NOTA DE TAPA.

Desde el inicio del gobierno de la alianza “Cambiemos”, pocos bimestres fueron tan intensos, agitados y difíciles para la vida pública argentina como el que transcurrió desde la aparición del número inmediatamente anterior de esta revista. En las páginas que siguen, Andrés Tzeiman construye un preciso análisis de la presente coyuntura nacional a partir de las opiniones que pudo recoger de una cantidad de investigadores y docentes de distintos equipos de la UNGS. Licenciado en Ciencia Política por la UBA, universidad en la que se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Sociales y como becario CONICET del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Tzeiman ha publicado Agustín Cueva. El pensamiento irreverente (UNGS, 2016) y Radiografía del macrismo (Caterva, 2017).

El tiempo en la política no es lineal ni homogéneo. Hay semanas que transcurren en tranquilidad y otras signadas por la vorágine. Días en que nada parece suceder y otros en que la realidad se presenta arrasada por un huracán de noticias. Esas oscilaciones son la forma que suele asumir la política en su intersección con la historia. En los dos últimos meses, la política nacional asumió un dinamismo inesperado. Si desde hacía un buen tiempo distintos pronósticos señalaban la existencia de fuertes tensiones de carácter estructural que se encontraban latentes en la economía argentina, los comienzos del mes de mayo se encargaron de dejar al descubierto esas contradicciones, que pusieron en aprietos al gobierno nacional y lo obligaron a adoptar ciertas medidas que causaron un verdadero estupor en amplios sectores de la sociedad argentina.

Para considerar la importancia de los sucesos más trascendentes en la vida política argentina de los últimos dos meses, puede valer la pena empezar señalando cuáles son, a nuestro juicio, las características que nos permiten describir los trazos fundamentales del proyecto económico y social de la alianza gubernamental Cambiemos. Por un lado, en cuanto a sus políticas económicas, creemos que ellas pueden remitirnos con facilidad a otras experiencias históricas de la derecha argentina, principalmente al programa aplicado en el período 1976-1983: liberalización financiera, endeudamiento externo, apertura comercial, desregulación de las condiciones laborales, eliminación de retenciones al agro y al sector minero, erradicación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, ajuste fiscal, entre otras medidas. Pero al mismo tiempo, el espacio político que actualmente ejerce la dirección del Estado está signado por importantes novedades en lo político en comparación con otras experiencias históricas precedentes en nuestro país. Señalaremos tres aspectos inéditos en la historia nacional que juzgamos de suma relevancia al examinar el fenómeno Cambiemos.

En primer lugar, es ésta la primera vez en la historia argentina que la derecha “pura y dura” accede al gobierno a través de elecciones democráticas (sin golpear los cuarteles de las Fuerzas Armadas ni acudir a representaciones políticas populares), y por lo tanto, esta vez debe implementar su proyecto económico y social conviviendo (aunque más no sea conflictivamente) con las garantías elementales del Estado de Derecho. En segundo lugar: de forma inmediatamente previa al arribo de esta derecha a la dirección del Estado no existió una crisis de magnitud (como sí había ocurrido con la última dictadura cívico-militar –con el “Rodrigazo” que lo precedió– y con el menemismo –con la hiperinflación y los saqueos previos–). Por último: esto que acabamos de indicar marca un escenario político en el cual deben convivir, en el marco de un régimen democrático, un programa económico favorable a los sectores concentrados de la economía con un elevado nivel de organización popular tras un ciclo de doce años de ascenso de la clase trabajadora, que dejó como legado, en términos de relaciones de fuerzas, una malla de contención frente a la implementación del mencionado programa económico de minorías.

