POR MARÍA PIA LÓPEZ.
La reciente sanción de la Ley de Cupo Inclusión Travesti-Trans, fruto de una larga lucha y parte de un movimiento de impugnación de los privilegios y las injusticias y de reivindicación de la igualdad y los derechos, motiva estas reflexiones de María Pia López, quien subraya los niveles de organización que fueron necesarios para alcanzar este resultado, el conjunto de discusiones que se expresan en esta decisión legislativa y los retos que tienen por delante las instituciones que deben aplicarla.
En una tarde de invierno de un año difícil, la Cámara de Senadorxs de la Nación sancionó por amplia mayoría la Ley de Cupo e Inclusión Travesti-Trans, que días antes había obtenido media sanción en Diputadxs. En continuidad con el Decreto 721/2020, la ley prevé que “el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero”.
En la apertura del tratamiento de esta norma, Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y diversidades de la Cámara de Diputadxs, dijo que “esta Ley ataca al patriarcado, ataca el biologicismo. Estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y desmontando el binarismo”. Me importa retener ese punto: no se trata solo de una incorporación a un régimen laboral, sino de la discusión de las vigas maestras que sostienen el orden binario de los géneros y las desigualdades que ese orden prescribe, no solo entre mujeres y varones, sino entre personas que tienen la identidad de género asignada al nacer y personas que se perciben con otra identidad. Así como el universal masculino se presenta como no-marcado (y en ese sentido, se arroga la presunta universalidad), la mayoría de las personas que aceptamos la identidad asignada no lo declaramos, mientras sí esperamos el enunciado de la identidad elegida por parte de las personas trans.
Si la ley recién sancionada colabora con la continuidad y la profundización de una conversación pública alrededor de las rutinas normativas, también abre un camino de reparación para personas en situación de vulnerabilidad, que han sido perseguidas y castigadas por las fuerzas de seguridad, cuyos derechos humanos han sido violentados en esa persecución, y que en su misma existencia muestran posibilidades de libertad para todxs. En “Un itinerario político del travestismo”, Lohana Berkins escribía que “para las travestis, el estado de sitio es a diario. La rutinaria persecución policial, las acostumbradas restricciones a circular libremente por las calles portando una identidad subversiva, los permanentes obstáculos para acceder a derechos consagrados para todos/as los/as ciudadanos/as del país, entre otros, hacen de la vida travesti una vida en estado de sitio.” Vivir en estado de sitio: el texto de Berkins es de 2003 y compara la situación de las existencias travestis con las del resto de lxs ciudadanxs que salimos a gritar, en diciembre de 2001, no al estado de sitio. Vivir en estado de sitio es carecer de derechos, estar a la intemperie, sin resguardo ante la arbitrariedad. Un edicto policial es el magno dictamen que reguló, durante muchos años, las vidas trans. La clandestinidad actual del trabajo sexual sigue creando zonas de excepción para la demanda de derechos.
La organización política de travestis y trans fue formidable, se amasó en fundaciones, alianzas y rencillas desde 1991, y fue capaz de obtener triunfos legislativos como la Ley de Identidad de género. El grado de antagonismo con el cual han tenido que lidiar –la amenaza de muerte, la vulnerabilidad social, la precarización– fue la arena en la cual crecieron cuadros políticos e intelectuales fundamentales, que no solo se constituyeron como lugar de enunciación de las demandas sectoriales sino de reflexión sobre las condiciones generales de existencia. Nombramos a Lohana, pero la presencia de Marlene Wayar, Alba Rueda, Diana Sacayan, Lara Bertolini, Morena García, entre muchas otras, en la conversación pública, produce un cisma en los modos habituales de conocer, nombrar y actuar.
La ley de cupo debe pensarse como una apuesta doble: se trata de incluir por la situación de vulnerabilidad en la que se desplegaron las existencias trans-travestis pero también porque esa inclusión agrega algo a las instituciones que alojarán esas trayectorias vitales y esas perspectivas. Berkins lo decía refiriéndose a las universidades: “Cuando una travesti entra a la Universidad, le cambia la vida; pero muchas travestis dentro de la universidad, le cambian la vida a toda la sociedad.”
Modificar una institución, o una serie de instituciones –el Estado, las universidades–, para colaborar en la transformación de la sociedad. Para incluir lo que no está en ella, una institución debe transformarse: tanto en sus normas, en sus rutinas de acción, como en sus lógicas de funcionamiento cotidiano. Si pudiera eximirse de la modificación, es porque ya estaría incluyendo sin nombrar de ese modo. Pero sabemos que no ocurre y que cuando aparece la mención del cupo quedamos obligadxs a advertir que los procedimientos existentes no alcanzan para incluir.
En la votación en la Cámara de Diputadxs, los números fueron contundentes: solo 11 legisladorxs se opusieron y 7 se abstuvieron. En el Senado, 1 y 6. Pequeñas cifras, frente a los 207 y a los 55 votos afirmativos respectivamente. De todos modos, incómoda, porque esas personas se pronunciaron en contra de una ley que tiene una dimensión reparatoria y de clara justicia social. Sin embargo, lo complicado suele venir luego de la sanción de las leyes, que son herramientas, dispositivos, instrumentos de pelea para la efectiva inclusión. Quizás no sean complicaciones, pero seguramente sí será laboriosa en cada institución la materialización de esos proyectos. En la ley se sostiene, por ejemplo, que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”. Imprescindible reconocimiento de la diversidad de esos trayectos biográficos y sus vínculos con el sistema educativo, que obligará a cambiar los criterios de los perfiles y de las búsquedas laborales para cubrir los puestos. En el mismo sentido, si se trata de incluir a quienes no están incluides, no se pueden sostener los criterios que tienen algunas instituciones, como esta Universidad, de proceder primero a búsquedas cerradas para la cobertura de puestos no docentes, ya que eso afirmaría ya a quienes están incluides y no sería una política de inclusión.
Una institución puede encarar con resquemor la revisión de sus rutinas o alojar una nueva experiencia de acuerdos democráticos, que partan de la certeza de que no están en ella todxs lxs que deberían estar y que para ir en el sentido de la inclusión hay que generar mecanismos específicos. Eso por un lado. Por otro, las instituciones serán modificadas en su propia cotidianeidad: porque deberán incorporar nuevas prácticas de hospitalidad y amistad con lo diverso. La inclusión no solo modifica a quienes son incluides, sino también a quienes incluyen, porque redefinen el sentido de la comunidad que forjan, vuelven a tejer los lazos que lxs unen.
En el mes de marzo, el Consejo Superior de la UNGS aprobó los Lineamientos para la inclusión Travesti, transexual y transgénero. El documento recoge muchas iniciativas de la propia institución que van en el sentido de la inclusión –desde la presencia de estudiantes y docentes trans en la Diplomatura de Géneros, política y participación hasta la fundamental norma de reconocimiento de la identidad autopercibida para todos los trámites dentro de la Universidad– y abre una serie de líneas para profundizar esa inclusión, que deberá ser, fundamentalmente, laboral y formativa. Vale la pena detenerse en sus argumentos, en el modo en que recorren la problemática y en el horizonte de políticas de inclusión que sitúan, todos ellos en absoluta concordancia con lo que está planteando el poder legislativo nacional y con las demandas de los movimientos sociales. Y cuyo cumplimiento requerirá del compromiso de diversos actores de la institución en sacudir las rutinas, para ampliar derechos y realizar una efectiva apuesta a la inclusión.
Fotos: 1. Diario 26; 2. El Destape.
07/07/21
