LEER ES UN DERECHO.
Después de más de un año y medio de reuniones y conversaciones con representantes de prácticamente todos los rubros que componen el amplio mundo del libro, a comienzos de julio tuvo lugar la audiencia pública de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la creación del Instituto Nacional del Libro Argentino y la Lectura (INLA). Si bien la iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Filmus, obtuvo las firmas de prácticamente todos los bloques, incluido el oficialismo, en la actualidad existen dudas acerca de cuál será su postura. Durante las últimas semanas, los principales actores del sector manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que el gobierno, sin oponerse abiertamente, busque a través de sus diputados aprobar un proyecto meramente formal, sin recursos, sin capacidad real de acción y, por lo tanto, sin efectos.
De aprobarse un proyecto carente de presupuesto no solo sería frustrante para un sector en emergencia económica, sino además preocupante porque limitaría la posibilidad de volver a discutir un proyecto de esta naturaleza en el futuro.
El debate en torno al proyecto, dentro y fuera del Congreso, puso en evidencia la necesidad de contar con una institución que se dedique a la promoción del libro y la lectura y que fortalezca, desde una perspectiva federal, la industria del libro nacional. Todos los integrantes de la cadena de valor del libro (autores, editores, traductores, correctores, diseñadores, libreros, bibliotecarios, talleres gráficos, etc.) expresaron su interés en la creación de una herramienta que permita vincular y construir sinergias entre los actores del mundo del libro y el Estado, que debe promover y regular un sector en crisis, con altos niveles de concentración económica y fuertes desigualdades entre sus distintos eslabones.
Los últimos datos disponibles confirman una actualidad preocupante. La cantidad de ejemplares impresos en 2018 cayó 17% frente al año anterior y se redujo a un tercio en comparación con 2014. Este derrumbe en la producción de libros implica que se pasó de más de 142 millones de ejemplares en 2014 a 63 millones en 2016, 51 millones en 2017 y apenas 43 millones en 2018.
Pero la crisis actual es parte de un largo y profundo declive de la edición argentina. Durante este proceso de deterioro, las sucesivas crisis no solo condujeron a la caída en la producción de títulos y ejemplares, al cierre de editoriales y librerías y a la pérdida de numerosos empleos altamente calificados, sino también a disminuir la presencia de la literatura y el pensamiento argentino en la esfera pública local y en el mundo. Si bien la crisis actual enfatiza la necesidad de contar con el INLA, su objetivo va más allá de la coyuntura, se trata de delinear y llevar adelante políticas y estrategias de mediano y largo plazo para una industria cultural clave.
El INLA se propone fomentar el desarrollo de políticas para la difusión y distribución del libro en todo el territorio del país, promover y garantizar el acceso igualitario y federal al libro y la lectura, contribuir al afianzamiento de los derechos de autores, traductores y de los diferentes actores que intervienen en el circuito del libro. Porque, a fin de cuentas, si la producción cultural y el acceso al libro son derechos, el Estado debe garantizarlos a través de una intervención activa e inteligente.
Heber Ostroviesky
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