Entonces, el mapa de relaciones de fuerzas establecido por esas características novedosas configuró la política que Cambiemos dio en llamar “gradualismo”. Es decir, un esquema de aplicación del programa económico donde no cambian sus objetivos estratégicos, pero sí su temporalidad, en vistas a poder construir la “ecuación política y social” que permita llevar adelante la restauración neoliberal. Dicha opción fue en buena medida la que permitió a Cambiemos alzarse con el triunfo en las elecciones legislativas de octubre de 2017. Entrevistado por Noticias UNGS, el economista Ricardo Arosnkind, investigador docente del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad, lo explicaba de la siguiente manera: “Todo el accionar del gobierno macrista puede ser leído como una combinación de un rumbo neoliberal general, pero dosificado en función de lo que era tolerable políticamente y lo que no suscitaba rechazo mayoritario. El gobierno llamó a esto ´gradualismo´. Y no le fue mal, ya que tuvo un muy buen resultado electoral en octubre de 2017, a pesar de la redistribución negativa del ingreso que viene implementando desde el primer día de su gestión”.

Pero el dinamismo de los acontecimientos ha modificado sustantivamente el panorama. La corrida cambiaria desatada a principios de mayo provocó una estampida en el precio del dólar. Una estampida que, como señaló Mariana Luzzi, investigadora docente de Instituto de Ciencias, “fue producto de la combinación de elementos que el gobierno no controla ni anticipa (la suba de la tasa de interés en Estados Unidos) con otros que sí podría anticipar (el peso del desequilibrio creciente en el sector externo) y controlar (sus propias medidas de política económica)”. Se trató de un brusco cimbronazo en el frente cambiario que, como explica Aronskind, tuvo serias consecuencias para la economía nacional, al generar “una gran pérdida de divisas de las reservas y la puesta en marcha de una corrida de resultado aún incierto, una devaluación del 25% de la moneda nacional, la fijación de una tasa de interés elevadísima que daña la posibilidad de funcionamiento de las PyMEs y pone en peligro numerosas fuentes de trabajo, y un pedido urgente de ayuda al FMI, y, por consiguiente, el sometimiento a las condiciones que va a establecer este organismo, caracterizado por sus políticas de contracción económica”.

Estos efectos de la corrida cambiaria vienen a agravar un paisaje macroeconómico que ya mostraba diversas y considerables tensiones estructurales, pero cuyo principal dilema residía en el frente externo. Al respecto, conversando con esta revista, el investigador docente del Instituto de Industria Germán Pinazo, argumentaba: “En 2017 el déficit comercial de bienes y servicios fue superior a los 15 mil millones de dólares, muy superior a los poco más de 4 mil millones de 2015 y radicalmente distinto a los 6 mil millones de dólares que había promediado el superávit entre 2011 y 2014. Así las cosas, salen dólares de la economía argentina por el canal comercial, por el pago de intereses, por la remisión de utilidades y por ‘fugas’ de distinto tamaño. Y no ingresan; o, mejor dicho, ingresan, esquemáticamente, o bien por endeudamiento público externo o bien (lo que es parecido pero no igual) para especular a corto plazo con las famosas letras del banco central”.

En ese sentido, el “agujero externo” en la economía, hasta comienzos de este año, venía siendo cubierto por medio del endeudamiento a través de los mercados financieros. Pero con la particularidad de que el nivel de toma de deuda asumía dimensiones inéditas en la historia del país. En esa línea, nos decía Pinazo: “No existen antecedentes en la historia nacional en los que el endeudamiento externo haya crecido tanto en tan poco tiempo. Efectivamente, el gobierno nacional ha recurrido al endeudamiento externo como una forma de cubrir la falta de dólares. Una falta relativa de dólares que en parte es un problema recurrente de nuestra economía, pero que esta administración se encargó de agravar. ¿Cómo? Por ejemplo, eliminando, sin ninguna razón aparente, la obligatoriedad de liquidar divisas en el mercado local para los exportadores, o eliminando distinto tipo de restricciones a la importación”.

