POR BEATRIZ ALEM.
El contexto de aislamiento social en el que vivimos vuelve posiblemente más manifiestas y estridentes las consecuencias, en términos de la diversidad y la pluralidad de la información que recibimos los ciudadanos y las ciudadanas a través de los medios masivos de comunicación, de la fuerte concentración que exhibe ese sistema en el país. En ese marco, la investigadora docente Beatriz Alem reflexiona aquí sobre la historia reciente de los esfuerzos por democratizar ese sistema y sobre la importancia de una iniciativa promovida por una cantidad de organizaciones comprometidas con el desafío de volver audible la enorme cantidad de voces alternativas a las dominantes.
El sistema de concentración de medios de comunicación en Argentina produjo en los últimos años no solo un desbalance económico notorio, sino fundamentalmente una escasa –en algunos momentos nula– diversidad y pluralidad informativa. Un ejercicio que era recurrente en las instituciones de periodismo y comunicación, como el de la lectura y análisis comparativo de titulares de diarios, en esta nueva situación resulta innecesario, porque con ver los portales de los medios hegemónicos se puede observar que no solo se reitera el eje del tema principal sino que se comparten –sustituyendo en ciertas ocasiones alguna que otra palabra– los mismos titulares. Ni qué decir de los medios televisivos, con su ya tradicional característica de talk-show plagada de declaraciones y aclamaciones altisonantes. O también de los portales interactivos con sus múltiples retuits en una lucha por atacar a quienes expresan sus opiniones, muchas veces con mediana disidencia con sus detractores. La línea fijada por los medios hegemónicos se repite hasta en las declaraciones de muchos políticos y en las opiniones “espontáneas” recogidas en la vida cotidiana. Esto se complementa con una presión constante que llega a la eliminación de aquellas voces que se oponen a las imposiciones de los medios dominantes.
La promulgación de la Ley Nº 26. 522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), en 2009, vino a restituir una serie derechos, entre ellos el derecho al reconocimiento de los medios alternativos. Hasta ese momento se trataba de un ámbito que no era considerado dentro del marco legal de las comunicaciones, a pesar de la importancia que habían tenido, por ejemplo, las denominadas radios de FM “truchas”, que durante varios años, desde la vuelta a la democracia, constituyeron espacios para la democratización de la palabra, o tantas otras experiencias en soporte audiovisual y gráfico que se sumaron a los proyectos de organizaciones de la sociedad civil para “dar voz” a aquellos que no eran escuchados o estaban invisibilizados en los grandes medios de comunicación. Sin embargo, el gobierno macrista procedió en los años que siguieron a la incautación de varias licencias de radiodifusión ya acordadas en el marco de la LSCA, así como a la derogación de importantes artículos de esa ley y de la Ley “Argentina Digital”. Y sigue pendiente de resolución la situación inequitativa en la que se encuentran este tipo de medios y otras expresiones de la industria cultural,
En respuesta a esta desigualdad estructural, una serie de organizaciones de la sociedad civil, profesionales y docentes relacionados con la comunicación social elaboraron un proyecto de ley de fomento de la diversidad y el pluralismo informativo. Se trata de Tiempo Argentino, FM La Patriada, El Cohete a la Luna, FARCO, LatFem, FM En Tránsito, revista Güarnin, Pulso Noticias, Kamchätka, Encuentro Nacional de Diarios Recuperados, La Cigarra Cooperativa de Trabajo Limitada, RedCom (Red de Carreras de Comunicación Social de la República Argentina, El Ciudadano, ACAPI, FATPREN, SIPREBA, La García, revista Barcelona, CCP (Comunicadores del Campo Popular), AMARC Argentina, La Retaguardia, La Portada Diario de los Trabajadores, STPOCH, SPR, ARECIA y SIPRENCR.
¿En qué consiste este proyecto? En un intento por corregir el déficit estructural que, producto de la concentración mediática en nuestro país, debilita o anula el pluralismo democrático y la diversidad informativa. Se trata de restablecer la comunicación como un derecho humano, un presupuesto que se encuentra ampliamente detallado en el marco jurídico internacional sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH). Solo para recordar algunos datos, según el documento presentado por el equipo que elaboró el proyecto de ley, en Argentina la propiedad de los medios se reparte del siguiente modo: cuatro grupos de medios son propietarios del 74 por ciento de los diarios impresos; alcanzan, además, el 56,7 por ciento de la audiencia en TV abierta y el 53 por ciento en radio en el país. Una sola empresa provee el 42 por ciento de la telefonía fija, el 34 por ciento de la telefonía móvil, el 56 por ciento de las conexiones a internet por banda ancha fija y el 40 por ciento de las bocas de TV paga. En contraposición con estos datos, el campo de la comunicación alternativa/popular ha tenido un desarrollo poco conocido, y que, sin embargo, marca la necesidad de establecer una marco regulatorio que reconozca el trabajo que llevan adelante estos medios. Según un informe elaborado en 2019 por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular (RICCAP) existen en Argentina 467 medios audiovisuales comunitarios, alternativos, populares, cooperativos y de pueblos originarios. También este informe da cuenta de la cantidad de personas: 6543 que trabajan en la producción de contenidos que difunden estos medios.
En esta línea, el proyecto analiza y propone la necesidad de una política pública para el sector de medios no-hegemónicos, con miras a garantizar su sostenimiento económico y, de este modo, garantizar una multiplicidad de voces en la esfera pública. La propuesta gira en torno a la reubicación de estas organizaciones dentro del actual régimen tributario. En este sentido, no se propone una nueva carga impositiva, sino adecuar la ya existente. Se contemplan dentro del régimen tributario existente las actividades que llevan a cabo las organizaciones informativas sin fines de lucro, o de propietarios con modalidad monotributista, o aquellas que por su valor de venta de monto total anual alcancen al régimen de micro pymes. El proyecto de ley no genera, de este modo, mayor carga impositiva a los ciudadanos, sino que retoma un conjunto de instrumentos ya existentes, como son los mecanismos de promoción indirecta: tarifa social para el pago de servicios, o transporte gratuito para funciones periodísticas –que rigen para el trabajo en el resto de los medios de comunicación–, entre otros. Asimismo se propone promover un fondo de fomento, a partir de la adaptación de la ley de fomento existente.
En un momento de disputa por el valor de ideas democráticas y la construcción simbólica –que le compete, entre otros, a los medios de comunicación– de un modelo de país, resulta necesario discutir y fomentar un tipo de proyecto como el que se presenta en la Cámara de Diputados de la Nación. Frente a la existencia de voces que se presentan como unívocas en la discusión y la construcción de sentido de un modelo de sociedad, en estrecha relación con la concentración del poder económico, resulta prioritario fortalecer la democracia desde una ampliación y diversidad de voces que puedan ser escuchadas en diferentes espacios de la vida social.
15/09/20
