ENTREVISTA.

León Arslanian integró el Tribunal que llevó adelante el Juicio Oral y Público a las Juntas Militares, fue ministro de Justicia de la Nación, presidente del Instituto de Política Criminal y Seguridad y ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, fue profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA y es autor de varios libros sobre temas de seguridad. Visitó la UNGS para participar en el Foro “La Universidad y los municipios”, y conversó con Noticias UNGS.

–¿Cómo se vinculan las fuerzas de seguridad y la política?

–Es una relación compleja, no del todo resuelta todavía. En el orden nacional, y con mayor razón en los órdenes provinciales, no se ha terminado de asumir el gobierno de la seguridad y de los aparatos policiales, el gobierno de las agencias que dependen del sistema penal y que lo integran, como la agencia penitenciaria, por ejemplo. En esa medida, yo creo que la relación es complicada y en proceso de, tal vez, alumbrar soluciones.

–¿El manejo de las fuerzas de seguridad se ha vuelto excesivamente autónomo de la política de los gobiernos?

–Esto es histórico y es justamente lo que hay que corregir. Hay que terminar con los procesos de autonomización policial y asumir, o reasumir, el gobierno de cada una de estas fuerzas, su diseño y su funcionamiento.

–¿Qué opina sobre la creación de las policías locales?

–En abstracto, me parece que es el último paso de un proceso de reformas bien estructurado. En la Provincia de Buenos Aires se ha hecho precipitadamente, tal vez ateniendo a una demanda popular de ver más policías en la calle. Pero el tema tiene mucha complejidad, porque formar un policía demanda mucho tiempo, mucho control en cuanto a su desempeño. Por parte del intendente, la conducción de la Policía es una responsabilidad que demanda también una capacitación previa.

–¿La universidad pública puede jugar un rol importante en la formación de fuerzas de seguridad?

–La universidad fue uno de los ejes en que se basó la reforma que dirigí en la Provincia de Buenos Aires. Con la ayuda de las casas de estudio, no solamente creamos carreras afines y necesarias para capacitar al personal policial, sino que también les dimos la posibilidad de cursar asignaturas de su currícula en las universidades. De modo que, por ese doble conducto, para nosotros las universidades fueron muy importantes.

–¿Qué resultados obtuvo esa reforma policial que encabezó durante su gestión y cómo evalúa la reforma que intenta llevar adelante el actual gobierno provincial?

–La reforma que yo encaré terminó exitosamente. Lo que sufrió fue una discontinuidad por decisión de quien asumió el gobierno reemplazando a Felipe Solá a partir de diciembre de 2007. Y eso ocurrió porque no existió la voluntad política de perseverar en el cambio sino más bien la de volver a lo que era la vieja Policía, que entendíamos se había superado.

–¿Cuánto tiempo considera necesario para que se vean cambios en la estructura de las fuerzas de seguridad?

–Nosotros hicimos toda la reforma en cuatro años, o en menos de cuatro años, y la reforma es absolutamente recuperable, ya que están las leyes que le dieron vida, están los programas de la academia, están muchos de los policías que pertenecieron a esa fuerza y que tienen experiencia en lo que fue el proceso. Lo que se necesita es una política pública de seguridad, que todavía no hay, y una decisión política en ese sentido. Veo que el Gobierno de la Provincia está bien intencionado, en el sentido de producir procesos de depuración y encarar una lucha frontal contra todo lo que tiene que ver con la corrupción. Este es un objetivo no menor, pero lo que se requiere también es un plan, una política pública cognoscible que defina cuáles van a ser las misiones, las funciones y demás.

–En el último tiempo aumentaron las denuncias sobre situaciones represivas en la Provincia y también a nivel nacional.

–El problema de la violencia institucional es un problema que no hay que abandonar. Veo que el Gobierno hasta ahora ha puesto un énfasis muy fuerte en los fenómenos de corrupción, pero no tanto en los fenómenos de violencia institucional. Y la violencia institucional está muy asociada al modo en que se viene procesando la demanda social, popular, a través de los medios de comunicación, y a la forma en que éstos impactan en las decisiones de cada uno de los gobiernos. Y la prédica permanente es que la Policía carece de facultades suficientes, que tiene “las manos atadas”, lo que da lugar al ejercicio de una violencia institucional que deja saldos graves.