EDITORIAL.
El tono que sobrevoló el 75º Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desarrollado semanas atrás en la sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, fue el de una compartida alarma por lo que se presenta como un cuadro, por lo menos, muy complicado. Contribuyó a confirmar la seriedad del escenario la exposición del Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral Albor Cantard, quien presentó un preocupante estado de la situación, antes de que un puñado de sus colaboradores delinearan un “Plan estratégico” orientado a garantizar la calidad y la equidad educativas, la evaluación para la mejora de las universidades y el desarrollo del deporte y la educación física. Tras las alocuciones de los funcionarios, las intervenciones de los rectores y rectoras de las universidades públicas del país evidenciaron los graves problemas que atraviesan hoy, después de años de crecimiento que es necesario sostener y profundizar, estas universidades.
En efecto, si bien el presupuesto asignado al sistema para este año ya fue aprobado por el Parlamento a fin de 2015, los rectores señalaron algunas dificultades en el flujo de los recursos que vienen recibiendo las universidades, y además destacaron que el fuerte aumento de los costos que éstas deben afrontar a causa de la devaluación de la moneda y del aumento de los precios, puede volver insuficiente el aumento calculado como indispensable respecto a los números del año pasado. En este marco, no ayudaron a tranquilizar a los responsables de la conducción de las casas de altos estudios las dudas manifestadas por las autoridades de la SPU respecto a la posibilidad de contar con algunos recursos económicos adicionales a los presupuestados antes del fortísimo desacomodamiento de las principales variables de la economía. Algunos rectores plantearon la gravedad que la situación adquiría en las universidades a su cargo: “Según las proyecciones que hemos realizado, los recursos asignados a los gastos corrientes no nos permiten funcionar correctamente más allá de agosto” –se escuchó. Y también: “Hemos pasado de pagar una factura de electricidad de 200 mil pesos a otra de casi 900 mil”.
El cambio en los modos de relación entre el gobierno y las universidades formó parte también de las preocupaciones expresadas por los rectores. En efecto, las autoridades de la SPU recibieron distintos comentarios críticos sobre los modos en los que el gobierno nacional viene comunicando algunas decisiones o realizando algunas consultas, así como sobre la forma en que esas decisiones tienden a menudo a homogeneizar inadecuadamente el sistema, desatendiendo las peculiaridades de las casas que lo integran. Como se ve, no serán pocas las tareas que deberán enfrentar las nuevas autoridades del CIN, que fueron elegidas por sus pares al cabo de las deliberaciones del plenario. La presidencia y vicepresidencia del Consejo quedaron a cargo de los rectores Guillermo Tamarit (UNNOBA) y Roberto Tecchi (UNju), respectivamente. Gabriela Diker, rectora de la UNGS, ocupará la presidencia de la Comisión de Asuntos Académicos, y por esa razón integrará también el Comité Ejecutivo del organismo.
