POR ALEJANDRO LÓPEZ ACCOTTO, CARLOS R. MARTÍNEZ, MARTÍN MANGAS Y RICARDO PAPARÁS.
La pandemia del COVID-19 ha puesto en cuestión el paradigma dominante de la economía de los últimos treinta años en todo el mundo. Aparece con fuerza algo que hasta ahora estaba desprestigiado por una vasta porción de la sociedad global: el valor sustantivo de la intervención del Estado en la economía y, particularmente, el efecto igualador del gasto público. En ese sentido, las erogaciones en salud pública y en ciencia y tecnología, entre otras, aparecen claramente reivindicadas.
Además, en los países desarrollados de Occidente (Estados Unidos, Reino Unido y los de la Unión Europea), cuna y origen de la fase neoliberal del capitalismo, también tuvo un reverdecer el uso de la emisión monetaria como una forma de financiar las políticas para hacer frente a la caída de la producción y el consumo.
En esta emergencia, también se cuestiona la independencia y la falta de coordinación con la que se mueven los sistemas de salud privados e incluso la necesidad de re-centralizar y poner a disposición del sector público la infraestructura y el conjunto de recursos en materia sanitaria.
En nuestro país, como en toda América Latina, venimos de más de cuarenta años de bombardeo ideológico de antiestatistas, neoliberales y monetaristas. El macrismo ha sido muy intenso en sostener ese tipo de propuestas y en instalar ese paradigma. Es por la desarticulación de un sinnúmero de políticas públicas durante ese gobierno que el combate al Coronavirus ha exigido un inmediato incremento del gasto público, además del específico destinado ala emergencia.
El gobierno del presidente Alberto Fernández, que en los primeros meses tenía como objetivo prioritario reestructurar la enorme y asfixiante deuda externa, frente a este nuevo escenario mundial (incluso donde hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acompañan la idea de que es momento que los acreedores den un respiro a su codicia), ha encarado una batería de medidas en el plano fiscal con una visión no ortodoxa.
¿El gasto a todo trapo?
Gran parte del incremento del gasto público lo que ha hecho en realidad es poner algo de justicia frente a la crisis ya existente anterior a la pandemia. Pero, además la nueva situación incorpora algunas cuestiones que deben ser atendidas.
Podemos suponer que el actual stock de alimentos y la capacidad productiva son suficientes en términos físicos, aunque hay un tema a mejorar: la distribución. En este aspecto, la regulación estatal debe generar las condiciones para que la distribución de los bienes no quede atada solamente al mercado.
Existe además un problema para el sector productivo de bienes que no son considerados esenciales y cuya demanda se ha desplomado como consecuencia de la combinación entre la caída de los ingresos y el aislamiento. En estos casos no es imprescindible garantizar su producción, aunque sí su capacidad productiva.
En cuanto a las decisiones adoptadas en este nuevo escenario, hasta el 21 de abril de 2020 podemos identificar tres grandes bloques, a saber:
- El otorgamiento de bonos de suma fija a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y planes sociales y la puesta en marcha de un módico Ingreso Familiar Extraordinario (10 mil pesos por única vez a monotributistas y asalariados informales) estuvieron destinados a que las personas de los deciles más pobres accedan a bienes de primera necesidad, especialmente alimentos.
Esas medidas representan en su conjunto un aumento del gasto del orden de los 126.500 millones de pesos, que equivale a 0,51% del PBI. - Otro conjunto de políticas apuntan a sostener la capacidad productiva y el empleo. Son:
a) postergar (y en algunos sectores reducir) las contribuciones patronales;
b) abonar a las pequeñas y medianas empresas, a través de la ANSES, el pago de hasta el 50 por ciento del salario de los trabajadores con un mínimo equivalente al salario mínimo, vital y móvil ($16.875) y un tope máximo de dos salarios mínimos, vitales y móviles ($33.750).
c) aumentar los recursos para la obra pública, que también es un mecanismo destinado a sostener la actividad económica, a través de los efectos multiplicadores del gasto.
Todo lo anterior representa un aumento del gasto del orden de los 202.000 millones de pesos (0,81% del PBI). - Otra disposición fue la puesta en marcha del Fondo de Garantías Argentino, con 30.000 millones de pesos (0,11% del PBI), para otorgar garantías en favor de las entidades financieras de forma tal de brindar facilidades crediticias para el pago de salarios de las PyMES. La banca pública y cooperativa se acopló rápidamente a esa decisión; en cambio, la banca privada nacional y extranjera (gran ganadora en el modelo de valorización financiera macrista) reniega de prestar (aun con avales) a una tasa del 24% anual, que es bastante poco generosa. A nuestro juicio esta tasa debió ser de un dígito a lo sumo, y si esta situación persiste, cercana a cero.
Se dispuso, además, financiar a tasa cero (subsidiada por el Ministerio de Desarrollo Productivo) a monotributistas y autónomos con créditos de hasta el 25 por ciento de la facturación anual de la categoría con un tope de $150.000 por contribuyente. Se estima un impacto fiscal del orden de los 37.000 millones de pesos, equivalente a 0,13% del PBI.
