EDITORIAL.
El 13 de junio centenares de miles de personas se movilizaron alrededor del Congreso. Acamparon en vigilia para cuidar que las libertades pendientes no sean postergadas. Durante trece años la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, había forjado el proyecto de ley y trabajado por sensibilizar a la sociedad respecto de su necesidad. Las movilizaciones masivas de mujeres, lesbianas, travestis y trans, desde junio de 2015, fueron amasando ese sujeto que el 13 tomó las calles, que ante el frío armó fogatas, que a la intemperie nocturna contestó con hospitalidad pública, que inventó un modo de la política en esa ocupación. Adentro, las diputadas aliadas de la Campaña se agitaban para conseguir los votos para la media sanción de la legalización del aborto. La calle temblaba, los chats estallaban, las redes atajaban insomnios, el Parlamento seguía en tensión. Estudiantes, graduadas, profesoras, trabajadoras de nuestra Universidad estaban en vigilia. En la misma semana, todos los claustros votaban, las clases se seguían dictando, las investigaciones continuaban. Pero de algún modo la vida entera de la institución se tiñó de verde. Durante la tarde del 14 se festejó la media sanción izando, en el mástil del centro del campus, una bandera verde con una leyenda reclamando la ley.
El Consejo Superior ya se había pronunciado, dos veces, respecto de la interrupción legal del embarazo. La segunda vez, lo hizo en el marco del tratamiento parlamentario del proyecto durante este año y se expresó a favor de la despenalización y la legalización del aborto. Recordó que nuestro país adhirió a distintos tratados internacionales que consagran la igualdad entre hombres y mujeres, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, compromisos que obligan a los Estados a adoptar “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer” (CEDAW, 1979) y a reconocer la violencia contra las mujeres como expresión de exclusión que menoscaba el ejercicio de derechos.
Durante dos meses el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados recibió a expertos que sostenían distintas posiciones. Varias integrantes de nuestra Universidad expusieron sus argumentos a favor de la legalización: Marisa Fournier, Romina Antonelli, Sandra Hoyos, María Pia López y Gabriela Diker. La rectora dijo, en esa oportunidad, que no estaba en discusión la posición sobre la práctica del aborto sino el reconocimiento del “derecho de todas las personas gestantes a decidir voluntaria y autónomamente la interrupción de un embarazo”.
La posición de esta universidad es coherente con otras decisiones tomadas, como el reconocimiento, en los trámites y títulos, de la identidad de género autopercibida; el impulso de líneas editoriales y comunicacionales que apuestan a la diversidad; la construcción de perspectivas feministas que atraviesan todas las áreas; el sostenimiento de la Diplomatura de Géneros, Políticas y Participación; la construcción de un área de Políticas de género; la primera asignatura sobre géneros en una carrera de grado (Lic. en Política Social). La defensa de la legalización del aborto es parte de este conjunto de acciones que afirman una sociedad plural, democrática, libre. De las acciones de una universidad que participa de la construcción de una sociedad capaz de albergar las singularidades y las disidencias. En el centenario de la Reforma Universitaria, este es también nuestro modo de conmemorarla: luchando para que contemos “para el país una vergüenza menos y una libertad más”.
Foto: M.A.F.I.A
