24 DE MARZO.
Daniel Rafecas es doctor en Derecho Penal por la UBA, profesor regular de Derecho Penal de esa Universidad y de la UNR y Juez Federal. Tiene a su cargo la causa “I Cuerpo de Ejército”. Su último libro es El crimen de tortura. En el Estado autoritario y en el Estado de Derecho. Ante un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, Noticias UNGS le pidió una reflexión sobre los juicios por delitos de lesa humanidad en el país.
Es difícil hacer un balance sobre los procesos judiciales por lesa humanidad, que están en pleno desarrollo. Es como tratar de obtener una fotografía de una película a la que aún le falta un buen tramo. Como en todo balance, se advierte un debe y un haber.
Del lado negativo, señalaría: 1. Lo que ha costado y sigue costando al Poder Judicial adaptarse al desafío de la cantidad, envergadura y extensión de estos procesos. Hubo que vencer muchas resistencias para avanzar, en especial, con las complicidades civiles. 2. Hubo y hay sectores de la corporación judicial resistentes a la implementación de estos procesos. A ellos se suman sectores reaccionarios de la sociedad y algunos medios de comunicación que los representan. 3. No hemos avanzado casi nada en el esclarecimiento de la última etapa de la “Solución Final” encarada por la Dictadura: la del exterminio. En términos judiciales, ante la mayoría de asesinados y desaparecidos, no sabemos quiénes ni cuándo ni dónde ni cómo lo hicieron. Eso se refleja en que las condenas por homicidio, lejos de ser la regla, son la excepción. 4. Transcurridas casi cuatro décadas, el sistema judicial no ha podido diluir el ominoso pacto de silencio que reina entre los perpetradores. 5. Es frustrante la cifra de apropiaciones que aún siguen impunes: no sólo quedan unas 400 personas que no conocen su verdadera identidad, sino también otras tantas familias que siguen en esa búsqueda vital y desesperada. 6. Se ha criticado el sesgo machista dominante en muchas causas sobre la particular violencia sufrida por las mujeres. 7. El llamado “caso argentino”, como modelo de revisión honesta, profunda y democratizadora del pasado reciente de violencia de Estado, no ha irradiado a otros países de la región. 8. No podemos dejar de mencionar la trágica y aún impune desaparición del testigo –y víctima del terrorismo de Estado– Jorge Julio López, hace más de diez años.
Del lado positivo, destacaría: 1. Desde que la Cámara Federal porteña confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en 2003, los juicios de lesa humanidad se han expandido notablemente en todo el país. 2. Más de diez mil víctimas ya han sido judicializadas, reconocidas (y por lo tanto visibilizadas, reivindicadas y reparadas) como objetos de secuestros, torturas, violaciones, desaparición forzada, homicidios, saqueo, exilio forzado o apropiación y sustitución de identidad. 3. En trece años, pasamos de un procesado (Julio Simón) a 1.500, de los cuales más de un tercio ya están condenados. La creación de la “Comisión Interpoderes” y de la Procuraduría de Lesa Humanidad han tenido que ver con estos progresos. 4. No sólo estos criminales ya no se cruzarán con sus víctimas en la calle, sino que muchos de ellos habían prosperado en los años de post dictadura: habían ascendido como oficiales de la policía, gendarmería o FFAA, o devenido legisladores, intendentes, gobernadores, jueces, fiscales, camaristas, periodistas, empresarios, expertos en seguridad y delincuentes comunes dedicados a los secuestros extorsivos o el chantaje, o reclutados como asesores o mercenarios en otras luchas contrarrevolucionarias del continente. 5. Este enorme proceso de imputaciones y enjuiciamientos se ha llevado a cabo con pleno respeto de las garantías constitucionales de debido proceso, tanto penales, como procesales. 6. A diferencia de lo ocurrido en los juicios en Alemania por el nazismo o en el tribunal de La Haya por el genocidio en Bosnia, las penas que se vienen imponiendo son ampliamente satisfactorias para las víctimas y la sociedad en su conjunto, y se ajustan a la gravedad y extensión de los crímenes cometidos.
Estos aportes al retroceso de la cultura autoritaria en nuestro país son tan evidentes que ningún partido político que se quiera democrático podría cuestionarlos. De hecho, en los últimos veinte años no lo hicieron. A más de 40 años del último Golpe de Estado, los juicios continúan. Entre ellos, cuatro de implicancias y dimensiones extraordinarias: los del “Plan Cóndor”, la ESMA, “La Perla” y el “Operativo Independencia”. Con procesos y condenas siempre respetuosos de los principios del estado de derecho, cumpliendo con las garantías constitucionales y en busca de afianzar la justicia, condenar el autoritarismo y brindar efectiva reparación moral a las víctimas y familiares.
Daniel Rafecas
