FORO.
En el marco del Eje “Sistema Universitario” del Foro Universitario del Futuro, co-organizado por el Programa “Argentina Futura” de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional, la Secretaría de Investigación de la UNGS organizó una mesa redonda sobre “La Universidad como bien público: democracia, conocimiento y futuro”. Sus conclusiones formarán parte de los materiales con los que se elaborará el documento final de propuestas del Foro, destinado a servir a la elaboración de las políticas públicas en muy diversos campos.
A partir de la iniciativa nacional del Foro Universitario del Futuro de desplegar un conjunto de actividades destinadas profundizar la articulación entre el conocimiento académico y la planificación de políticas públicas, se desarrolló en la UNGS, desde luego que de manera virtual, una mesa redonda convocada bajo el título “La Universidad como bien público: democracia, conocimiento y futuro”. Participaron de la misma Rodrigo Arocena, ex rector de la Universidad de la República de Uruguay, Diana Suárez, egresada e investigadora-docente de la UNGS y actual Vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, Enrique Martínez, ex presidente del INTI y actual Coordinador del Instituto para la Producción Popular, y Gabriela Diker, rectora (en uso de licencia) de la Universidad y actual Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. La mesa fue coordinada por Eduardo Rinesi y contó con los aportes, como comentaristas, del investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano Oscar Graizer y la secretaria académica de la UNGS Paola Miceli.
Arocena indicó que la democratización del conocimiento aparece como una guía que nos permite enfrentar los grandes problemas de nuestro tiempo: la in-sustentabilidad de nuestra vida colectiva debida al predominio de una mirada sobre los procesos productivos economicista y desaprensiva respecto al medio ambiente, y la desigualdad social, a la que las divisiones socialmente establecidas de los aprendizajes sobreañaden otra desigualdad: la derivada de la adquisición desigual del conocimiento. La Universidad debe propender a la democratización del conocimiento para favorecer la sustentabilidad y la igualdad. Es en el marco de esta doble preocupación por la sustentabilidad ambiental y por la democratización social que debe promoverse el diálogo de la Universidad con los actores estatales, con los actores de la producción (hasta aquí, el tema del clásico “triángulo de Sábato”) y con los sectores populares. Para Arocena, estos últimos son actores principales, quienes deben de estar en pleno desarrollo de sus capacidades creativas para que se produzca una verdadera democratización del conocimiento.
Suárez se preguntó cómo pensar e futuro en un mundo incierto e imprevisible. La vicepresidenta de la CIC enfatizó que las universidades estuvieron a la altura de los desafíos que la planteó la pandemia que hoy azota el mundo en cuanto a la producción de respuestas a las preguntas de los gobiernos y de los pueblos. Pero subrayó que este contexto exige a las universidades estar dispuestas a reformarse, aprender de sus errores y transformarse. Las universidades –coincidieron todas las exposiciones– deben poder repensar críticamente sus propias prácticas, revisar (en una perspectiva que propenda a la cooperación y evite la cristalización de divisiones y de jerarquías) sus relaciones con el resto del sistema nacional de innovación y redoblar sus esfuerzos en pos de la equidad, de “nivelar la cancha” de la vida social en términos de las muchas desigualdades que la habitan. Una universidad democratizadora no es solo una que reciba a jóvenes de los más diversos sectores sociales en sus aulas, que fomente sus aprendizajes, sus avances y su promoción, sino también una que produzca profesionales en condiciones de forjar una sociedad más igualitaria.
