POR ALAN CIBILS.
El gobierno de Alberto Fernández enfrenta dos grandes desafíos vinculados a la economía. El primero, el mayor sin duda, está vinculado a los efectos que la pandemia del Covid-19 está produciendo en la economía mundial y en la argentina. Revertir el profundo deterioro de las variables económicas y sociales requerirá un gran esfuerzo fiscal, monetario y, sobre todo, determinación y visión política que recupere las políticas de la equidad y la justicia social que sucesivos gobiernos neoliberales tiraron por la borda.
El segundo desafío, que está muy cercano a una solución y que en buena medida condicionará al primero, es la resolución de la virtual cesación de pagos en la que Macri dejó al país, luego de un proceso de acumulación de deuda inédito en la historia argentina. El 4 de agosto, día de vencimiento de la última oferta de reestructuración del gobierno argentino, éste anunció que se había llegado a un acuerdo con los acreedores, si bien aún se están negociando los detalles finos. El acuerdo final determinará los recursos que el Estado argentino deberá destinar al pago del servicio de la deuda en años y décadas venideras –recursos que no estarán disponibles para el desarrollo del país. Una vez resuelta la reestructuración de la deuda privada, deberá negociarse un cronograma de pagos de la deuda, también récord, con el FMI, y, sobre todo, las condiciones que seguramente intentará imponer el Fondo. Veamos estas cuestiones con un poco más de detalle.
Luego de meses de negociaciones, el lunes 6 de julio de 2020 el gobierno argentino presentó ante la comisión de valores de los EE.UU. la oferta final de reestructuración de la deuda, con fecha de cierre el 4 de agosto. Sobre el filo del cierre de la oferta, y tras intensas negociaciones entre el gobierno argentino y representantes de los fondos más beligerantes, se llegó a un principio de acuerdo anunciado el mismo 4 de agosto. De esta forma, se evitó una nueva postergación de la reestructuración o un default, opciones que estuvieron sobre la mesa como posibilidades.
Comparada con la inicial, esta última oferta representa una mejora considerable desde el punto de vista de los acreedores. Se redujo la quita de capital, el valor presente neto (VPN) de los bonos pasó de U$38 en la oferta inicial a U$53,5 en la última oferta, y se acortó considerablemente la moratoria, ya que se comenzará a pagar intereses a partir de 2021. Si bien aún no se conocen los detalles de la oferta final, habría mejorado aún para los bonistas, llevando el VPN a cerca de U$55. Los bonos que se emitirían en reemplazo de los existentes tienen vencimientos en 2030, 2035 y 2046 y una reducción significativa de las tasas de interés –es precisamente ahí donde se encuentra la parte más importante de la quita–, resultando en un alivio significativo del cronograma de vencimientos en los primeros años comparado con la deuda heredada del macrismo.
El rechazo hasta último momento de los fondos más beligerantes a la oferta final del gobierno se debía a dos cuestiones, que se denominaron la brecha financiera y la brecha legal. Con respecto a la brecha financiera, si bien la oferta final del gobierno incrementó el VPN de U$38 a U$53,5, los acreedores más duros demandaban un VPN de U$56,5. El dato del acuerdo final, aún preliminar, de un VPN en torno a los U$55 habría cerrado esta brecha de manera satisfactoria para los acreedores.
La segunda brecha, la brecha legal, giraba en torno a las cláusulas de acción colectiva que se incluirán en los nuevos bonos. Estas cláusulas estipulan el tipo de mayoría de acreedores que se necesitaría para que una eventual reestructuración en el futuro pueda avanzar. El diferendo, que no es menor, pasa por si esas mayorías deben constituirse por tipo de bono (serie, en la jerga), o globalmente con todos los bonos emitidos. Los fondos intransigentes querían que las mayorías se constituyan globalmente, ya que esto les daría mayor poder de negociación. La postura de la Argentina, que coincide con las recomendaciones del FMI y de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, es que las mayorías se constituyan por serie, acotando así el poder de acreedores intransigentes y de fondos buitre.
La brecha legal fue sin dudas el principal escollo para llegar a un acuerdo, ya que la reestructuración argentina constituye un caso testigo a nivel internacional para la catarata de reestructuraciones que se esperan como resultado de la pandemia. Por lo tanto, ambas partes tenían mucho en juego en la resolución del diferendo legal. Aún no se divulgaron los detalles sobre cómo se cerró la brecha legal, pero las declaraciones preliminares hacen suponer que los acreedores pueden haberse salido con la suya.
