JÓVENES Y SISTEMA PENITENCIARIO EN LA ARGENTINA ACTUAL.

El debate sobre la connivencia entre el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial y el maltrata físico y psicológico hacia los reclusos no adultos en el país fueron el eje del panel “Jóvenes y Sistema Penitenciario en la Argentina actual”, organizado por la Comisión Coordinadora de Derechos Humanos de la UNGS. El encuentro contó con las exposiciones de Alcira Daroqui, investigadora sobre sistema penal y derechos humanos de la UBA, y Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación.
“La violencia institucional es una problemática que ya se instaló en la agenda política. En este espacio de intercambio deliberativo todos los ciudadanos, docentes y estudiantes podemos analizarla”, planteó durante la apertura el secretario general de la UNGS Gustavo Ruggiero. En su intervención, Daroqui cuestionó el tratamiento que reciben los jóvenes dentro de las cárceles y criticó el incumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad 24.660. “Algo que debe proveer esta normativa es la documentación a los internos, y ni siquiera le tramitan el DNI o los certificados de estudios, sino que lo realizan las ONG o sus familias”, explicó.
La investigadora se refirió a los prejuicios que pesan sobre los presos y rechazó que cobren un sueldo de 4.000 pesos. “Casi el 100% percibe 1.500 pesos que usan en artículos de limpieza, de aseo personal y hasta en comida. El salario les permite mantenerse”. La falta de cobertura por parte de los medios periodísticos informativos sobre el sistema fue otra de las críticas de Daroqui. Según expresó, en el Instituto de Investigación Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, elaboraron informes sobre la política carcelaria federal que nunca fueron publicados en diarios o revistas. “Argentina tampoco tiene censos ni estadísticas, como Inglaterra o Italia, donde se registren los flujos o circulaciones de las personas en las cárceles”. La cárcel, como puerta giratoria para reclusos, “es responsabilidad de la Justicia”, sostuvo Daroqui, y agregó que muchos individuos son encarcelados por delitos menores, como resistencia a la autoridad o hurto. Se trata de personas que viven en situación de calle y son apresados para tener un domicilio. “Lo hacen siempre con los desposeídos”, declaró.
El procurador penitenciario nacional y docente universitario elogió el trabajo de la UNGS en materia de derechos humanos y enfatizó que la sociedad no debe olvidar la violencia institucional. “Ni siquiera es rentable en términos políticos atender a la población carcelaria, preguntarles qué sucedió, por qué están allí”, se lamentó. Mugnolo enumeró las deficiencias más graves de los complejos penitenciarios federales, entre ellas la sobrepoblación y las vejaciones psíquicas y psicológicas que sufren los reclusos. “El hacinamiento es inhumano y es una forma gravísima de violencia institucional. Por eso debemos discutir un régimen diferente para que los privados de su libertad mejoren sus oportunidades de vida, alcancen logros sociales y dejen de estar sometidos”.