REFORMA DEL ESTATUTO.

A fin de 2014, el Consejo Superior de la UNGS resolvió dar inicio al proceso de revisión y reforma del Estatuto General de la Universidad, estableció el procedimiento para promover y organizar la deliberación colectiva que conducirá a la propuesta de un nuevo texto para esa norma fundamental para la vida institucional, y, en ese marco, puso a funcionar una Comisión para la Revisión del Estatuto integrada por representantes de los distintos claustros y de las distintas unidades académicas. Con la coordinación del vicerrector, esa Comisión viene reuniéndose sistemáticamente desde hace un año y medio, y entra ahora en la etapa de sus discusiones en la que le toca abordar el conjunto de cuestiones asociadas con el gobierno de la Universidad.

En números anteriores de Noticias UNGS se ha ido dando cuenta del avance de las conversaciones sostenida en el seno de la Comisión para la Revisión del Estatuto (CRE) de la Universidad, que hasta hace pocas semanas habían girado sobre tres asuntos principales: los principios constitutivos de la vida institucional, su estructura y funcionamiento y sus integrantes. En todos esos campos (correspondientes a tres de las cuatro secciones que tiene el Estatuto) las discusiones de la CRE permitieron arribar a algunos consensos significativos y también determinar los puntos en los que persisten diferentes perspectivas u opiniones, que se expresarán en la propuesta de articulado que la Comisión, al cabo de sus deliberaciones, eleve al Consejo Superior.

Terminada la discusión sobre esos temas, toca ahora a la Comisión abordar la sección del Estatuto que se refiere al gobierno de la Universidad: a sus órganos colegiados y unipersonales, a sus funciones y composición, a la forma de elección de sus integrantes, a la duración de sus mandatos y al sistema de gestión institucional. Son temas, todos ellos, polémicos en la UNGS y en el conjunto del sistema universitario nacional, cuyas distintas instituciones los han resuelto de diversos modos, en el marco de una normativa que, por lo demás, tampoco ha estado ni está exenta de todo tipo de impugnaciones y miradas fuertemente críticas.

Alo largo del último año y medio, el rectorado de la Universidad, distintos actores de la misma y por cierto que esta misma publicación periódica han propiciado y difundido una cantidad de debates, reuniones, mesas redondas y foros de discusión sobre algunos de los temas que, dentro de esta zona de cuestiones, han tenido un tratamiento público más intenso o más interesante, tales como la cuestión de la elección directa o indirecta de los cargos unipersonales, la cuestión de la forma de representación de los intereses de los distintos claustros, o la cuestión –que vuelve reiteradamente en las conversaciones en el seno de la propia Comisión– sobre cómo entender la idea de una institución universitaria democrática.

De los temas que la Comisión tiene ahora por delante algunos surgen de las distintas perspectivas sobre el mejor modo de resolver el siempre difícil problema de cómo asegurar el gobierno virtuoso de una organización compleja como una universidad, mientras que otros nacen de diversas novedades que ha conocido la vida de la UNGS desde la fecha de la redacción del actual Estatuto hasta hoy: es el caso de la pregunta sobre cómo garantizar la representación política de los miembros de la escuela secundaria de la Universidad, o sobre cómo dar presencia estatutaria a los cambios operados en los modos de visibilización institucional de los intereses de la comunidad y sus organizaciones.

Se discutió bastante, en el seno de la CRE, sobre por dónde comenzar esta intrincada discusión, en la que los modos en los que se avance sobre ciertos puntos impactarán necesariamente sobre las formas en las que se presenten y discutan otros. Se acordó comenzar por tres asuntos: el de la funciones de los órganos de gobierno, el del modo de representación de los investigadores y docentes de la Universidad (que en el actual Estatuto conforman no uno sino dos claustros: uno de profesores y uno de asistentes) y el del status de la participación de los representantes de la comunidad, y su eventual relación con el Consejo Social de la Universidad: esas son las cuestiones que han estado en discusión en las últimas reuniones de la Comisión.