En definitiva, todas las medidas totalizan un aumento del gasto del orden del 1,57% del PBI. No es poco, pero no cabe duda de que deberá incrementarse, ya que, de mínima, tiene que sostenerse durante un largo tiempoy además, de persistir esta situación, será necesario que se amplíe.
Ellas apuntan a un doble objetivo: sostener la capacidad productiva para permitir una rápida reactivación y garantizar ingresos para el consumo de los hogares. Todo esto, realizado en el marco del aislamiento, definido desde la prioritaria política sanitaria, muestra que la aparente alternativa entre salud y economía es sólo una construcción propagandística de aquellos cuyo único objetivo es ganar dinero en cualquier circunstancia.
Este momento que hoy nos toca vivir pone sobre el tapete la enorme conveniencia de pasar, en el futuro próximo, de políticas de renta básica focalizada a un esquema más universal, donde se garantice un nivel mínimo de ingresos para todos los habitantes. Eso, además, contribuirá a reducir la enorme brecha de ingresos que existe en nuestro país.
¿Con los impuestos se puede hacer algo?
Hay otro plano en materia fiscal en el que por ahora no se ha avanzado: los impuestos. La historia mundial indica que frente a crisis muy profundas hay que pensar en impuestos “extraordinarios”. La Argentina tiene su antecedente con el Decreto-Ley 14.342/43, ratificado por la Ley 12.922 de 1947, del impuesto a las “ganancias eventuales” (gravaba los beneficios que excedían el 12% del capital empresario).
En esa línea, las opciones son variadas, pero primero debemos reconocer que nuestro sistema tributario consolidado (incluyendo a los gobiernos provinciales y sin contar en el total a los ingresos de la seguridad social) adolece desde hace varias décadas de una enorme regresividad y problemas serios en materia distributiva:
a) Los impuestos a los bienes y servicios (consumo), cuyos principales exponentes son el IVA, Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, representan 14,6 puntos del PBI, esto es el 64% del total de la recaudación.
b) La imposición a los ingresos, las utilidades y ganancias de capital alcanzan sólo a 5,1 puntos del PBI, un 23% de la recaudación total. Agravado por el hecho de que el 60% de lo percibido por el impuesto a las Ganancias está en cabeza de las personas jurídicas (sociedades comerciales), con lo cual la traslación a costos y precios del impuesto permite distorsionar la característica directa que posee el tributo.
c) Los impuestos patrimoniales (Bienes Personales, impuestos inmobiliario y automotor provinciales) representan 1,3 puntos del PBI. De cada cien pesos que recauda el Estado, casi seis pesos corresponden a este tipo de gravamen, lo que señala el escaso impacto recaudatorio de este tipo de imposición y todo lo que se podría avanzar si hubiera decisión política de gravar la riqueza.
d) Algo de esta enorme inequidad se compensa con los impuestos al comercio exterior (derechos de exportación e importación), pero durante el macrismo (por la eliminación de esos tributos a algunos productos o por la reducción de alícuotas) su recaudación cayó a la mitad de lo registrado en la década anterior (1,5% del PBI entre 2016 y 2019 versus 2,9% del PBI entre 2005 y 2015), representando sólo el 7% de la recaudación total.
e) Los gastos tributarios (exenciones impositivas) de todos los impuestos representan casi 2,4 puntos del PBI (alguna de las cuales son inexplicablemente injustas como la exención en el pago del Impuesto a las Ganancias de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que en 2020 equivale a 26.697 millones de pesos).
La reconversión del Estado hacia un mayor protagonismo que anuncia la situación mundial exigirá también un cambio sustantivo en materia impositiva, ya que no se tratará sólo de recaudar más sino también de otra manera. Será muy importante encarar un bloque de iniciativas que apunten a darle al sistema impositivo un sesgo redistributivo. A continuación se enuncian algunas de ellas:
a) establecer un impuesto especial a la riqueza con alícuotas del orden del 5 al 10 por ciento para todos aquellos que posean bienes superiores a los $ 65 millones de pesos (un millón de dólares);
b) crear un impuesto a las ganancias extraordinarias, a todos los beneficios que excedan el 10% del capital empresario;
c) fortalecer el Impuesto a la Ganancias de personas físicas para potenciar así sus efectos recaudatorios y distributivos, llevando a la alícuota marginal máxima a no menos de un 45%.
¿Hay salida?
La catástrofe sanitaria mundial y el desplome del PBI global tendrán sin dudas consecuencias económicas y socialespara todos los países y mucho más para los menos desarrollos. En nuestro país se adiciona una situación preexistente de enorme desigualdad por los altos y sostenidos niveles de desempleo, pobreza e indigencia.
Este hecho plantea un enorme desafío: pensar en alternativas diferentes a las vigentes en los últimos cuarenta años donde el paradigma ortodoxo era dominante. Es el momento de actuar derribando mitos y con cierta osadía.
Como pilares de esta transformación, en materia fiscal, deberán contemplarse: una reforma tributaria redistributiva y redefinir las políticas de ingreso para alcanzar una renta básica universal que permita garantizar, en cantidad, calidad y accesibilidad, los bienes y servicios necesarios para una vida digna a todo el pueblo argentino.
Ambos asuntos implican dejar de someter las decisiones económicas a los intereses de la fracción más concentrada del ingreso y la riqueza.
05/05/20
