POR ALEJANDRO LÓPEZ ACCOTTO, CARLOS R. MARTÍNEZ, MARTÍN MANGAS Y RICARDO PAPARAS.
En medio de la situación de emergencia sanitaria que viven el país y el mundo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la nación el Presupuesto para el año 2021. Sin presentar grandes novedades en relación con la cuestión específicamente universitaria, el mismo sí revela en cambio, sugieren los investigadores y docentes del Instituto del Conurbano de la UNGS Alejandro López Accotto, Carlos R. Martínez, Martín Mangas y Ricardo Paparas, una fuerte preocupación del gobierno por favorecer el sostenimiento y el avance de miles de adolescentes y jóvenes que cursan sus estudios en los distintos niveles del sistema educativo del país.
Como un ritual que se repite hace décadas, por supuesto, saludablemente democrático, todos los años, entre mediados de septiembre y fin de año, se pone a la consideración, discusión y aprobación del Congreso Nacional, y también en el debate público, el Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Nacional para el año siguiente. Por ser el nuestro un país federal, esto se repite de similar modo en las veinticuatro provincias y en los casi dos mil trescientos gobiernos locales.
El año pasado, en septiembre, el gobierno del ex presidente Mauricio Macri enviaba el presupuesto para el año 2020. Esa propuesta era una novela de ficción. Ningún supuesto de los que contenía era realista.
Cuando asumió el gobierno el presidente Alberto Fernández tomo una decisión sensata: no aprobar el presupuesto enviado por el macrismo para el 2020, ya que no era posible, por escasez de tiempo, modificarlo en los pocos días que había entre el 10 y el 31 de diciembre de 2019. Además, porque existía un asunto muy relevante que condicionaba las prioridades de gasto: los servicios e intereses de la deuda externa, que como tantas otras veces en nuestra reciente historia, habían vuelto a ser el condicionante de la política económica. Vale la pena recordar que en 2019 casi 20 de cada 100 pesos que gastó el Estado Nacional fueron destinados a los servicios e intereses de la deuda, cuando hasta 2015 esa relación era de 7 de cada 100 pesos.
En ese contexto, y con la decisión del nuevo gobierno de encarar como una prioridad el proceso de reestructuración de la deuda, que se consiguió a principios de septiembre de 2020, con un altísimo nivel de aprobación de los acreedores privados, se verificó que la decisión de prorrogar el presupuesto aprobado en 2019 para el año 2020 fue un acierto.
El proyecto de ley de Presupuesto para el año 2021 brinda un panorama descarnado acerca de la situación económica del país, pre y post COVID-19. En términos de Producto Bruto Interno (PBI) por habitante –esto es, la riqueza que en promedio producimos cada una de las personas que vivimos en Argentina a lo largo de todo un año– el escenario puede resumirse en este desalentador dato: la situación a fines de 2021 sería prácticamente igual que la de 2006. Así, de cumplirse las proyecciones contenidas en el presupuesto 2021, nuestro país, ciclo económico mediante, va a estar, tras la pandemia, igual que 16 años atrás.
Es de utilidad, para dar cuenta de las razones de esta situación, analizar las distintas etapas que comprenden el período bajo estudio. En los 9 años que van de 2006 a 2015, el PBI por habitante creció un 15%, a razón de un 1,6% al año, con un muy fuerte crecimiento (por encima del 5%) en 2006, 2007 y 2010, y con caídas en 2009, 2012 y 2014, siendo la de 2009 lo única merma de más del 5%.
En cambio, en los 4 años que van de 2015 a 2019, el producto per cápita se redujo en un 8%, a razón de un 2% por año, con caída en todos los años, excepto 2017.
Para 2020 se prevé una caía del PBI por habitante del 12,9%, como consecuencia de la pandemia, con una recuperación posterior sostenida (4,6% en 2021, 3,6% en 2022 y 2,6% en 2023), pero insuficiente para alcanzar el muy deprimido nivel de 2019.
Ante un panorama tan complejo, es notoria la necesidad de priorizar en la asignación presupuestaria las erogaciones que se vinculan más directamente con el desarrollo nacional.
Para analizar algunas de las diferencias principales entre un modelo (el expresado por el macrismo, guiado por la valorización financiera, la exclusión y el endeudamiento) y el que propone el gobierno actual (que pone el foco en la producción y el empleo), hay que considerar que en 2019 el Estado tenía un déficit del 0,4% del PBI y los intereses de la deuda representaban un valor equivalente al 3,4% del PBI. En la propuesta de presupuesto para 2021, el déficit se espera que sea del 4,5% del producto y los intereses de la deuda el 1,5% del PBI.
