INDUSTRIA.
Investigadora del Instituto de Industria de la UNGS, Diana Suárez es co-autora del capítulo argentino del informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial sobre las implicancias de la pandemia de Covid-19 sobre la actividad productiva.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha realizado un informe acerca de las implicancias de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad manufacturera y de las políticas que se están implementando para mitigar sus efectos sobre este sector en el corto y mediano plazo en distintos países. Para la elaboración y el análisis del caso argentino, la ONUDI convocó a las especialistas argentinas Diana Suárez, investigadora docente del Instituto de Industria de la UNGS y Lilia Stubrin (CONICET-CENIT/UNSAM), especialistas en estudios y políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembros de la Red Latinoamericana para el Estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias (LALICS). La nota que se presenta a continuación es un resumen de la presentación realizada por las dos investigadoras, actualizado por ellas mismas para esta edición especial de Noticias UNGS.
Cronología
La evolución de la pandemia, las medidas sanitarias tomadas por el gobierno nacional y sus efectos sobre la actividad productiva pueden diferenciarse en cuatro etapas:
Etapa de vigilancia epidemiológica. La implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección COVID-19 en la población y de adecuación del sistema de salud se produjeron a partir del 3 de marzo, cuando se detectó el primer caso en la Argentina. Estas medidas incluyeron el cese de las actividades culturales, deportivas y turísticas.
Etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio. El 16 de marzo comienza la implementación de medidas más estrictas de aislamiento social. El 20 de marzo el gobierno nacional decide el aislamiento social, preventivo y obligatorio de la población. Esta Fase 1 de aislamiento implicó la prohibición de desplazamiento de las personas en del territorio, excepto para aquellos que trabajen en actividades exceptuadas como producción de alimentos o productos de higiene. En esta fase el impacto de las medidas en la actividad económica fue rotundo alcanzando a la mayor parte de los sectores productivos. Como consecuencia, establecimientos tuvieron que realizar suspensiones sin goce de sueldo o reducir el salario de los trabajadores. Esta fase de aislamiento culminó el 12 de abril con 2208 casos confirmados y 95 fallecimientos. Se estima que esta primera etapa de aislamiento alcanzó al 90% de la población, y fue exitosa en frenar los niveles de contagio incrementando la tasa de duplicación de casos de personas con COVID-19 de 3 a más de 10 días.
Etapa de aislamiento administrado. Esta etapa, que comenzó el 13 de abril, permitió mayor grado de flexibilidad en cuanto a movimiento de personas y realización de actividades productivas. Se estima que mantuvo en aislamiento al 75% de la población. Es durante esta etapa donde se produjo un agudizamiento de la crisis económica. A pesar del pedido reiterado desde el gobierno y las medidas paliativas, las empresas avanzaron en procesos de despido, suspensión y reducción de los salarios. Se suman además la pérdida de proporcionales por productividad o presentismo. Es decir, esta fase incluyó la agudización de la caída en la demanda, ya no solo de los estratos de menores ingresos sino también de la clase media asalariada. Se suman además procesos inflacionarios (vinculados en parte a conductas típicamente especulativas) entre los bienes de primera necesidad. El fin de esta etapa se produce el 26 de abril con 3892 casos y 197 fallecimientos. La tasa de duplicación había aumentado a más de 17 días, verificándose una continuidad en el éxito de las medidas sanitarias sobre el avance de la pandemia en el país.
Segmentación geográfica del aislamiento. Esta etapa, que se inició 26 de abril, permite una mayor circulación de personas y la reactivación de actividades económicas en aquellas regiones con menor incidencia de casos. Las regiones con un nivel poblacional mayor a 500.000 personas quedan exceptuadas de las medidas de flexibilización del aislamiento. Se estima que el aislamiento alcanzará al 50% de la población.
El gobierno nacional ha anunciado que a las fases descriptas se sumarían otras dos fases adicionales: de reapertura progresiva y de nueva normalidad.
Medidas e iniciativas para contrarrestar el impacto negativo sobre la economía
En esta sección presentamos una breve síntesis de las medidas anunciadas por el gobierno nacional desde el inicio de la crisis.
En relación al sostenimiento de los ingresos de la demanda, las medidas incluyeron:
- Instrumentos legales: control de precios y creación de licencias extraordinarias, y prohibición de despidos, aunque atenuado por la figura de “Suspensión por fuerza mayor”;
- Subsidios directos a las familias de menores recursos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el incremento excepcional en las asignaciones por hijo, seguro de desempleo y jubilaciones y la distribución de alimentos, bonos especiales para personal de salud;
- Subsidios indirectos: diferimiento y refinanciamiento de gastos con tarjeta de crédito y congelamiento de tarifas, alquileres y procesos de desalojo.
