POR MARIANA LUZZI.
La pandemia COVID19 ha producido innumerables impactos en la vida social. Pero también ha vuelto más visibles situaciones y condiciones que, sin haber sido provocadas por ella, muestran ahora toda su gravedad. Diferentes dimensiones de las desigualdades sociales (de ingresos, de género, territoriales, en el acceso a los servicios de salud, etc.) quedaron al descubierto a medida que avanzaba la expansión del virus y los gobiernos de distintos niveles tomaban medidas para enfrentarla.
Entre ellas, llama la atención un indicador que, aunque de larga data, hasta ahora había sido objeto de escasa problematización pública en nuestro país: la enorme cantidad de hogares argentinos sin acceso a cuentas bancarias.
Una de las primeras decisiones que tomó el Estado nacional al anunciar, el 19 de marzo pasado, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) fue el otorgamiento de una suma fija de dinero para aquellas personas que estuvieran desocupadas, fueran trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas, trabajadoras de casas particulares, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o del Programa Progresar. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una asignación de 10000 pesos (equivalentes al 60% del salario mínimo), originalmente seiba a pagar una única vez y luego fue repitiéndose a medida que también se prolongó el ASPO. Procesar las solicitudes en medio de la cuarentena, con los potenciales beneficiarios aislados en sus casas y el organismo responsable del IFE (la ANSES) funcionando de manera remota representó un enorme desafío para el Estado. Mucho mayor fue el de concretar el pago a todas aquellas personas que no tenían una cuenta bancaria. Con las oficinas de la ANSES y las sucursales bancarias cerradas a causa del ASPO, ¿cómo podía hacerse efectiva la entrega de dinero?
Cerca de un 30% de los destinatarios del IFE ya eran receptores de beneficios otorgados por la ANSES y por lo tanto no tenían dificultades en este plano. Pero el 60% eran trabajadores informales o empleadas de casas de familia de los cuales solo una parte tenía cuenta bancaria. Casi 3,5 millones de personas solicitaron así en abril cobrar el IFE mediante un pago en el correo o con órdenes de pago para cajeros automáticos. Las dificultades para acceder a los datos necesarios, los problemas de comunicación durante la cuarentena y la distancia hasta los cajeros hicieron que en junio, dos meses después de comenzado el primer pago del IFE, muchos destinatarios aún no hubieran podido cobrarlo. Es decir, en medio de una pandemia que los dejaba sin su fuente de trabajo o que reducía muchísimo sus ingresos, tampoco podían acceder rápidamente a la ayuda que el Estado proponía para ellos. No tener una cuenta bancaria profundizaba la vulnerabilidad en que esas personas ya se encontraban.
La situación no era desconocida. Una investigación de 2015, financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la que participaron todas las universidades nacionales del país, había mostrado que el 30% de los hogares argentinos no tenía cuenta bancaria, y que esa proporción superaba el 50% en los hogares donde principal sostén se encontraba desocupado (La Argentina en el siglo XXI. Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual, Buenos Aires: Siglo XXI, 2018).También el primer Informe de Inclusión Financiera, publicado por el Banco Central (BCRA) en noviembre de 2019, brindaba información en el mismo sentido. Sin embargo, en el debate público argentino rara vez se asociaba el acceso al sistema financiero formal con la protección social. Hasta que la pandemia tocó a la puerta.
Las dificultades en el primer pago del IFE hicieron que la ANSES resolviera concretar el siguiente solo por vía bancaria. Para ello, se consultaron las informaciones disponibles en otras áreas del Estado, como el BCRA. El tardío cruce de registros reveló que la mitad de quienes habían solicitado otras vías de cobro ya eran en realidad titulares de una cuenta, cuya existencia desconocían, habían olvidado o a la que ya no tenían acceso por falta de datos o tarjeta. Y también reveló algo más: que tener una cuenta bancaria no bastaba para estar efectivamente incluido en el sistema financiero.
La pandemia contribuyó así a hacer evidentes los problemas de la sociedad, dejando al descubierto, bajo una luz nueva, algunas de sus condiciones estructurales. Pero en ese proceso, también abrió ventanas para comprender cómo funciona el Estado, y cómo está equipado para enfrentar aquellos desafíos.
El reciente relanzamiento del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, en el que se articulan 14 áreas diferentes del Estado Nacional, parece ser –ojalá lo sea– una respuesta directa a las enseñanzas que deja la pandemia. En primer lugar, que la plena participación en el sistema financiero formal es, en nuestros días, condición para el acceso a la protección social. Que, tal como lo mostraron distintos sucesos a lo largo de los últimos meses, los servicios financieros básicos resultan esenciales y que por lo tanto es con esa lógica –la de los servicios públicos– que deberían ser pensados, y sus usuarios protegidos. En otras palabras, y sin que esto suponga desconocer las reglas del mercado, que es preciso comenzar a hablar de la participación en el sistema financiero con el lenguaje de los derechos.
En segundo lugar, la situación extraordinaria que provocó la llegada del COVID19 también nos ayudó a ver que el Estado argentino produce mucha más información de la que usualmente se moviliza en la formulación de políticas públicas. No se trata tanto de la falta de datos o del desconocimiento de ciertas realidades, como de la necesidad de conectar fuentes que muchas veces permanecen dispersas –eso que usualmente hace la investigación social. Incorporar una perspectiva de investigación en el diseño de las políticas y lograr que ella atraviese a distintas áreas de la gestión pública es sin dudas un desafío mayor. Es cierto, la necesidad de respuestas urgentes suele conspirar contra esos esfuerzos; pero la experiencia reciente muestra que son indispensables.
06/10/20