Entonces, en el marco de crecientes dificultades en el sector externo, y luego de una fuerte corrida cambiaria, la endeblez de la economía argentina acabó por sacar a la luz la clausura de los mercados financieros como fuente de suministro de divisas. En ese contexto, el 8 de mayo, mediante una breve alocución de apenas tres minutos por medio de una cadena nacional, el presidente Mauricio Macri anunciaba el inicio de las conversaciones con el FMI para solicitar un préstamo que, según sus palabras, daría tranquilidad a “los mercados” y permitiría estabilizar la economía tras la estampida en el mercado cambiario. A propósito de este anuncio, Martín Mangas, docente del Instituto del Conurbano y especialista en temas fiscales, afirmaba en declaraciones a esta revista: “La deuda externa vuelve, como ocurrió durante el último cuarto del siglo XX, a ser el condicionante de la política fiscal, en particular del gasto público. Esa asfixia, que durante los tres gobiernos kirchneristas casi había logrado desaparecer del escenario económico, en el gobierno de Cambiemos ha reaparecido con una fuerza inusitada”. Y sentenciaba: “El reciente acuerdo tramitado con el FMI suma más condicionamiento: es innegable que los servicios de la deuda condicionarán cada vez más los gastos sustantivos del Estado”.

De ese modo, de acuerdo con lo indicado más arriba, luego de la corrida cambiaria y del anuncio del acuerdo con el FMI, a la estrategia del gobierno se le presenta un serio escollo. El notable cambio de escenario económico y político comienza a poner un gran signo de pregunta en torno a las posibilidades de continuidad del esquema “gradualista”. Si hasta entonces el endeudamiento obtenido a través de los mercados financieros le garantizaba al oficialismo márgenes suficientemente amplios como para timonear la economía y manejar los tiempos políticos con ese plafón, el acuerdo con el FMI seguramente pase a acotar de forma considerable esa capacidad de acción autónoma, estableciendo límites mucho más estrechos de cara al futuro, principalmente en materia de ajuste fiscal. Como observa Aronskind, “la toma de un préstamo del FMI para sostener el esquema cambiario del gobierno implicará necesariamente un severo endurecimiento de las políticas públicas en relación a la mayoría de la población”.

Teniendo en cuenta el marco económico esbozado en los párrafos precedentes, pasemos a focalizar nuestra mirada en la dimensión específicamente política que se desenvuelve a la par de los vaivenes macroeconómicos reseñados. Sucede que las dificultades demostradas por el gobierno nacional para capitanear la tormenta cambiaria han sido percibidas por sus contendientes políticos. Vale recordar que el cimbronazo económico de mayo se desató en un contexto previo, tanto de nuevos incrementos tarifarios en los servicios públicos que vienen golpeando con fuerza a las familias trabajadoras y de sectores medios como de una inflación que, en lo que va del año, ya casi ha alcanzado la meta inflacionaria para todo 2018 anunciada por el gobierno a fin de 2017. Es decir que estamos frente a un escenario donde las consecuencias sociales de la potente redistribución regresiva del ingreso aplicada en lo que va del año (un año no electoral, como el 2016) ya impactan en los hogares de las clases populares y capas medias. Dicha situación en materia redistributiva, tras el coletazo de la crisis cambiaria, es entonces percibida por las diversas fuerzas opositoras, que, al detectar el momento de debilidad y relativo desconcierto de la alianza Cambiemos, atienden el descontento social y confluyen coyunturalmente en lo político en pos de asestarle un revés al partido gobernante.

Esta reacción opositora se expresó con claridad en la celeridad que asumió el avance del proyecto legislativo destinado a colocar un freno sobre la política tarifaria oficial. Luego de múltiples negociaciones que ya se encontraban en marcha, el 9 de mayo se aprobó en la Cámara de Diputados, con 133 votos a favor y 94 en contra, el proyecto consensuado entre los distintos sectores de la oposición, según el cual las tarifas se retrotraerían a los montos de noviembre de 2017 y pasarían a incrementarse de acuerdo con el coeficiente de variación salarial (en reemplazo de los aumentos acordados por el gobierno con las empresas energéticas). Una derrota parlamentaria y política para el gobierno, que terminaría de consumarse tres semanas después en el Senado, el día 30 de mayo, cuando fuera aprobado allí dicho proyecto, por 37 votos a favor y 30 en contra. Más allá de que al día siguiente, el 31 de mayo, Mauricio Macri anunciara que vetaría la ley (tal como había anticipado en ocasión de su aprobación en la Cámara Baja), el triunfo legislativo de la oposición en el Parlamento significó un duro golpe para el gobierno.

