EL SENADO DISTINGUE UN LIBRO DE LA UNGS.

A fines de 2014, el Senado de la Nación Argentina declaró de interés cultural el libro Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre, escrito por Gabriela Mansilla y publicado por Ediciones UNGS. María Magdalena Odarda, senadora nacional por el Frente Progresista de Río Negro y autora del proyecto de ley, habló con Noticias UNGS sobre la importancia de la publicación y la responsabilidad que tiene el Estado de acompañar estas historias de vida.

–¿Cómo llegó a la historia de Luana, y al libro de Gabriela?

–Conocí la historia de Luana por los medios de comunicación. El libro me lo acercó uno de mis colaboradores, y su lectura resultó ser una gran clase de derechos humanos. Revela, en una historia muy concreta, que los derechos de los niños y las niñas, ya consagrados por la Constitución Nacional, están muchas veces muy lejos de convertirse en realidad. Para que Luana hoy pueda ejercer su derecho a la identidad autopercibida fue necesaria la lucha incansable de Gabriela, una madre con todas las letras.

–¿Qué razones motivaron el proyecto de ley?

–El pleno ejercicio de todos los derechos humanos en la Argentina es una deuda pendiente, en particular con las personas trans, las personas con discapacidad y los pueblos originarios. La difusión de una historia sobre los derechos de una niña en su particular identidad es fundamental para el mejoramiento de toda la sociedad y contribuye a la visibilización, aporta al cambio cultural que tenemos que generar cada día. Nuestra fuerza política ha defendido históricamente los derechos de las minorías y en particular de las minorías sexuales. Con mi equipo acabamos de cumplir un año de gestión parlamentaria y estamos abordando otras problemáticas de la población trans, como el alto nivel de desempleo y la falta de cobertura de salud.

–¿Qué impacto cree usted que tendrá esta declaración?

–Todas las iniciativas declarativas representan un reconocimiento simbólico. Todos los bloques del Senado decidieron acompañar nuestra iniciativa reconociendo que el libro editado por la UNGS consolida la transformación conceptual sobre el género que comenzó con la Ley de Matrimonio Igualitario y continuó con la Ley de Identidad de Género.

–Tomando en cuenta las experiencias negativas de la mamá de Luana con la primera asistencia psicológica: ¿cree que debería haber organismos públicos que brinden asesoramiento en estos casos?

–Las instituciones, como el Senado y la universidad, entre otras, son las que deben proponer y promover la aceptación de la diversidad. Que hoy Luana tenga un DNI que reconoce su identidad de género autopercibida es un gran avance, pero que sufra discriminación por parte de la comunidad escolar o médica es un retroceso. Es fundamental que instituciones y ciudadanía caminemos a la par en el respeto hacia el otro. Las políticas públicas minimizan los márgenes para la arbitrariedad. El Estado debe formar y capacitar a los profesionales médicos, del derecho, docentes, etc., sobre la base de los principios de pluralidad y respeto a la diversidad, y debe también velar para que se cumpla lo expresado en la legislación nacional e internacional. El derecho a la salud, a la protección y a la asistencia integral ya están reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por las leyes nacionales: el marco legal existe. Pero faltan las políticas públicas y los recursos que hagan efectivos esos derechos.

–¿Qué iniciativas podrían impulsarse a nivel educativo para acompañar casos similares al de Luana?

–Es primordial que se implemente la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país. Aún hoy varios gobiernos provinciales se niegan a brindar los conocimientos necesarios para desarrollar una vida sexual plena y responsable. Necesitamos que el Consejo Federal de Educación asuma esta realidad y que la comunidad educativa se organice y exija el cumplimiento de esta norma. Debemos incorporar a todos los niveles educativos contenidos sobre diversidad sexual, que promuevan el respeto y la aceptación, pero es imprescindible la capacitación de los docentes. Mejorar y fortalecer la democracia es una responsabilidad colectiva, de todos y todas.