AGUA Y SANEAMIENTO.
La UNGS participa, junto a otras universidades de la región, en un proyecto de AySA para la provisión y la garantía del acceso a servicios públicos fundamentales en barrios populares del conurbano bonaerense.
En 24 municipios del conurbano, el 74% de los hogares contaba en 2020 con acceso al agua por red pública y sólo el 54% con desagüe cloacal, según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC). “Estos datos muestran las limitaciones que un gran número de familias enfrentan para sostener un cuidado seguro y más que necesario durante la pandemia”, asegura Andrea Catenazzi, decana del Instituto del Conurbano de la UNGS, que participa de un proyecto para mejorar esta situación, impulsado por la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S. A. (AySA) y para el que fueron convocadas, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, las universidades nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La propuesta de AySA fue trabajar sobre la extensión de las redes de agua y saneamiento (cloacas) en los barrios populares de su ámbito de concesión: la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Desde el inicio, participan 16 universidades, organizadas en cuatro regiones. La UNGS integra, junto a las universidades nacionales de San Martín, José C. Paz y Tres de Febrero, la denominada región D, que abarca 11 municipios: Pilar, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Tigre, San Martín, Tres de Febrero, San Fernando, San Isidro y Vicente López.
La extensión de las redes de agua y saneamiento en los barrios populares es una estrategia de intervención de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad de AySA que desarrolla, desde su creación en 2006, junto con los municipios. Se inscribe en los Planes Agua y Cloaca + Trabajo, que fueron creados por el Estado nacional en 2003. Hoy, ante la emergencia sanitaria, la gestión de Malena Galmarini puso en primer lugar la necesidad de ampliar la capacidad de intervención y la decisión política de hacerlo junto con las universidades nacionales. Estas fueron convocadas para desarrollar la asistencia técnica y operativa de todo el proceso: planificación y coordinación, relevamiento y diseño de los proyectos (en estrecha colaboración con los municipios), y ejecución (por contratistas, cooperativas o la misma comunidad, previa licitación), seguimiento social y ambiental e inspección técnica de las obras.
Para Catenazzi, la convocatoria interpela a la UNGS con un desafío particular: trabajar de manera colaborativa entre las universidades sobre un mismo territorio, el conurbano bonaerense. “Nuestra universidad, con distintas iniciativas, como Unidesarrollo (se trata de una red de universidades nacionales del noroeste del Conurbano que se puso a funcionar en 2001 y que en su momento llevó adelante importantes aportes en relación con los problemas de la cuenca del Luján-Reconquista y otros problemas urbanos y ambientales, N. de la R.), intentó promover y –tal vez lo más difícil– sostener como política universitaria formas asociativas de trabajo entre las universidades del conurbano, y ahora se plantea este desafío”, reflexiona la investigadora docente, arquitecta y especialista en planificación y gestión de políticas sociales.
Además del trabajo colaborativo entre universidades, los equipos tienen una composición interdisciplinaria, porque la tarea combina aspectos técnicos, ambientales y sociales, tal como fue planteado como requisito por la empresa. En el caso de la UNGS, el ICO cuenta con una vasta experiencia en relevamientos sociales y urbanos realizados junto con referentes territoriales, así como en el diseño colaborativo de proyectos de intervención. “Valoramos las prácticas de formación y de acción en el territorio de los equipos integrados por investigadores e investigadoras (docentes, nodocentes, estudiantes, graduados y graduadas)”, subraya Catenazzi.
El proyecto, que aún no comenzó a ejecutarse, abarca los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (2018) que se encuentran dentro del área de concesión de AySA. Se trata de alrededor de 1151 barrios, en los que se emplazan unos 460.000 hogares. La empresa ya cuenta con un relevamiento técnico y social, y una de las primeras tareas que encargó a las universidades es actualizarlo para disponer de una base de datos georreferenciada. “Los servicios públicos, en particular agua y saneamiento, son un componente clave de integración social y territorial”, remarca Catenazzi, doctora en Geografía y Desarrollo Urbano, para quien, dado el contexto de la pandemia, se volvió “urgente” la ampliación del acceso al agua segura y al saneamiento por su impacto en el cuidado de la salud.
La decana considera que la convocatoria es también “una oportunidad para ampliar el análisis y las propuestas de intervención”, pero que para eso “es necesario reconocer que los barrios populares son parte del conjunto del AMBA”. “Si bien el acceso al agua y al saneamiento en los barrios populares tiene sin lugar a dudas un carácter prioritario, resulta inviable poner en marcha estrategias de inclusión social y urbana si no entendemos a los barrios populares como parte del funcionamiento del conjunto de la ciudad”, explica, y concluye: “La UNGS tiene una extensa trayectoria en investigaciones que examinan la diversidad de procesos que explican el acceso desigual a estos servicios públicos, cuestiones que se dirimen en agendas de políticas públicas muy heterogéneas y que consideramos necesario integrar de alguna manera. Parte de esta concepción consiste en construir una agenda pública que dispute el sentido tradicionalmente asignado a las infraestructuras urbanas desligadas de su impacto urbano y territorial”.
Analía Fasoletti
29/03/21
