EL AGRO.
La gestión de Cambiemos asumió el gobierno nacional con el objetivo de “dejar atrás para siempre el populismo”, término que alude, en boca de sus enunciadores, a un modo particular de configurar el orden socioeconómico y las relaciones de poder. El mismo se sustentaba en un esquema de política macroeconómica con una decidida intervención del Estado (vía control del tipo de cambio, vía impositiva, vía regulaciones, vía transferencias monetarias), que “distorsionaba” los precios relativos de los distintos sectores económicos, alteraba artificialmente las señales que, tasa de rentabilidad mediante, emitía el mercado, mantenía controlado “artificialmente” el desempleo generando empleo estatal (“no genuino”), sustentaba actividades/sectores/empresas “ineficientes”, y le hizo “creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior” (González Fraga, Infobae, 27/5/16). Tal esquema de política macroeconómica requería de un importante monto de gasto público (considerado “excesivo” y “sobredimensionado” por el actual gobierno), lo que conducía irremediablemente al incremento del déficit fiscal que, al ser cubierto por una “descontrolada” emisión monetaria, derivaba necesariamente en un inflación “desmedida”. Además, para poder llevar adelante esta intervención, el Estado había conquistado un mayor grado de autonomía frente a los poderes económicos (particularmente luego del abandono de la “ley de hierro” liberal de independencia del Banco Central, que permitía recurrir a este y a otras fuentes –Anses– para financiar sus erogaciones). Por otro lado, el relativamente bajo nivel de desempleo, las políticas de inclusión y el establecimiento de instituciones reguladoras de las relaciones laborales durante los gobiernos kirchneristas, fortalecía la posición negociadora de sindicatos y movimiento sociales.
Sinceramiento
Para el elenco macrista, este orden de cosas distribuía “artificial” y “engañosamente” recursos económicos y poder sociopolítico, por lo cual era necesario encarar un “sinceramiento”. Dicha tarea implica: i) desmontar la “distorsiva” intervención del Estado, eliminando o reduciendo regulaciones, controles y “carga” impositiva. Ello permitiría restablecer una economía donde la asignación de recursos se realice en base a criterios de rentabilidad empresarial y competitividad internacional; ii) bajar el gasto público, con la ilusión de que ello permitirá disminuir el déficit fiscal-reducir la emisión monetaria y controlar la inflación; iii) acotar el margen de autonomía del Estado frente a los sectores económicos más poderosos; iv) reducir las expectativas de consumo del sector asalariado; y v) disciplinar la capacidad de incidencia sindical y de movimientos sociales en la toma de decisiones políticas.
Exportar lo nuestro
Paralelamente al abandono del populismo, el macrismo propone una estrategia de crecimiento basada en “vivir exportando lo nuestro” (Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación, El Cronista 15/9/16). Esto significa poner como motor del crecimiento a las inversiones provenientes del capital privado y, en particular, las orientadas a aquellos sectores con posibilidades de competir internacionalmente. Con el fin de estimular la dinamización de los mismos, se apela a una estrategia con tres puntos centrales: a) la eliminación de las “intromisiones distorsivas” del Estado; b) medidas tendientes a transferir recursos económicos hacia los sectores de más altos ingresos, y/o generar las condiciones para ello, bajo el supuesto de que tal redistribución regresiva se traducirá y/o estimulará inversiones; c) ceder el manejo de las decisiones estatales que incumben al sector a representantes del mismo.
Bajo dichas premisas y en dirección a alcanzar tales objetivos, el sector agroexportador ocupa un lugar estratégico, ya que reúne las características necesarias para ser un actor clave en tal proyecto de crecimiento: i) posee ventajas comparativas (derivadas de la dotación de recursos naturales) y competitivas (innovación tecnológica en productos y en procesos) que lo posicionan favorablemente a nivel internacional; ii) explica buena parte de las exportaciones del país (de acuerdo a datos del INDEC, en 2015 el 54 % de las exportaciones argentinas provino de los complejos oleaginoso, cerealero, cárnico bovino y ovino, lácteo, algodonero, hortícola y frutihortícola); iii) está escasamente extranjerizado (Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, en el total del territorio nacional solo el 6% de la tierra está en manos extranjeras).
