EDITORIAL.
La Universidad Nacional de General Sarmiento tiene como una prioridad institucional –que se expresa en su Estatuto y en una cantidad de normas dictadas por su Consejo Superior, tales como los “Lineamientos generales para las políticas de género” y el “Protocolo para el abordaje de situaciones de violencia de género”, aprobadas en el año 2017– la prevención y erradicación de las situaciones de violencia contra las mujeres y las identidades disidentes. Se trata, como es sabido, de una problemática social y cultural compleja, originada en la desigualdad histórica que afecta a las mujeres y a las disidencias y que requiere un abordaje institucional en todos los niveles. Por tal motivo, y a fin de acrecentar la conciencia de los actores de la vida universitaria y de la vida social en general sobre la situación de desigualdad y vulneración de los derechos fundamentales que afectan a las mujeres y a las disidencias, en la UNGS se han diseñado y ofrecido cursos de formación, ciclos y conversatorios para estudiantes, docentes y nodocentes y comunidad en general, se ha inaugurado dictado de la materia optativa “Perspectiva de Géneros: Aportes y Debates” para estudiantes de la Licenciatura en Administración Pública y la Licenciatura en Política Social y se viene sosteniendo hace años una Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación.
El 19 de diciembre de 2018 se sancionó en nuestro país la Ley Nacional Nº 27.499, conocida como “Ley Micaela” por haber sido promovida por la Fundación Micaela García (La Negra), que dispone la capacitación obligatoria en género para todas las personas que trabajan en los distintos poderes, en todos los niveles y en las diferentes jerarquías del Estado, estableciendo que el modo y la forma que vayan a asumir las capacitaciones estarán a cargo de los respectivos organismos. La norma fue valorada positivamente, en abril del corriente año, por el plenario de rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las máximas autoridades de todas las universidades públicas del país, y que mediante el Acuerdo Plenario Nº 1076/19 propició la organización de la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres prevista en la “Ley Micaela” para sus autoridades superiores, docentes, nodocentes y estudiantes. Con estos antecedentes, el Consejo Superior de la UNGS consideró el asunto en su sesión del mismo mes de abril, en la que se discutió el mejor modo de continuar desarrollando acciones vinculadas a las políticas de género, y en particular el abordaje institucional de situaciones de violencia o discriminación basadas en el género u orientación sexual de las personas.
El resultado de esa deliberación se plasma en la Resolución (CS) Nº 7291/19. Por medio de la misma, el Consejo Superior de la UNGS resuelve establecer la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres y disidencias para sus autoridades superiores, docentes, nodocentes y estudiantes, en un plazo no mayor a los 24 meses, y ampliar la convocatoria a estas instancias de formación a los graduados y las graduadas de la Universidad. El CS encomienda la elaboración de las propuestas específicas de capacitación al Rectorado y a las distintas unidades académicas de la Universidad, y resuelve continuar desarrollando y promoviendo políticas tendientes a erradicar la desigualdad entre los géneros. Para esto último el CS reafirma su compromiso con la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE), del CIN, que promueve políticas de género para el sistema universitario público: la resolución del CS establece que debe tenerse en cuenta las líneas proyectadas por la RUGE y reconocerla como órgano de consulta permanente y de asesoramiento en las temáticas de su competencia. Sin duda, la resolución adoptada por el órgano de gobierno de la Universidad es un nuevo motivo de orgullo para los y las integrantes de la comunidad de la UNGS.