Es que, en efecto, la alianza Cambiemos, entendiendo la ley como una afrenta al ejercicio de la “gobernabilidad”, había destinado grandes esfuerzos a negociar con legisladores de la oposición para torcer sus voluntades. Y al no conseguirlo, debió exponer a la figura presidencial a vetar una iniciativa parlamentaria que contaba con un amplio apoyo de la sociedad. Consultado sobre la mencionada aprobación de la ley en cuestión en el Parlamento nacional, Martín Armelino, investigador docente del Instituto de Desarrollo Humano, nos decía: “La propuesta opositora en el Congreso de retrotraer a los valores de noviembre del año pasado los aumentos de las tarifas se convirtió en un estandarte eminentemente popular y logró abroquelar al cada vez más dividido archipiélago peronista. Peronistas K y no K le han arrebatado al gobierno el control de la agenda legislativa y, con ella, han fortalecido sus vínculos con la calle”. De esa forma, la oposición “racional” y la “irracional” (como gustan llamarlas los columnistas estrella de los multimedios comunicacionales), logró actuar de forma conjunta en el Congreso en un tema muy delicado para la sociedad.

Frente a ese contexto, el gobierno pareció enfrentarse a un obstáculo que no lo había afectado del mismo modo en anteriores momentos de zozobra. En esta oportunidad, el oficialismo, usualmente muy hábil en el manejo comunicacional, se mostró carente de iniciativa política para contragolpear. De poco pareció servir, en ese sentido, el anuncio de apertura de la “mesa chica” de Cambiemos a la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica con el afán de aparentar amplitud y pluralidad, luego de haberse recluido las decisiones en el núcleo más cercano al presidente Macri. Tampoco pareció convencer demasiado a la opinión pública el anunció de nombrar, sin demasiados efectos en la política concreta, a Nicolás Dujovne como coordinador de las balcanizadas carteras del área económica. En síntesis, entre sus propias limitaciones para recuperarse del mal trago y la avanzada de la oposición en el Congreso, el oficialismo parece encontrarse, aunque más no sea transitoriamente, en un verdadero laberinto político.

Pero el complejo escenario que debe enfrentar la alianza Cambiemos no se circunscribe a las dificultades macroeconómicas y las adversidades atravesadas en el propio sistema político y sus instituciones. Recordemos, tal como lo hemos señalado más arriba, que nos encontramos desde el inicio de 2018 ante una intensificación del proceso de redistribución regresiva del ingreso, producto de los incrementos tarifarios y de una inflación que en la mitad del año ya consiguió empatar el “techo salarial” que el gobierno había establecido para los acuerdos paritarios de este año. A su vez, el aumento de la inflación ha generado un fuerte impacto en el poder adquisitivo de jubilaciones y prestaciones sociales, ya dañadas ambas previamente por la reforma previsional dictaminada en el último diciembre. A modo de ejemplo, con respecto a la Asignación Universal por Hijo, la investigadora docente del Instituto del Ciencias Marina García le decía a Noticias UNGS: “este gobierno le dio continuidad y amplió su cobertura. Sin embargo, la universalidad de la AUH se vuelve un componente ‘abstracto’ del programa y subsiste sólo la percepción de un ingreso que sufre la desvalorización en el contexto inflacionario y la no actualización de los montos”.

