EDITORIAL.
A lo largo de los últimos doce años, las políticas públicas nacionales estuvieron fuertemente orientadas a favorecer el crecimiento y la consolidación del sistema educativo en todos sus niveles. Se aseguró por ley una asignación del 6% del PBI a la inversión en el rubro Educación, y en los últimos años se excedió incluso, en los hechos, ese ya de por sí muy ambicioso mínimo legal establecido. En ese contexto, las universidades fueron uno de los sectores que crecieron y se desarrollaron más significativamente. Entre los avances logrados se cuenta la inversión en infraestructura, a través de programas que financiaron obras y remodelaciones en todas las universidades públicas del país.
En la UNGS esos programas permitieron, en distintos momentos de estos años, construir entre otras cosas el edificio del actual Multiespacio Cultural, el que alberga los tres pisos de la Biblioteca y los de varios módulos de aulas (actualmente, por cierto, en pleno proceso de expansión para poder dar cuenta del fuerte crecimiento de la cantidad de estudiantes, de carreras y de cursos que ha experimentado la Universidad), así como incorporar al patrimonio de la UNGS un nuevo predio, de dos hectáreas, donde ya se completaron un conjunto de obras que permiten el desarrollo de distintas actividades deportivas y donde en breve se iniciará la construcción de la escuela secundaria de la Universidad.
Este considerable crecimiento de nuestra institución se enmarca entonces en un inédito clima general de desarrollo del sistema universitario nacional, que además del fortalecimiento de las universidades que ya habían iniciado su jornada en los años o décadas anteriores incluye entre sus dimensiones la creación de una gran cantidad de nuevas casas de estudios superiores en lugares del territorio nacional tradicionalmente menos atendidos por el sistema de universidades públicas, lo que entre otras cosas ha permitido, además de favorecer el desarrollo de muchas localidades y regiones del país, evitar el desarraigo de cantidad de jóvenes y promover el acceso a los estudios superiores de otros muchos.
Otro aspecto especialmente destacable de las políticas públicas de estos años fue el importante desarrollo, a partir de una decisiva inversión realizada desde el Estado nacional, de las actividades en el campo de la ciencia y la tecnología. Un primer paso muy decisivo fue en este sentido la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Otro, la activa política de repatriación de científicos argentinos que estaban residiendo en el exterior. Otra, la importante inversión realizada para aumentar muy significativamente la cantidad de becarios y de investigadores del Conicet, para mejorar los salarios y los recursos de los que hoy disponen y para mejorar su articulación con el sistema universitario.
Es en este contexto que hay que considerar la muy reciente reforma de la Ley de Educación Superior, votada en el Congreso de la Nación hace solo un par de semanas, que, en consonancia con la orientación general de un reclamo que venía siendo realizado por muchos actores desde hacía mucho tiempo, incorpora a la norma que rige la vida de nuestras instituciones de educación superior la idea de que la Universidad es un derecho, establece que el Estado tiene la responsabilidad indelegable y principal de garantizarlo y sostiene los principios del ingreso irrestricto y –particularmente caro para la UNGS, que litigó durante años en torno a esta cuestión– de la gratuidad de los estudios de grado.
Hace poco más de un año, la rectora Gabriela Diker sostenía, en su discurso de asunción, que era necesario que la educación superior se instaurara legalmente como un derecho, y que desde la UNGS se iba a promover –como no ha dejado de hacerse desde entonces– la modificación de la ley que preside el funcionamiento de las universidades. Un sistema universitario, decía, “que ha avanzado gracias a las políticas sostenidas en los últimos años por el Estado nacional hacia la ampliación de derechos no merece tener una Ley de Educación Superior regida por una concepción mercantilista del conocimiento”. Es una gran noticia que la LES haya sido modificada en el sentido por el que veníamos bregando.
Que es el sentido de una afirmación y profundización de este mismo proceso de crecimiento, de democratización, de ampliación de derechos, al que aquí nos hemos referido. Es por eso que, en el marco de la discusión en torno al actual proceso electoral en el país, un amplio colectivo de miembros de nuestra comunidad universitaria ha expresado su convicción, coincidente con la que aquí queda indicada, sobre la necesidad de evitar cualquier riesgo de desmantelamiento de los avances realizados por el pueblo argentino en estos campos sobre los que aquí hemos conversado y en muchos otros, así como de alejar cualquier intento de volver a tratar a la república, a la cosa pública, con criterios mercantiles.
