VI JORNADAS SOBRE ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA.

En el cierre del encuentro, la rectora de la UNGS Gabriela Diker y las investigadoras docentes Flavia Terigi y Daniela Perrotta disertaron sobre las tendencias hacia la privatización del sector, el alineamiento con el mercado y los problemas con las evaluaciones del desempeño docente.

La propuesta neoliberal para la política educativa en la Argentina: principales medidas e implicancias” fue el tema disparador del panel de cierre de las VI Jornadas sobre Enseñanza de la Economía organizadas por el área de Economía del Instituto del Desarrollo Humano (IDH-UNGS), que tuvieron lugar el 25 y 26 de octubre en el campus de Los Polvorines. La charla contó con la exposición de la rectora Gabriela Diker, la investigadora del CONICET Daniela Perrotta y la investigadora docente del IDH Flavia Terigi.
Diker centró su exposición en el plan Maestr@ y ciertas características del modo en que en la actualidad se definen y ejecutan las políticas educativas. Respecto al plan, que nunca llegó a ser presentado ni hubo un proyecto de ley pese al anuncio del presidente Mauricio Macri, sostuvo que “se jugó políticamente en los medios de comunicación”, en lugar de darse la disputa en el sistema educativo. Para Diker además de esta característica de “cosas que aparecen y desaparecen, que se lanzan y después no se sabe qué pasó”, también la política educativa de hoy se define por la intervención de consultoras privadas, es decir, por una “tercerización de las definiciones políticas y de la ejecución”.
La rectora detalló algunas características del plan, al que calificó como “un documento de pésima factura técnica recubierto de una estética tecnocrática” que desvaloriza “el ‘saber experto’ en el campo de la educación”. Consideró que se trata de un plan con una ambigua formulación de los problemas de partida que no se condice en absoluto con el diagnóstico original de tragedia y crisis. También presenta una indefinición en las estrategias para abordar esos problemas y dificultades en la construcción de las metas. Se observa así, dijo Diker, una incoherencia absoluta entre problemas, estrategias y metas, a lo que se suma una indefinición presupuestaria y de la distribución de responsabilidades estatales para el cumplimiento de esas metas (se diluye la responsabilidad del Estado).
“Hay una suerte de privatización de las políticas educativas, que se van convirtiendo en la suma de las cosas que se pueden ir adquiriendo, una centralidad puesta en la autoiniciativa individual, en esta lógica emprendedora también aplicada a la educación, y un desprecio muy notable por el saber producido por los docentes en las escuelas y en ámbitos académicos”, manifestó.

Creditización y mercado

Por su parte, Perrotta focalizó en la política para la universidad del Gobierno Nacional. Habló de un panorama con tendencias hacia las políticas de recorte, de disciplinamiento y de alineamiento con las tendencias mainstream: homogenización de currículos, articulación con el sector productivo, pérdida de la frontera entre lo público y lo privado. También alertó sobre la alineación con organismos financieros que vuelven a aparecer y otros nuevos, y el incumplimiento de leyes aprobadas.
Sostuvo que el discurso público actual apela a un conjunto de categorías que gozan de cierto nivel de tolerancia o aceptación entre el conjunto de la población: calidad, transparencia, pertinencia, articulación, planificación, federalismo, emprendedurismo. Se trata, para la investigadora, de un discurso simple, fácilmente reproducible, y estas categorías “se justifican a partir de un conjunto de problemas que tienen una caracterización liviana”.
Además, hizo alusión al sistema nacional de reconocimiento académico, que se justifica porque resolvería, a través de la internacionalización de la universidad argentina, uno de los supuestos problemas de la educación argentina, que es la calidad. Así lo caracterizó: “El sistema de reconocimiento académico propone flexibilizar los currículos, reducir la duración teórica de las carreras, homogenizar los planes de estudio, establecer parámetros comparables de calidad, favorecer la movilidad estudiantil y todo esto a su vez apunta a estrategias de internacionalización de manera integral (sin definir lo que es integral)”.
La preocupación está en que en la actualidad la cuestión del reconocimiento de títulos y la creditización (un modelo de internacionalización para el mercado y para el comercio de servicios de educación superior) vuelve a estar presente en los foros en los que Argentina participa -regional, bilateral y multilateralmente-, cuestión que permanece bajo un profundo secretismo.

Evaluar el trabajo docente

El trabajo y la formación docente fue el eje de la exposición de Terigi. La investigadora recalcó que no solo en Argentina sino en muchos otros países del mundo se habla de los problemas que tiene la carrera docente. “El desarrollo de los sistemas escolares –sostuvo- acumula una serie de problemas que se pueden encontrar en países muy distintos al nuestro”.
Respecto a estos problemas, aclaró que hay dos grandes enfoques. Uno considera la educación como “un producto, como algo que alguien hace y que se puede medir, que en función de lo que se mide se puede compensar diferencialmente, que la medida es los resultados de aprendizaje de los alumnos y para estar seguros que la medida está bien tomada, ésta tiene que ser estándar, no ajustada a cada territorio”. Este primer enfoque, para la investigadora, se acerca más a la postura en materia de educación del actual gobierno nacional. La otra postura piensa la educación como un derecho. “Miramos el trabajo docente no como un trabajo individual donde alguien produce algo que puede ser medido como un estándar sino como un trabajo que es de carácter político, que es institucional, y por lo tanto colectivo, colaborativo”, describió.
Al respecto de las evaluaciones, consideró que la idea “los docentes no quieren ser evaluados”, instalada en la discusión pública, debería convertirse en “los docentes no quieren ser evaluados de este modo, para estos resultados, estos fines, estos efectos”. Así, manifestó que “evaluación del desempeño de los docentes” es una frase que no dice nada y por el contrario la pregunta debe ser cómo, con qué parámetros, para qué efectos y quién lo va a hacer. En el país hay 1.400.000 docentes, por lo que se preguntó: “Qué sistema puede evaluar 1.400.000 personas que trabajan de cosas muy distintas, en condiciones muy diferentes y que sea una evaluación que de verdad sirva para entender lo que pasa con ese trabajo y eventualmente mejorarlo. Hay un problema fáctico, de recursos, personas y capacidad técnica”.
La investigadora sostuvo que es un pendiente en la educación argentina la discusión de la carrera docente y “se lo va a hacer en las peores condiciones”, lamentó. Para finalizar, propuso cuatro premisas para la discusión de las regulaciones del trabajo docente: asegurar el cumplimiento de propósitos del interés público, de los derechos educativos y no el disciplinamiento de un sector sindical contrario al gobierno; admitir ciertos niveles de creatividad, responsabilidad y autonomía, ya que no hay evaluación estandarizada que garantice eso; referir la autonomía al colectivo docente, no al trabajo individual; y no debería ser realizada sin la participación de quienes realizan el trabajo.