Con el objetivo de promover su dinamización, el gobierno implementó desde el inicio mismo de su gestión una serie de medidas concordantes con las tres líneas estratégicas mencionadas: a) Redistribuyó ingresos a su favor por medio de una devaluación cercana al 60%, una rebaja de 5 puntos en las retenciones a la soja y la eliminación de las mismas para todo el resto de la producción agropecuaria. Ambas medidas implicaron una transferencia de ingresos cercana a los U$S 3700 millones (Clarín, 21/12/15); b) disminuyó o eliminó controles estatales, por medio de la eliminación del Registro de Operaciones de Exportación (ROE), la ampliación del plazo para liquidar divisas fruto de exportaciones, el desguace del Registro de trabajadores y empleadores rurales (Renatea) y la flexibilización de las restricciones a la compra de tierras por extranjeros. Finalmente, c) cedió la conducción del Ministerio de Agroindustria a miembros de las entidades representativas o empresas del sector (Ricardo Buryaile y Néstor Roulet, Ministro y Secretario de Agregado de Valor respectivamente, son dirigentes de CRA; el Jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo, el Secretario de Agricultura Ricardo Negri, y su Subsecretario, Luis Urriza, son miembros de AACREA; el Subsecretario de Pesca, Tomás Gerpe, era gerente de una empresa pesquera; Amadeo Nicora, presidente de INTA, fue presidente de la Sociedad Rural de Pilcomayo y de la Fundación de Sociedades Rurales Formoseñas; Alejandro Sammartino, Subsecretario de Lechería, era director de la publicación especializada Infortambo).
Euforia inicial y después…
El triunfo electoral de Cambiemos y las primeras medidas gubernamentales fueron recibidas con agrado por el sector agropecuario. La transferencia de ingresos inicial hacia el sector, particularmente desde el Estado –que renunció al cobro de retenciones– y los consumidores –que vieron incrementado el precio de los alimentos–, fue incentivo suficiente para arrancar sonrisas de complacencia.
Sin embargo, este nuevo esquema de política económica redefine también rentabilidades relativas, las que marcan la pauta para una redistribución diferencial de beneficios, costos e ingresos de los diferentes subsectores al interior del agro. Esta redistribución se presenta, al menos, en relación con tres ejes de disputa por la renta sectorial. En primer lugar, entre aquellos productores dedicados a la producción primaria (granos) y quienes agregan valor (producción porcina, aves, leche, etc.). El incremento del precio de los productos primarios (fruto de la baja de retenciones y aumento del dólar), beneficioso para los primeros, va en detrimento de la rentabilidad de los segundos, que utilizan a los granos como insumo. En segundo lugar, entre los segmentos productivos de las distintas actividades orientados a la exportación vs aquellos destinados al mercado interno. La mejora de los precios relativos de los primeros (atribuible igualmente a la conjunción de baja de retenciones y aumento del dólar) constituye un fuerte incentivo para volcarse a los mismos en detrimento de lo destinado al consumo interno (afectado, además, por la merma del poder adquisitivo de los consumidores locales). Finalmente, entre productores grandes y pequeños. La devaluación, por una parte, mejoró los ingresos de aquellos productos cuyo precio se fija en relación al dólar. Pero, al mismo tiempo, incrementó los costos de los insumos establecidos en dicha moneda. A ello, es necesario agregar que, debido al incremento de precios, se verificó una suba promedio de los alquileres de las tierras y una elevación de la tasa de interés. Este incremento en los costos suele conducir a la necesidad de ampliar la escala de producción, de manera de reducir los costos fijos, lo que lleva a una mayor competencia por la disponibilidad de la tierra. En esta competencia, los productores más grandes corren con ventaja frente a los más pequeños (escenarios con similares características ocurrieron luego de la reforma financiera implementada por la última dictadura cívico-militar, y en la segunda mitad de la década de los 90).
La estrategia de crecimiento a la que ha apostado el gobierno de Cambiemos parte de algunas decisiones y medidas basadas en supuestos de dudosa comprobación empírica, pero con palpables resultados inmediatos en cuanto a distribución de ingresos y poder, que abren algunos escenarios probables de mayor incertidumbre.
La inicial transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados se asienta en la creencia de que los mismos serán traducidos en inversión. La experiencia histórica argentina y los primeros resultados (no hubo lluvia de inversiones, no hubo un despegue en el segundo semestre y escasa entrada de dinero por el blanqueo) muestran que dicha medida por si misma no garantiza la inversión capitalista (¿por qué arriesgaría a invertir un empresario que ya ha obtenido lo que buscaba: incrementar sus ingresos?).
Igualmente cierto es que la apuesta por “vivir exportando lo nuestro” pone al sector agroexportador como un actor clave, que seguramente dinamizará algunos segmentos de la actividad agropecuaria y estimulará un aumento de inversiones en algunos rubros. No obstante, es altamente probable que el cambio en las rentabilidades relativas al interior del sector que generó el nuevo esquema macroeconómico, oriente dicha dinamización e inversiones hacia los segmentos más primarizados, con salida exportadora y de mayor tamaño, en detrimento de los que agregan más valor, los destinados al mercado interno y los de menor tamaño. Este escenario no augura un impacto significativo sobre el crecimiento del PBI ni incrementos en el empleo, a la vez que aumenta la vulnerabilidad de la economía local respecto de las fluctuaciones de precios y flujos de capital internacionales que escapan a su control.
Marcelo Panero (ICI)