En la misma dirección, Enrique Martínez indicó que la Universidad debe cuestionar su propio formato profesionalista y el espíritu meritocrático que la anima. Que debe preguntarse por el conocimiento que produce y que pone a circular y al mismo tiempo por los modos en los que no deja de reproducir las desigualdades y las exclusiones que denuncia. Una política pública democratizadora para la Universidad debería estimular que ésta pueda cuestionar los conocimientos hegemónicos cuestionando el modo en que la dominan, en primer lugar, a ella misma. La Universidad debe asumir, de la mano de una política que la ayude a hacerlo, la tarea de orientar a la sociedad en un sentido diferente al que hoy determina el sentido de sus investigaciones y del conjunto de su actividad, incluida dentro de ella su actividad formativa. En este punto el argumento del ex titular del INTI se acercó a la idea del ex rector de la UR de una autonomía universitaria “conectada”, no negativa, no sinónimo de independencia ni de separación del mundo, sino positiva: la autonomía como autogobierno para poder cumplir mejor la misión de la universidad en ese mismo mundo.
Finalmente, Diker señaló que afirmar que la Universidad es un bien público es decir que es un derecho colectivo del pueblo, y planteó cuatro tensiones sobre las que reflexionar. Una, la tensión entre ese derecho (o “interés”) del pueblo y el interés o derecho de cada ciudadano. ¿Cómo se definen los requerimientos colectivos para orientar en torno a ellos la acción de las Universidades? ¿Cómo orientar los resultados de la Universidad para construir la sociedad más igualitaria? Dos, la tensión entre la autonomía y el mercado, de la que parecería una forma de resolución la idea de “autonomía conectada” ya presentada. Tres, la tensión entre el presente en el que debemos planificar es posible planificar en función de las necesidades que suponemos que vamos a tener y el futuro (siempre incierto, como decía Suárez) en el que esas necesidades se presenten, y cuyos rasgos es siempre difícil de prever. Y cuatro, la tensión entre la idea de necesidad y un modo de entenderla estrechamente utilitaria. Es necesario producir los profesionales y los conocimientos que los pueblos necesitan, pero esa “necesidad” no puede pensarse en términos apenas económicos o empresariales.
Por supuesto (y en este punto, ya cerca del final de la conversación, Diker coincidió con los otros y las otras panelistas), el derecho individual de los ciudadanos, y sobre todo de los ciudadanos pobres, tradicionalmente excluidos de los beneficios de la educación superior, no tiene por qué ser incompatible con el derecho colectivo del pueblo a una universidad igualitaria y democratizadora. De hecho, que el Estado diseñe políticas públicas activas para permitir el ingreso, la permanencia, el avance y el egreso de nuestras universidades públicas de miles de estudiantes de esos sectores populares tiene, además del sentido de justicia de que estos individuos vean garantizado efectivamente ese derecho a la educación superior que los asiste, el de que el país vaya a tener en el futuro profesionales surgidos de otras filas que las de las élites. Como han señalado en más de una ocasión –como se recordó en la conversación sobre este punto– el ex presidente de Brasil “Lula” da Silva y el juez Raúl Zaffaroni, esa democratización de los conocimientos y de las titulaciones profesionales redundará en una evidente democratización del país en su conjunto.
En la ronda final de comentarios e intervenciones, el coordinador de la mesa recuperó, al servicio de pensar los actuales desafíos de una Universidad a la altura de los problemas de los pueblos y de la humanidad en su conjunto, la idea de Jürgen Habermas de que una sociedad democrática es la que consigue poner en diálogo los tres vértices del triángulo que forman los que gobiernan, “los que saben” (el sistema científico, tecnológico y universitario) y una opinión pública informada y crítica, y Oscar Graizer aprovechó las referencias a los dos “triángulos” que habían sido convocados: el de Sábato y el de Habermas, para indicar que en la discusión sobre el sentido que tiene o que tiene que tener la idea de la Universidad como bien público se ponen siempre en juego los modelos de sociedad posibles, las estructuras existentes y también (una de las tensiones de las que había hablado Diker) las estructuras futuras en función de las cuales se diseñan hoy las políticas públicas. Acaso gobernar –sugirió, ya para terminar– sea poder determinar cuánto del futuro está o puede estar hoy presente en el presente desde el que estamos obligados a pensarlo.
Daniela Morán
19/11/20