Para analizar el déficit total conviene mirar no solo el tamaño sino en qué se gasta para evaluar el impacto del “impulso fiscal”. Es casi evidente que no tiene el mismo impacto un peso gastado en obra pública, en un salario de un empleado estatal o en la Asignación Universal por Hijo que un peso gastado para el pago del interés de una deuda que, encima, se dolariza para ser transferido al exterior, lo que corta de raíz el efecto multiplicador del gasto.
En lo que hace a la asignación que se espera reciban las Universidades Nacionales, no existe ninguna novedad relevante. El valor de los fondos para el sistema universitario nacional se encuentra en torno al 3% del gasto total estimado para la Nación, un guarismo similar al registrado en los últimos años.
Sí nos parece relevante destacar la apuesta por la formación de nuestros jóvenes, elemento central en cualquier estrategia orientada a promover el pleno despliegue de las capacidades productivas del país. Por esa razón, resulta de particular interés ahondar en la asignación presupuestaria para la principal línea de becas para jóvenes estudiantes: el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR).
Este programa fue lanzado en febrero de 2014 y permite a jóvenes de todo el país seguir sus estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios, así como realizar cursos de formación profesional.
Las becas Progresar están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 24 años con ingresos del grupo familiar de hasta 3 salarios mínimos (que totalizan unos 50.000 pesos por mes), madres de hasta 35 años y personas de comunidades indígenas, pueblos originarios, trans y travestis o personas con discapacidad sin límite de edad. Estas becas se han constituido en un elemento muy importante para sostener, en las Universidades Nacionales, la cursada de una proporción muy significativa de estudiantes.
En el año de su lanzamiento alcanzó a una población de aproximadamente 350.000 jóvenes, duplicándose su alcance en 2015, en que alcanzó las 700.000 prestaciones, y llegando a un pico de unas 800.000 personas en 2016-2017. Luego, en 2018, sufrió un abrupto ajuste, siendo cobrado por solamente 500.000 estudiantes, cifra que mejoró levemente en 2019 (550.000) y, pese a la pandemia, en 2020 (600.000).
Para el ejercicio 2021, el proyecto de Presupuesto prevé elevar su cobertura hasta alcanzar a 1.000.000 de personas destinatarias. Respecto a la ejecución del primer semestre de 2020, se proyecta en 2021 sumar a 40.000 estudiantes más de Universidades Nacionales, 70.000 de instituciones terciarias, 20.000 de cursos de formación profesional y 270.000 de los niveles primario y secundario.
Asimismo, el escenario presupuestario muestra un incremento en el valor de la beca media levemente superior a la inflación estimada para 2021, lo que implicaría, por lo menos, mantener el poder de compra de las prestaciones.
Pero, tal como indican las normas de nuestro país, todas las proyecciones y escenarios que se contemplan en el proyecto de ley de Presupuesto se han elaborado con los tributos públicos que actualmente se encuentran vigentes. Esto es, sin tener en cuenta nuevas fuentes de recursos públicos, que el Congreso Nacional (cuya potestad exclusiva sobre esta materia establece la Constitución Nacional) podría crear en el futuro cercano.
Ello es particularmente importante ya que a fines de agosto de 2020 (un par de semanas antes de que se presentara al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto), ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación la creación de un “Aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia”, popularmente conocido como impuesto a las grandes fortunas.
Esta iniciativa, en línea con cursos de acción similares debatidos en diversos países del mundo, viene trabajándose en la Argentina desde la llegada de la pandemia. Incluso, nuestra Universidad ha manifestado oficialmente el apoyo a este tipo de instrumento fiscal por medio de la Resolución del Consejo Superior Nº 7.691, del mes de junio de 2020, en cuyo artículo 2º se expresa “a favor de la creación de gravámenes a las grandes fortunas, en el marco de una reforma fiscal integral que promueve un financiamiento más estable y sostenible para las políticas públicas y un mayor nivel de progresividad en el sistema tributario, en línea con el ideal de justicia social”.
Tal posicionamiento de la Universidad Nacional de General Sarmiento no se limita a lo formal, sino que también incluye, en el artículo 3º de la precitada Resolución: “promover la realización de actividades y debates en relación con los proyectos de Ley de creación de impuestos a las grandes fortunas”. En tal sentido, este artículo se constituye explícitamente como parte de dichas actividades y debates.