En resumen, estamos ante una delicada situación social, que oficia de terreno fértil para la agudización del conflicto distributivo, expresado en las calles a través de la movilización social. En ese sentido, tal como ya nos hemos acostumbrado en los dos años y medio de gobierno de Cambiemos, hemos sido testigos en los últimos meses de una reemergencia de las movilizaciones de masas. La última concentración multitudinaria que se había producido en lo relativo a la puja por la distribución del ingreso había sido aquella del 21 de febrero en la que, con la presencia decisiva de Hugo Moyano, se habían congregado en la Avenida 9 de Julio diversos sectores del universo sindical y político. Pues bien, en el mes de mayo asistimos a un reverdecer de la protesta social con carácter de masas en torno a la disputa por la distribución del ingreso, con el aliciente de un creciente contenido anti-gubernamental.

Hagamos un breve repaso. En primer lugar, los gremios docentes, ya a esta altura un símbolo de la lucha sindical durante el gobierno de Cambiemos, realizaron una Marcha Federal educativa de carácter multitudinario a Plaza de Mayo frente a la ausencia de avances en las negociaciones salariales, tanto en el sector de la educación primaria y media como en la educación superior. En segundo lugar, frente al anuncio del acuerdo con el FMI, un conjunto de organizaciones sociales, políticas, sindicales, artístico-culturales y de derechos humanos se reunieron en el Obelisco en el feriado nacional del 25 de mayo bajo la consigna “No al FMI, la patria está en peligro”, logrando una convocatoria masiva. Y en tercer lugar, tras salir las columnas desde cinco regiones distintas del país, el 1 de junio los movimientos sociales y de trabajadoras/es de la economía popular confluyeron en una Marcha Federal, que tuvo como resultado una movilización a Plaza de Mayo de enormes dimensiones.

En el marco económico, político y social que hemos reseñado a lo largo de este artículo, nos queda por señalar qué tendencias observamos en perspectiva en la política nacional. Como hemos sostenido más arriba, el retorno al FMI tendrá fuertes consecuencias sobre la acción gubernamental. Si hasta ahora, al implementar su programa, el “gradualismo” fue la fórmula a través de la cual Cambiemos intentó lidiar con las relaciones de fuerzas existentes en el escenario político nacional, resultantes del proceso anterior a su llegada a la dirección del Estado, todo indica que la intervención de los organismos multilaterales en la vida doméstica del país no será gratuita de cara al futuro. Más allá de las declaraciones de funcionarios oficialistas de primera línea acerca de una “nueva cara” que tendría el FMI, diferente a la “vieja cara” de los años noventa, las metas anunciadas por el gobierno en junio hablan de un estancamiento de la economía para lo que resta del año y de un proceso de aceleración ascendente del ajuste fiscal.

Difícil será, de esa forma, que el gobierno pueda sostener el “gradualismo”. Más bien, sospechamos que a la Argentina le espera un proceso de agudización del conflicto social, donde el oficialismo contará con un margen cada vez más angosto para superar esas contradicciones mediante el ejercicio de la política. Es decir, los límites estructurales del modelo económico de minorías aplicado por Cambiemos han comenzado a aflorar con ímpetu, y probablemente la fuerza de gobierno responda ante ello con un crescendo de sus rasgos más excluyentes y autoritarios, aún mayores que los mostrados hasta aquí. Así, para culminar esta nota recurrimos a las siguientes palabras, elocuentes desde nuestro punto de vista, de la conversación sostenida por esta revista con Aronskind: “No fue magia esta aceleración de los tiempos, no fue impensable, no fue producto de alguna herencia del pasado, ni de lo que pasa en el mundo. Es el resultado esperable de una política económica pensada desde las elites, ejecutada por las elites y cuyos únicos beneficiarios son las elites”. Se trata de un modelo pensado desde y para las élites, entonces, que presenta crecientes dificultades para transitar por el mismo sendero que la democracia.

Andrés Tzeiman

Fotos: Victor R. Caivano, Adrián Escandar, AFP.