Con la reestructuración de la deuda privada bajo legislación extranjera ya prácticamente cerrada, quedan preocupantes nubarrones de tormenta en el horizonte que podrían complicar la recuperación pospandemia. En primer lugar, según cálculos preliminares, el cronograma de vencimientos de la deuda reestructurada presenta rasgos muy preocupantes en el mediano plazo. En efecto, si bien el perfil de vencimientos mejora mucho comparado con el de la deuda que Macri, especialmente para los años 2021-2024, a partir de 2025 y por una década los vencimientos crecen significativamente, comprometiendo un alto porcentaje de recursos fiscales.
¿Esto significa que es probable una nueva reestructuración? La respuesta depende de dos cuestiones centrales. Primero, el ritmo de crecimiento de la actividad económica a partir de 2021 que debe recuperarse de manera tal de generar el excedente necesario. Esto depende de las políticas y economía locales, pero también de lo que pase en el mundo. Segundo, y tan o más importante que lo primero, que la economía argentina logre sobreponerse a la histórica restricción externa y genere un superávit sostenido de divisa (dólares, en criollo) suficiente para afrontar los vencimientos de la deuda y las necesidades de divisa de la economía.
Si las condiciones del párrafo anterior no se diesen, las alternativas serían dos: iniciar un nuevo proceso de endeudamiento para pagar vencimientos de deuda acumulada ointentar una nueva reestructuración. Con respecto a un nuevo proceso de endeudamiento, si los mercados de capitales volviesen a abrirse para la Argentina, volver a endeudarse en moneda extranjera con el solo objetivo de pagar vencimientos de deuda pasada sería una opción profundamente riesgosa. La historia argentina de las últimas décadas muestra que estos procesos siempre terminan en crisis. Con respecto a una nueva reestructuración, el fuerte tironeo en torno a las cláusulas de acción colectiva hace suponer que ambas partes estarían considerando que una nueva reestructuración es algo probable. Si bien este proceso es engorroso, no sería el fin del mundo.
El segundo nubarrón de tormenta está vinculado a la exorbitante deuda que Macri tomó con el FMI cuando los mercados de capitales internacionales le cerraron el grifo a la Argentina en 2018. El préstamo del FMI a la Argentina por un monto de U$56.000 millones, de los cuales se desembolsaron U$44.000 millones, tuvo un número de irregularidades significativas. En primer lugar, Macri solicitó este préstamo porque no podía afrontar los vencimientos de la descomunal deuda que había acumulado en sus primeros 3 años de gestión. El FMI debió haber exigido, como lo hace habitualmente, una reestructuración (reperfilamiento, en la jerga de la institución) de la deuda existente antes de firmar el acuerdo y no lo hizo, aun cuando los propios técnicos del FMI consideraban que la deuda argentina no era sostenible.
En segundo lugar, según reveló recientemente Mauricio Claver, un alto funcionario del presidente de Estados Unidos Donald Trump, este ejerció fuertísimas presiones para que el FMI otorgara el préstamo, en contra de las recomendaciones de los técnicos del FMI, solamente porque Macri era un aliado político clave en la región. Por último, ante la creciente evidencia de que el préstamo se estaba utilizando para financiar la fuga de capitales, lo cual está explícitamente prohibido en el estatuto del Fondo, el FMI no interrumpió los desembolsos.
Según el acuerdo original, el préstamo debería devolverse por completo entre 2021 y 2024. La crisis causada por la pandemia, sumada a los pagos que deberá realizar la Argentina vinculados a la deuda en proceso de reestructuración, hace que el cronograma original de pagos al FMI sea inviable, requiriendo una renegociación del mismo. La pregunta clave, entonces, es ¿qué condiciones intentará imponer el FMI para reestructurar la deuda? ¿Exigirá la privatización del sistema previsional o la flexibilización laboral como siempre hace? ¿Exigirá un ajuste fiscal, imponiéndole un cepo a las posibilidades de recuperación económica pospandemia?
El ministro de economía Martín Guzmán dijo recientemente que “no hay deudores irresponsables sin acreedores irresponsables”. O sea, Macri actuó con profunda irresponsabilidad al acumular tanta deuda, pero el FMI también prestó irresponsablemente, violando su propia normativa. Por lo tanto, es de suma importancia saber si el FMI intentará negociar como si “acá no pasó nada” o si será más flexible a causa de estas irregularidades.
Las múltiples negociaciones en torno a la deuda, y los condicionamientos que surjan de las mismas, dejan expuesta la profunda irresponsabilidad del gobierno de Mauricio Macri, que no hizo otra cosa que hipotecar el futuro del país dejando un campo minado financiero. ¿Logrará la Argentina sortearlo exitosamente, emprendiendo un sendero virtuoso de crecimiento y desarrollo? Más importante aún, ¿lograremos como país romper la dependencia debilitante de los mercados financieros, los buitres y el FMI? La respuesta seguramente irá apareciendo con el tránsito de los meses y años venideros, y de ella depende una exitosa y sustentable recuperación pospandemia.
04/08/20
