REBOTES.
La elección directa es un mecanismo aplicado hoy por la quinta parte de las universidades nacionales del país, y consiste en reemplazar la constitución de la asamblea universitaria como ámbito y procedimiento de elección de las máximas autoridades. El principal argumento a favor de la elección directa es que es un medio más transparente y, por ende, más democrático. Sirve para quebrar la trama de acuerdos construida luego de la elección de representantes, vista como instancia proclive a negociaciones facciosas o alejadas de las propuestas presentadas durante las campañas electorales. El sistema supone que la decisión de todos los electores, tomada sin intermediarios, se aleja de acuerdos sospechados de ilegítimos, y supone la generación de nuevas prácticas políticas, orientadas por reglas de publicitación de propuestas que los candidatos prometen implementar.
En las grandes universidades, caracterizadas por la fragmentación institucional, este sistema facilita un tipo de articulación política e institucional más amplio. Con la elección indirecta los candidatos son votados por los miembros de su propio claustro y dentro de su propia Facultad; con el nuevo sistema, los rectores deben ser votados por todas las Facultades y claustros, es decir, deben legitimar su posición en toda la institución. Esta nueva regla de juego favorece la transversalidad, porque necesariamente los consejeros que acompañan a rectores y decanos y las propuestas que estas listas elaboran deben reflejar las demandas de los distintos claustros y unidades académicas en su conjunto.
No obstante estas ventajas, la literatura y experiencia muestran riesgos en este modo de elección. El cogobierno universitario se construye a partir del concepto de “claustro” entendido como el conjunto de miembros de la unidad académica que realizan una misma actividad y comparten una comunidad de intereses y de actividades, un ámbito de trabajo y de intercambio intelectual y personal. Como señala Pérez Rasetti, la elección directa exige la exposición pública de cada uno de los candidatos para que los votantes conozcan sus cualidades y propuestas, lo que requiere el apoyo de una estructura electoral que atraviese todos los claustros y abarque al conjunto de las facultades, función que, trasladado el sistema a nivel de la sociedad, cumplen los partidos políticos.
El sistema tendería a la unificación de sectores pertenecientes a distintos estamentos, convocados por propuestas que estén por encima de las perspectivas distintivas de cada uno de los claustros, erosionando la especificidad de los aportes específicos que el cogobierno espera de docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Como ha observado Carlos Mazzola, de no existir la intervención de organizaciones externas (por ejemplo, en caso de tratarse de instituciones pequeñas o medianas en las que dichas estructuras podrían no necesitarse) tendrían mejores oportunidades quienes ya ocupen la función de gobierno, al tener aseguradas las oportunidades de exposición pública de manera no comparable con ninguno de los otros candidatos.
Quienes defienden el espacio colegiado de la asamblea como ámbito de elección de autoridades mencionan las calificaciones o condiciones que se espera de un rector. Más allá de las tareas ejecutivas que le competen, el rector de una universidad nacional es el presidente de una conducción colegiada en la que están representadas las perspectivas y los intereses de los distintos claustros y, dentro de ellos, las distintas propuestas de política universitaria. Para estas posturas es mejor que quien presida el cuerpo colegiado sea el resultado de la síntesis de una negociación entre los representantes de los distintos claustros, ya que el éxito de su gestión dependerá, en gran medida, de su capacidad para lograr consensos en los cuerpos colegiados de gobierno.
El sistema de elección directa llega en la actualidad como instrumento para resolver ciertos vicios producto de la historia universitaria, sobre todo en las grandes universidades tradicionales, donde el crecimiento de las instituciones ha ido generando fragmentación interna producto de la suma anárquica de unidades. Cabe preguntarse si esta es la situación de la UNGS. De cara a una reforma política, las propuestas de reforma del estatuto deberían justificarse por su potencial para resolver problemas. En este sentido, ¿qué problema institucional vendría a resolver en la UNGS el sistema de elección directa?
Lo que en las grandes universidades puede ser una solución a la falta de legitimidad de las instancias intermedias, en instituciones como la UNGS, caracterizadas por un alto grado de deliberación y toma de decisiones colegiadas, podría generar el efecto contrario: debilitar lo que aquí es una fortaleza y no una debilidad. Hemos visto que aun cuando los mecanismos directos son vistos como instrumentos de mayor transparencia allí donde no la hay, podrían aparejar efectos no deseados, como el desdibujamiento del concepto de claustro a partir del surgimiento de estructuras transversales o la tendencia a la perdurabilidad en los cargos de aquellos ya establecidos y las consecuentes reducción de posibilidades de alternancia y formación de diferentes coaliciones.
Una mayor democratización podrá buscarse dando más participación a determinados claustros subrepresentados, o dando voz a grupos que hoy no la tienen y son parte de la vida universitaria. Creo que el sistema de elección directa de autoridades no resolvería en la UNGS ningún problema que hoy padezcamos de democratización o legitimidad. Es más: ese sistema no lleva implícita necesariamente una mayor democratización. Se democratiza cuando los espacios sobre los cuales recae la fuerza de la decisión son cada vez mas colectivos y representativos de la diversidad de intereses que se encuentran comprometidos, los que requieren espacios de articulación amplios para ser integrados en un proyecto institucional compartido por la mayor cantidad posible de miembros de la comunidad universitaria.
Mónica Marquina.
Investigadora docente
del Área de Educación del IDH