El proyecto de ley de “aporte solidario” cuenta ya con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Establece, con alícuotas progresivas, un aporte, por única vez, para las personas físicas residentes en el país cuya riqueza sea de un valor fiscal de más de 200 millones de pesos. Siempre hay que destacar que, dado el atraso que tienen los revalúos inmobiliarios en nuestro país, el valor fiscal de los inmuebles suele ubicarse en torno a la décima parte de su valor de mercado.
Atento a ello, por ejemplo, si el patrimonio de una persona estuviese constituido solamente por inmuebles, tales como campos, terrenos, casas y departamentos, considerando un tipo de cambio de 80 pesos por dólar estadounidense y un valor fiscal que sea el 10% del valor de mercado, el tributo propuesto sólo alcanza a fortunas de más de 25 millones de dólares. Como ejemplo, vale ilustrar que con dicho monto, en la actualidad, se podrían adquirir 100 departamentos de 100 metros cuadrados cada uno, en el centro de San Miguel.
Obviamente, además de los inmuebles, también están incluidos entre los principales componentes de la base imponible del tributo el dinero, otros activos financieros y los vehículos, que sí suelen considerarse por su valor de mercado.
Las estimaciones oficiales acerca del potencial recaudatorio de este aporte de las grandes fortunas son del orden de los 307.000 millones de pesos, de los que 9.045 contribuyentes aportarían 154.000 millones de pesos (a un promedio de unos 17 millones de pesos por persona), correspondiendo los 153.000 millones de pesos restantes a las 253 mayores fortunas del país, que abonarían, como media, 605 millones de pesos cada una.
A su vez, el proyecto contempla el siguiente destino para su recaudación: 20% para equipamiento médico, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; 20% para subsidios a las PyMES con el objeto de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores; 20% para el programa integral de becas Progresar; 15% paralos habitantes de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) y el 25% restante para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Considerando las 253 personas más ricas de la Argentina, cada una de las mismas estaría contribuyendo con 121 millones de pesos para equipamiento médico básico, con el mismo monto para sostener el empleo en las PYMES y con una cifra equivalente para las becas Progresar; además, con 91 millones de pesos para mejorar las condiciones de salud y hábitat en los barrios populares y con 151 millones de pesos para extender la red de gas natural a todas las personas que viven en el país.
Como referencia, dentro de lo que son los montos actualmente vigentes y la proyección de casos para 2021 de las becas Progresar, lo que se cobre a cada una de estos 253 mega ricos permitiría sostener la cursada anual de un total de 1.970 estudiantes: 49 de cursos de formación profesional, 564 que asisten a establecimientos terciarios, 670 que están en el primario o secundario y 687 que estudian en Universidades Nacionales.
Además de la capacidad de sostener la cobertura proyectada del programa Progresar, el aporte a las grandes fortunas permitiría mejorarla sensiblemente. Así, el proyecto de Presupuesto 2021 prevé destinar al pago de estas becas un total de 25.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 130% respecto a los 10.900 millones de pesos asignados para 2020, coherente con la inflación y el crecimiento proyectado del número de estudiantes que el programa estima cubrir.
Sin embargo, de percibirse en concepto de aporte a las grandes fortunas los 307.000 millones de pesos proyectados, la parte de dicha cifra que correspondería destinar a las becas Progresar (20%) totalizaría unos 61.400 millones de pesos, lo que permitiría un incremento real del orden del 245% en el valor real de las prestaciones. Es decir que haría posible que un millón de estudiantes cobren becas que multipliquen por dos veces y media su poder de compra de 2020.
En junio de 2020 percibieron becas Progresar 309.164 estudiantes de Universidades Nacionales, sobre un universo de 1.629.754 personas que cursan estudios de grado y pregrado en dichas instituciones. El proyecto de Presupuesto 2021 prevé, a su vez, que la cobertura de las becas Progresar suba del actual 19% del estudiantado a un 21% el año próximo, lo que sería, como mencionamos antes, un incremento de al menos 40 mil estudiantes.
Tanto el debate parlamentario en torno al Presupuesto 2021 como referido al tributo a las grandes fortunas encierran, en términos de educación en general, y de acceso a la Universidad en particular, una tensión distributiva entra las personas más acaudaladas y privilegiadas del país y el derecho a la Universidad para los sectores más vulnerables del pueblo argentino. Esa tensión corresponde, por ser algo de estricta justicia, que se resuelva a favor de las mayorías populares.
06/10/20
