SEMINARIO INTERNACIONAL EN LA UNGS.
De acuerdo al ensayo La vivienda en América Latina (2001) del Instituto Interamericano de Desarrollo Económico dependiente del Banco Interamericano del Desarrollo, el déficit habitacional es un fenómeno que atraviesa fuertemente a Latinoamérica. Muchas familias conviven en conjuntos habitacionales irregulares que no cuentan con acceso a los servicios básicos o experimentan situaciones de especulación inmobiliaria, donde la tierra queda en manos de unos pocos.
La Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat, N.° 14.449, promulgada en 2013, llegó para iniciar un proceso de cambios en la política pública de acceso al suelo. Algunos de sus puntos fundamentales consisten en la ejecución de proyectos de integración socio-urbanística de villas, el desarrollo de programas de remodelación o ampliación de viviendas y el mejoramiento de la infraestructura básica. Sin embargo, acceder a una vivienda digna todavía es una cuestión compleja; es necesario analizar distintas respuestas posibles a esta problemática.
Con ese propósito se realizó en abril el seminario internacional “El derecho a la ciudad en América Latina. Transformaciones económicas y derecho a la ciudad”, coordinado por el Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS, el Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani de la UBA y el grupo de trabajo “El Derecho a la Ciudad en América Latina”, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El seminario tuvo como objetivo principal pensar el derecho a la ciudad desde una perspectiva académica, científica, y también como una construcción política.
En la apertura del encuentro, la rectora de la UNGS Gabriela Diker, el director del ICO Gustavo Kohan y la investigadora del programa Infohábitat de la Universidad María Cristina Cravino resaltaron la relevancia del encuentro, que convocó a 170 participantes y donde se presentaron más de cuarenta ponencias entre Argentina, Uruguay, Brasil, México y España. La rectora Gabriela Diker hizo énfasis en la necesidad de considerar a la ciudad como un objeto central de las políticas públicas y los conflictos sociales. Además subrayó que desde la UNGS se trabaja para que el conocimiento producido pueda traducirse en políticas públicas e intervenciones profesionales que aborden los problemas sociales.
El seminario contó con las exposiciones de los reconocidos urbanistas Beatriz Cuenya (CONICET-CEUR), Eduardo Reese (UNGS-CELS) y Jordi Borja (Universidad Abierta de Cataluña), que expusieron sobre los dilemas de la ciudad desde la política, la ciudadanía y el mercado, y de Fernando Carrión (FLACSO Ecuador), Pedro Pirez (UBA), María Cristina Cravino, Carla Rodríguez (UBA-CONICET) y Luján Menazi (UBA-CONICET), que abordaron el tema del derecho a la ciudad y las transformaciones económicas.
El derecho a un lugar donde vivir
María Cristina Cravino es antropóloga, coordina el programa Infohábitat del Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS y dirige la Maestría en Estudios Urbanos de la Universidad. En diálogo con el programa Soy Territorio, emitido por FM “La Uni” 91.7, habló sobre las políticas y las consecuencias de la frecuente ausencia de ellas en la planificación urbana, así como también sobre el significado del derecho social a la ciudad, en el marco del seminario internacional llevado a cabo en la Universidad.
–¿Qué implicancias tiene el acceso a la vivienda y al suelo?
–El derecho a la ciudad aglutina un conjunto de derechos sociales; implica un estatus social. Son muy pocas las familias que pueden resolverlo en el corto plazo, se trata de una inversión que trasciende generaciones. Y la situación en la que nos encontramos revela los déficits que existen en las aglomeraciones urbanas, por ejemplo en el conurbano bonaerense: el acceso al asfalto, a un sistema de transporte de calidad, a fuentes laborales cercanas al hogar y a condiciones de salud óptimas son temas relacionados con la vivienda y es una deuda pendiente.
–En ese déficit habitacional, ¿Argentina presenta diferencias por región?
–Es un problema nacional con diferencias en cada provincia: el norte argentino es una región con déficits históricos muy importantes, mientras que en la Patagonia existen zonas con una fuerte llegada de inmigrantes que no estuvo acompañada por una oferta amplia de viviendas. En Buenos Aires se agudiza esta problemática por el crecimiento habitacional en el área metropolitana. En este sentido registramos dos problemáticas paralelas: la cuantitativa, que ocurre cuando más de dos familias comparten una única vivienda; y la cualitativa, que se relaciona con la calidad de la vivienda y su infraestructura.
