PATENTES Y PANDEMIA. POR JAVIER FLAX.
La emergencia sanitaria que vive hoy el mundo entero pone en un lugar fundamental la reflexión sobre el problema de las patentes de medicamentos y vacunas. En la nota que sigue, Javier Flax, investigador docente del área de “Filosofía” del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, reflexiona sobre la cuestión.
La pandemia generada por el SARS Cov-2 puso en el centro de la escena el problema de las patentes de invención, en lo que tiene que ver con medicamentos y vacunas. En mayo de 2020 diversos gobiernos y organizaciones internacionales propusieron considerar un bien público de la humanidad a la vacuna para prevenir el Covid 19. Este año se instaló la idea de suspender o liberar las patentes para aumentar la producción y hacer más accesible esa vacuna. Pero lo que se requiere es modificar el actual sistema de patentes para que bienes esenciales para la salud y para la vida no tengan los precios abusivos que posibilitan las patentes al generar un monopolio en torno al conocimiento.
Una privatización indeseable del conocimiento
Para tener en claro de qué estamos hablando, las patentes de invención constituyen un tipo de propiedad intelectual –débilmente fundamentado– que suele entrar en conflicto con derechos fundamentales sólidos como el derecho al conocimiento, el derecho a la salud y el derecho a la vida misma (puede ampliarse en J. Flax, “Patentes de medicamentos y derechos humanos” en https://redbioetica.com.ar/revista-redbioetica-unesco-no-13/).
Las patentes son un derecho que otorgan los Estados a una persona, por el cual protegen su exclusividad para la explotación comercial de una innovación. Precisamente, se justifican porque se supone estimulan la realización de una innovación con un uso práctico de algo que no resulte obvio o evidente, la cual tiene que ser aceptada por el sistema legal de un país. Sin embargo, como muestra la historia de la ciencia y la tecnología, que algo no sea obvio no significa que no sea accesible y que, antes o después o al mismo tiempo, diferentes investigadores que trabajan sobre los mismos problemas pueden llegar a los mismos resultados. Asimismo, había muchas innovaciones donde y cuando no existían sistemas de patentes.
Todo esto se verifica en las mismas investigaciones sobre vacunas para prevenir el Covid 19. En julio de 2020 había 166 investigaciones, a pesar que solo hay 8 tipos de vacunas posibles (virus atenuado, inactivado, adenovirus, ADN, ARN mensajero, proteínas, etc.). De cada tipo hubo varios proyectos. Es decir, la mayoría de las investigaciones trabajan sobre los mismos conocimientos disponibles, generados en universidades e institutos públicos de investigación en todo el mundo, cuyos científicos no están motivados meramente por el lucro. ¿Entonces por qué otorgarles una patente a esas vacunas? De esos tipos de vacunas, solamente las de ARN mensajero –entre ellas, la Moderna y la de Pfizer/BioNtech– cconstituye una innovación en lo que a vacunas se refiere, pero esa misma investigación tuvo un enorme financiamiento estatal. Sin embargo, no demostró mejores resultados que las otras vacunas. Por el contrario, presenta dificultades prácticas para la conservación y distribución.
¿Y qué significa que sea aceptado por el sistema legal de un país? Mientras hay países restrictivos como India, Argentina o Gran Bretaña para otorgar patentes, hay países como Estados Unidos, muy permisivos con los laboratorios. A modo de ejemplo, Hilary Kropowski logró una serie de patentes en EE.UU. a partir de las investigaciones sobre la técnica de hibridoma, para producir anticuerpos monoclonales que había hallado el Premio Nobel argentino César Milstein –partidario de la arquitectura abierta del conocimiento, apropiándose así de conocimientos logrados por otro y generando un negocio extraordinario. ¿Por qué? Porque Milstein no los pudo patentar –para luego liberar– en Gran Bretaña y cedió a otros sus investigaciones mediante un compromiso de no patentamiento que Kropowski incumplió.
Para tener una idea de la dimensión de lo que estamos hablando daremos otros ejemplos. Una Oficina de Patentes estadounidense reconoció a Myriad Genetics el patentamiento de dos secuencias genéticas naturales correlativas al cáncer de mama. Se tardó 17 años hasta que el Tribunal Supremo de EE.UU. la revocara, a partir de una presentación de la Unión Americana por los Derechos Civiles. Mientras tanto, cada test de Myriad Genetics valía 3.000 dólares y las universidades tenían frenadas las investigaciones. A poco de revocarse las patentes los test bajaron sus precios considerablemente y fueron mucho más accesibles.
Otro escándalo se produjo alrededor del sofosbuvir, un medicamento para la hepatitis C. Fue desarrollado en una universidad pública y el tratamiento completo tiene un costo de producción de 100 dólares. Pero se vendió durante años a 80.000 dólares. Ni en Estados Unidos, el país más rico del mundo, podían pagar los tratamientos a veteranos de guerra, por lo que el senador demócrata Bernie Sanders solicitó revocar esa patente.
Debemos recordar que el actual presidente de ese país, Joe Biden, incluyó en su plataforma electoral la rebaja de los precios de los medicamentos, de modo tal de ahorrar al Estado 45.000 millones de dólares por año.
Las reglas de juego impuestas por la OMC
En consecuencia, contra lo que dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en lo que tiene que ver con medicamentos y vacunas las patentes ni estimulan la investigación ni mejoran automáticamente el bienestar de la población. Por el contrario, el secretismo pone barreras a la investigación y la lógica de “el que llega primero gana todo” la desalienta. A su vez, los precios abusivos de estos monopolios sobre el conocimiento dificultan o impiden el acceso a esos bienes.
