Fernández podría haber optado por una negociación que procurara extender los plazos de devolución por encima de los reglamentos vigentes del FMI y eliminar la sobretasa de interés.

Todo parece indicar que la estrategia del gobierno frentetodista se orientó más a conseguir lo segundo que lo primero, y siempre dentro de los cánones institucionales del Fondo. Se concentró la estrategia en reducir los condicionamientos (como las reformas estructurales y los niveles del ajuste), y no consiguió ninguna de las dos cuestiones centrales para alcanzar una mayor sostenibilidad de la deuda (ni extensión de plazos, ni reducción de intereses).

El acuerdo, en materia fiscal, tiene un sendero de reducción del déficit del 3% del PBI que hubo en 2021 al 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024. A lo que se suma también un fuerte apretón al financiamiento que el Banco Central le da al Tesoro, el que se busca llegue a cero para 2024.

Ese medio punto de reducción del déficit en 2022 se prevé alcanzar con una serie de disminuciones en los gastos públicos:

• Con menores subsidios a las tarifas de servicios públicos de luz y gas para que el 10% de los hogares con mayor capacidad de pago afronten una tarifa plena; los que reciben tarifa social, un aumento limitado al 40% del promedio del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; y los que no reciben ese beneficio, un incremento con un tope del 80% del promedio del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.
• Con reducción de gastos COVID: el año anterior, entre vacunas, fondos para inversión productiva, sostenimiento de salarios de empresas (REPRO) y el programa Previaje, el gasto estuvo cerca del valor del 1% del PIB. Es improbable que ese gasto se anule completamente, pero sí es esperable que exista un recorte importante.
• Con menores transferencias a provincias y a empresas estatales.

Y, como contrapartida, con un aumento de los ingresos públicos a través de:

• Revaluación del valor fiscal de las propiedades, que impactarían en el impuesto a los Bienes Personales.
• Cambio en las alícuotas del impuesto a los combustibles.
• Reducción de la evasión impositiva.

La evidencia de los anteriores acuerdos con el FMI demuestra que en general se ataca la reducción del déficit más por el lado del gasto que por el aumento de los ingresos. Esto se debe a que el Poder Ejecutivo tiene mayor margen de maniobra en achicar partidas presupuestarias (usando un criterio de “caja”) que en impulsar reformas tributarias (que llevan más tiempo y requieren de acuerdos parlamentarios más trabajosos).

Una forma de no caer en esa tentación ortodoxa es encontrar mecanismos heterodoxos para financiar las necesidades de gasto del Estado, que contribuyan a impulsar el desarrollo.

La política alternativa al programa económico del gobierno y el FMI debería ser:

• No acudir ni al ajuste del gasto público ni al endeudamiento como herramientas para resolver el problema del desequilibrio fiscal.
• Desarrollar una política expansiva basada en un fuerte aumento de la demanda interna, con un efecto positivo sobre la magnitud de la recaudación.
• Llevar adelante una política sostenida de registro de la actividad económica que conlleva un efecto positivo sobre la recaudación y, además, permite aliviar la presión tributaria sobre las actividades productivas que actualmente tributan.
• Lograr un incremento muy importante de la recaudación directa que permita superar a la indirecta. En el caso de los impuestos patrimoniales, debe haber un aumento sustantivo de la contribución de los sectores que concentran la riqueza (por ejemplo, los dos primeros deciles de la distribución del ingreso). Es crucial asegurarse a través de los impuestos patrimoniales, nacionales y subnacionales, como Bienes Personales, Inmobiliario y Transmisión Gratuita de Bienes, con escalas altamente progresivas, que la imposición a la riqueza recaude un valor equivalente al 5% del PBI nacional (hoy ese guarismo está en torno al 1,3%).
• Aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta (Ganancias), incrementando la tasa marginal superior a valores similares a los de los países desarrollados (en torno al 45%), elevando así la recaudación en el rubro de personas físicas y gravar plenamente la renta financiera y de actividades extractivas.
• Mantener una política de tributación a través de los Derechos de Exportación, para evitar el traslado a precios internos de los precios internacionales de materias primas que nuestro país comercia, permitiendo así al Estado captar parte de los excedentes extraordinarios.
• Implementar una política de devolución de IVA, más relevante y agresiva que la actual, para los consumos populares.

De este modo, además de generar un importante espacio fiscal, la reforma propuesta apunta a que la reducción del déficit fiscal se produzca expandiendo la recaudación vía impuestos progresivos y ese hecho “per se” mejoraría la distribución del ingreso después del cobro de impuestos al hacerla significativamente más equitativa que antes del pago de los mismos.

No es una tarea sencilla, pero una fuerza política que pretenda ser nacional, popular, democrática y progresista tiene la obligación de intentarlo.

13/04/22