–Es un fenómeno que suele asociarse con las clases bajas y con la pobreza. Pero esta dificultad ¿alcanza a otras capas sociales?
–Es un déficit estructural asociado también a la clase media. Los datos son muy claros: en la Ciudad de Buenos Aires el número de inquilinos aumentó de un 11% a un 17% en 2010; el precio del alquiler creció porque este estrato social aún no puede tener vivienda propia, ya que acceder a un crédito es muy restrictivo. No obstante, se manifestaron algunos avances, como el Plan Federal de Viviendas o el Programa Mejor Vivir, que busca el mejoramiento de los conjuntos habitacionales. Sin embargo, la clase media no quería planes de vivienda social y ahí aparece el PROCREAR con créditos individuales y una tasa de interés muy baja. El caso del alquiler social que propone Macri es una cuestión de marketing, lo único que hace es colaborar en el pago de la garantía y no resuelve el costo cotidiano del alquiler. El subsidio se otorga con cuatro meses de cuota y los migrantes que no cuentan con garantía quedan excluidos y se mudan a las villas sin alguna otra opción.
–Usted coordinó la publicación del libro editado por la UNGS Derecho a la ciudad y conflictos urbanos. La ocupación del Parque Indoamericano. ¿Qué sucede con las tomas de predios?
–Cuando las personas no pueden acceder a un plan de vivienda, a un crédito o a un alquiler, y quedan marginados porque el mercado no ofrece posibilidades para comprar un lote a cuotas accesibles, la única opción que aparece es ocupar tierras. Un dato particular es que las tomas se registran con mayor frecuencia en períodos de bienestar económico, ya que mejores ingresos permiten comprar materiales para construir las viviendas. Pero la realidad es que la tierra es cada vez más escasa. Incluso, se invierte en zonas inundables para construir barrios cerrados. El barrio Las Tunas, al lado de Nordelta, en el Tigre, es un ejemplo ilustrativo. La construcción del country modificó la cuenca del río Luján, y ahora las inundaciones llegan hasta el partido de Suipacha.
–El acceso a la vivienda, ¿tendría que transformarse en una política pública de la región?
–La cuestión del suelo en Latinoamérica es vital para debatir en la agenda pública, en una coyuntura donde el negocio de la vivienda es uno de los más rentables y lícitos. Pensemos que únicamente basta con construir un edificio para que el Estado provea de luz y agua sin que el propietario invierta un centavo en ello. La ganancia es enorme y nosotros estamos alentando a que esos grupos urbanicen barrios de alta renta. Hace falta también que se regulen las viviendas ociosas y que se penalice a los dueños de predios deshabitados con el aumento de impuestos. Un caso interesante es el del PROCREAR lanzado en 2014. En su primera versión era un programa para aquellos que ya tenían suelo, y en la segunda se financiaba la compra del suelo, además de otorgar el crédito para construir la vivienda. Sin embargo, ocurrió que en un mes el valor de la tierra ascendió un 150%.
–En este sentido, la ley de Acceso Justo al Hábitat ¿es una herramienta para enfrentar esta problemática?
–Esta normativa es un debate de la democracia y nos permite avanzar sobre el déficit habitacional. El decreto ley que regula el uso del suelo plantea dos cuestiones relacionadas con el acceso al hábitat: uno, vinculado con la regularización dominial de los asentamientos; y el otro, con la captación de suelo urbano para que lo administren los municipios. Esta legislación aporta una cuota social y ecológica sobre la propiedad e implica una gestión democrática de las ciudades, donde la gente puede debatir y opinar. En muchas ocasiones se construyen barrios cerrados cerca de la periferia sin discutir cómo esa transformación afecta a la comunidad, sobre todo si hay una cuenca cercana.
–El Instituto del Conurbano trabaja de manera activa en la aplicación de la Ley…
–El ICO participa en el Concejo Consultivo de la normativa, compuesto por tres universidades nacionales. Como representante titular, la UNGS discute la reglamentación de la Ley y la función del Estado provincial, a través de un seguimiento popular y universitario. Es una experiencia inédita en la provincia de Buenos Aires, y el hecho de organizar un seminario internacional como “El derecho a la ciudad en América Latina” es fundamental, ya que nos permite compartir el trabajo de investigadores en red no solo de Argentina sino también de otros países latinoamericanos.
Brenda Liener.