Parece evidente que en lo que tiene que ver con bienes esenciales como las vacunas y medicamentos se requiere de una estructura abierta del conocimiento (como Linux o Ubuntu en informática) y poner un límite a las ganancias de los laboratorios. La UNESCO, en su Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de octubre de 2005, expresa (art.1°, inc. f) que uno de los objetivos de la misma es “promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países en desarrollo”.
Entonces, ¿por qué existe este sistema de patentes, igual para un diseño industrial que para una vacuna?
Si bien esta y otras formas de la propiedad intelectual se hallan protegidas por las leyes de cada país, en última instancia, su modalidad actual y duración fue impuesta por el G-7 a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC), una institución extra ONU, fundada en plena hegemonía neoliberal, que impuso en 1994 el Acuerdo sobre Aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio (ADPIC), al cual debieron adecuarse las diferentes legislaciones como condición para participar en el comercio internacional.
Así, por ejemplo, un gran productor de medicamentos y vacunas genéricos como la India –denominada “la farmacia del tercer mundo” por Médicos sin Fronteras–, que no reconocía ese tipo de patentes, tuvo que avenirse a aceptar esos condicionamientos, aunque a regañadientes.
Como afirman el economista y Premio Nóbel Joseph Stiglitz en Cómo hacemos que funcione la globalización y actualmente la ONG Open Secret, esas reglas de juego son resultado del lobbying de la Big Pharma (y los fondos especulativos poseedores de sus acciones) con sus cuantiosos aportes al financiamiento de la política en los países del Norte. De ese modo se garantizan los mercados para sus productos. Es así como medicamentos y vacunas se transforman en una mercancía más y solo se producen en función de la capacidad adquisitiva de sus eventuales clientelas. A veces ni siquiera para curar, sino para cronificar las enfermedades y mantener el mercado.
De la flexibilización de patentes al mecanismo COVAX
A partir de presiones de varios países en desarrollo, se aceptó incluir en el Acuerdo sobre ADPIC las licencias voluntarias y obligatorias, de acuerdo con las cuales los países pueden producir medicamentos y vacunas como genéricos frente a una crisis sanitaria, como fueron la del HIV o la actual.
Durante 2020 se fue más allá cuando hubo pronunciamientos de diferentes países y organizaciones internacionales para considerar a la vacuna para prevenir el Covid 19 como un bien público de la humanidad. Sin embargo, lo que prevaleció fue la lógica mercantilista de los laboratorios, que iniciaron una competencia por el mercado mundial. En marzo de 2021 sólo 10 países tenían el 85% de las vacunas producidas.
Por eso es que más de 100 países insistieron en la suspensión de las patentes durante la excepcionalidad, a los cuales finalmente se sumó, en mayo de 2021, Estados Unidos, país que con su recambio presidencial cambió radicalmente su postura con respecto a la pandemia. Pero en junio de 2021, en una solución de compromiso, decidió comprar y donar, junto con los demás países del G-7, 1000 millones de vacunas entre 2021 y 2022 para los países pobres a través del mecanismo COVAX (Colaboración para el acceso equitativo a vacunas contra el Covid-19). Esto es evidentemente insuficiente frente a una población mundial de 6.000 millones e indica la necesidad de suspender las patentes para aumentar la producción y bajar los precios.
En la misma cumbre del G-7 se acordó debatir el establecimiento de «mecanismos para prevenir futuras pandemias». No debe perderse de vista que el neoliberalismo fue promovido e implantado por varios de esos países. Sus políticas de mercados autorregulados constituyen parte del problema en lo que tiene que ver con la generación y la mala gestión de la pandemia (al respecto nos referimos en “La matriz neoliberal y la pandemia” en https://www.icala.org.ar/erasmus/Archivo/2021/erasmus-23-2021-Flax.pdf). Si no se revisa el propio neoliberalismo, difícilmente puedan prevenirse nuevas pandemias.
De todos modos, debe tenerse en cuenta que la suspensión de las patentes para la producción de las vacunas como genéricos es condición necesaria pero no suficiente. Se requiere disponer de capacidades científicas, tecnológicas e industriales para poder producir las vacunas en escala como genéricos y, eventualmente, una transferencia de tecnología. Lo cual hace que pocos países, como India o Argentina, por ejemplo, estén en condiciones de producirlas.
Debe recordarse que la viruela fue una pandemia que asoló a la humanidad durante siglos con un promedio de 5 millones de muertos por año hasta que comenzó a extenderse la vacuna “descubierta” por Jenner en 1796. Pero recién en 1977 fue posible la erradicación de la viruela mediante una alianza mundial articulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es por eso que se ideó la alianza COVAX, una iniciativa cooperativa superadora, coordinada por la OMS y otras instituciones. Consiste en un fondo mundial para financiar, desarrollar, fabricar y distribuir mundialmente de manera coordinada las vacunas contra el Covid-19. De ese modo, se puede pasar de la competencia por las vacunas a una cooperación mundial que haga bajar los precios y permita que la vacuna llegue a todo el mundo. De lo contrario, el virus seguirá circulando y mutando, por lo cual las vacunas muy probablemente perderán su eficacia. Como expresa el lema del COVAX: “Cuando una pandemia avanza rápidamente, nadie estará salvo a menos que todo el mundo lo esté.”
07/07/21