En simultáneo, se avanzó en medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas:
- Subsidios directos: eximición de impuestos laborales y pago directo de proporcionales sobre salario para los empleados para los sectores más afectados (servicios), y líneas de crédito barato para empresas pequeñas y medianas;
- Subsidios indirectos: incremento de la obra pública, despliegue de actividades vinculadas con la crisis sanitaria con impacto en la industria nacional (producción de insumos y equipamiento y reconversión productiva) y producción de contenido digital para la continuidad pedagógica;
- Promoción de la innovación. Se lanzaron convocatorias para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico, mejoras en la productividad y reconversión productiva a partir de aportes no reembolsables y créditos a tasa subsidiada.
El cuentapropismo merece un párrafo aparte. Se trata de actividades de pequeña escala, vinculadas a profesiones liberales, donde los márgenes de ganancia para afrontar licencias con goce de sueldo son menores, al igual que la posibilidad de sostener ingresos en un marco de suspensión general de la actividad productiva. No son un sector de la economía informal o de bajos ingresos, pero tampoco califican como pequeñas o medianas empresas. A la fecha, solo se ha avanzado en el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas, que aún no se implementa.
Algunas reflexiones ante un escenario incierto
A tan solo un mes de la redacción del informe inicial, nos encontramos reflexionando de cara a un escenario con algunas certezas, pero también plagado de incertidumbres.
En primer lugar, la respuesta temprana en nuestro país nos muestra un escenario con números de contagio significativamente bajos. Tres aspectos se destacan en este temprano accionar. En primer lugar, el hecho que el Presidente Alberto Fernández fijó como prioridad la salud de la población tomando medidas rápidas y contundentes para reducir el ritmo de contagio y fortalecer el sistema de salud. En segundo lugar, se conformó una comisión de expertos compuesta por infectólogos y epidemiólogos de renombre que asesoran de manera permanente al poder ejecutivo. Tercero, la generación de consensos y apoyos de todo el arco político, trabajando de manera conjunta con las autoridades provinciales y municipales del país.
En segundo lugar, la respuesta temprana, el achatamiento de la curva y todas las medidas anunciadas, que rondan el 5,6% del PIB (3,5% es gasto fiscal), no serán suficientes para frenar la crisis económica, de escala global. De acuerdo con la CEPAL, el producto de la región llegará a contraerse alrededor del 5%, lo que coincide con las estimaciones para la Argentina, y la tasa de desempleo alcanzaría los 10 puntos. En este escenario, los impactos negativos en la actividad productiva se multiplican de manera exponencial, llevando a la ruptura de la cadena de pagos, incremento de los pasivos, pérdida de capacidad crediticia y virtual quiebre de las cadenas globales de valor. Probablemente podría ser beneficioso conformar un equipo de expertos en el área económica y social, tal como se hizo en el aspecto sanitario, para acercar al poder ejecutivo visiones y posibles rutas de acción para afrontar el impacto económico de la pandemia.
En tercer lugar, pareciera que la crisis sanitaria y los efectos económicos tendrán lugar en simultáneo, mostrando falso el dilema entre una u otra. No obstante, se ha vuelto evidente que los 3,5% de gasto fiscal respecto de PIB son insuficientes para contrarrestar los efectos económicos del aislamiento, que además ya se proyecta más allá del invierno (vale señalar que el 3.5% del PIB del gasto argentino anunciado, contrasta con el 4.4% alemán o 6.9% norteamericano). En este sentido, el alcance de las medidas económicas no es ni tan efectivo ni tan extensivo como el alcance de las medidas sanitarias y desde la nota original hace 30 días a la fecha, prácticamente no se han anunciado nuevas medidas de sostenimiento de la demanda, por el contrario, se acordaron a nivel gremial reducciones generalizadas en el salario para algunos sectores productivos.
Desde luego, la pregunta es cómo podrá financiarse un mayor gasto. Con la recaudación tributaria en descenso, el mundo en crisis y la evidente necesidad de refinanciar la deuda externa, la pregunta es cómo afrontar un mayor gasto público, ante un escenario por demás incierto. Pasada la pandemia y las crisis vinculadas a ella, será necesario que la sociedad se redefina en términos del rol del estado y la salud pública, la importancia de la producción nacional y del desarrollo de la actividad científica y tecnológica y las posibilidades de repensar la institucionalidad y características del sistema educativo y el mercado de trabajo.
Diana Suárez y Lilia Stubrin
05/05/20
