EDITORIAL.

Durante todo el año pasado tuvimos ocasión, en las páginas de esta revista, de recordar ese episodio decisivo en la historia de la democratización de la Universidad argentina y latinoamericana que fue la Reforma Universitaria de 1918, y de volver a oír los gritos que en las aulas y en las calles pronunciaron en aquellas jornadas memorables tanto los miembros del movimiento estudiantil como los de la clase obrera cordobesa. Es importante sin duda ese componente obrerista de la Reforma, por mucho que las representaciones retrospectivas sobre aquellos episodios no siempre lo hayan ubicado en un lugar de privilegio. Y lo es entre otras cosas porque también nos permite a nosotros, hoy, conectar el acontecimiento reformista con otros capítulos posteriores de la historia de la democratización social, educativa y política de nuestro país. Entre ellos, vale la pena detenernos brevemente, en este mes de noviembre en que este número de Noticias UNGS llega a las manos de sus lectores, en el decreto del 22 de ese mes de 1949, hace ahora siete décadas, a través del cual el entonces presidente Perón establecía, como corolario de un conjunto de “considerandos” que hoy resulta especialmente instructivo revisar, la gratuidad de los estudios superiores en el país.

No se hablaba todavía, entre nosotros ni en ninguna parte, de nada parecido a un “derecho a la Universidad”, una expresión que muy sorprendentemente se dejaría oír una década después, en 1959, en un discurso anticipatorio y notable de un argentino universal, Ernesto Guevara, pero que no empezaría a formar parte de nuestras representaciones más extendidas y corrientes sobre la “cuestión universitaria” sino a lo largo de las dos primeras décadas del siglo siguiente, el nuestro, jalonadas, para nosotros y para lo que aquí interesa, por la importancia de los textos de las Declaraciones Finales de las Conferencias Regionales de Educación Superior del IESALC-UNESCO de 2008 y de 2018 y, en el medio de ellas, en 2015, por el texto de la reformada Ley de Educación Superior de la Argentina, que hoy otorga a la educación superior, en efecto, el valor de un derecho universal. Y bien: no habría tal cosa, no habría posibilidad de pensar tal cosa, si en la Argentina no se hubiera establecido, hace hoy setenta años, el principio fundamental, absolutamente democrático, avanzadísimo e irrenunciable, que nos distingue favorablemente en el concierto de las naciones de todo el mundo y que es necesario seguir reivindicando con la mayor energía, de que los estudios superiores de los ciudadanos deben ser financiados por el erario público.

La gratuidad de los estudios universitarios, establecida, en efecto, en 1949, y ratificada hoy en la legislación positiva argentina, es condición de posibilidad de la idea de que la Universidad es un derecho, y es también uno de los significados de esa idea. Pero es también uno de los significados de la idea de que la Universidad es, como también estableció en su momento el IESALC-UNESCO, y como es importante seguir sosteniendo con la mayor fuerza, un bien público y social, y no un bien transable en el mercado. Una parte de la cosa pública, de la res publica, y no una mercancía. Se abre hoy, después de las elecciones del 27 de octubre pasado, un nuevo capítulo en la historia política argentina, y ese es, por supuesto, uno de los temas de este número de Noticias UNGS. Es fundamental que ese nuevo capítulo de nuestra historia vuelva a estar sostenido sobre la idea de que nuestra vida en común no puede ni debe ser pensada como la vida de un conjunto de consumidores en un mercado de bienes y servicios, sino como la vida colectiva de un pueblo que se piensa y que debe ser pensado como un sujeto colectivo de un vasto conjunto de derechos, y es fundamental que el derecho a la educación, en todos sus niveles, vuelva a ser uno de ellos.