NOTA DE TAPA.
El problema del empleo es objeto de estudios sistemáticos por parte de los integrantes de diversos equipos de investigación de todos los institutos en los que se organiza la vida académica de la UNGS. En un contexto de creciente preocupación por las consecuencias de la política económica del gobierno nacional en la actividad productiva, el nivel de ocupación y los salarios, Noticias UNGS conversó con investigadores y docentes de la Universidad que se ocupan de distintas dimensiones del problema.
Ricardo Aronskind investiga y enseña en el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad, donde además dirige desde hace años el Programa Interdisciplinario para el Seguimiento de la Crisis del Orden Económico Mundial (PISCO). Consultado por Noticias UNGS sobre el presente y el futuro cercano del problema del empleo en el país, señaló que lo que hoy puede observarse es “un deterioro en la cantidad y calidad del empleo, ya que se están destruyendo en forma permanente puestos fabriles, que tienen mayor productividad que otras actividades. El proceso económico puesto en marcha, basado en la redistribución regresiva del ingreso, no ofrece perspectivas alentadoras. La contracción del mercado interno destruye sistemáticamente puestos de trabajo, y todo el tejido productivo y distributivo se daña.” ¿Ningún sector aumentó el empleo en este último tiempo? Solo uno –responde Aronskind–: “el Estado. Y algunos especialistas suponen, dada la opacidad de ciertas cifras agregadas, que el grueso de ese empleo se verifica en las fuerzas de seguridad.
Osvaldo Battistini, que trabaja en el Instituto de Ciencias de la Universidad, le pone números a este panorama. Desde la llegada del gobierno de Cambiemos hasta febrero de este año –dice– “la política económica derivó en la salida del trabajo de más de 245.000 personas, lo que, junto a una tasa de desocupación que supera los dos dígitos, configura un cuadro preocupante. La continuidad de esa política y la falta de inversión hacen prever un futuro desalentador”. La declamada necesidad de aumentar la “competitividad de la economía” parece estar en la base del problema. En efecto, confirma Battistini, según esa línea de pensamiento, aún luego de la devaluación de fin de 2015 los salarios de los trabajadores argentinos siguen siendo altos respecto al resto de los países latinoamericanos, y su reducción sería la llave de entrada a las inversiones. “Puede inferirse entonces que parte del impulso a los despidos resulte consecuencia de este razonamiento, ya que, de alcanzarse un número elevado de desempleados éste se constituiría en un eficaz dispositivo disciplinador para el conjunto de los trabajadores.”
Battistini, quien junto a Juan Fal (investigador docente del Instituto de Industria de la Universidad) y a otros colegas anima la experiencia del “Programa de Investigación Interinstitutos sobre Empleo, Trabajo y Producción en el Noroeste del Conurbano Bonaerense” sobre el que se informa en estas mismas páginas, no encuentra motivos de optimismo en la orientación que siguen las políticas del gobierno nacional: “Desde un primer momento, el gobierno marcó el camino a seguir por los empresarios del sector privado. Los despidos en el Estado demostraron cuales eran las intenciones que guiarían sus políticas, al tiempo que se presentaban como una forma de lograr eficacia en la administración y la necesidad de reducir el costo fiscal, sin producir una gran conflictividad. Luego, cuando las empresas privadas comenzaron a reducir personal o directamente cerraron alguna de sus plantas, el gobierno fue absolutamente prescindente, actuando sólo para reprimir las protestas de los trabajadores. De cualquier modo, tanto en el ámbito público como en el privado, la resistencia sindical no fue significativa, ya que varias de las organizaciones representativas adoptaron una actitud algo condescendiente o simplemente ignoraron los hechos.”
¿Y hacia adelante? Battistini se muestra preocupado: “En un contexto de despidos y aumento del desempleo, no se observan políticas públicas destinadas a la promoción o generación de empleo. Algunas de las existentes (el Plan “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, el Seguro de Capacitación y Empleo, “Ellas Hacen”, “Argentina Trabaja”, “Progresar”) se sostuvieron. Varias, sin embargo, fueron severamente desfinanciadas. ¿Ninguna política novedosa? Sí –responde Battistini–: algunas, “que adoptaron la mirada sobre el trabajo que parece tener el gobierno. En abril de 2016, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ‘Ley de Primer Empleo’ por la cual se reducirían las contribuciones patronales y se subsidiaría a las empresas que ofrecieran la primera oportunidad laboral a jóvenes de 18 a 24 años. En mayo del mismo año, el gobierno acordó con la firma Arcos Dorados (Mac Donald’s) que ésta contrataría 5000 jóvenes de entre 18 y 23 años, en jornadas de 30 horas semanales, con un salario ínfimo. Un año después, se creó un Programa de Inserción Laboral por el cual los planes de empleo existentes pueden convertirse en salarios de trabajadores que sean contratados por empresas privadas, que sólo deben pagar la diferencia entre ese subsidio y el salario correspondiente a la categoría convencional que corresponda.”
Bárbara Couto, investigadora docente del Instituto del Conurbano, observa que los problemas de empleo que hoy conoce la Argentina son consecuencia de una serie de medidas que han repercutido muy negativamente en los niveles de actividad y de ocupación, como los incrementos de tarifas de servicio eléctrico y de gas y la desregulación de las importaciones: “El aluvión de bienes importados y el aumento de los costos de producción a raíz del tarifazo llevaron al cierre de miles de fábricas”. ¿El resultado?: que, “según el Indec, entre el tercer trimestre de 2015 y el 2016 hay 400.000 nuevos desocupados. En este sentido, además de las críticas sindicales, diferentes cámaras empresarias han cuestionado al gobierno, sobre todo las que representan a las pymes, al sector textil, el calzado y la electrónica. Es que la agenda productiva del gobierno, que no está exenta de pujas dentro del propio gabinete, está orientada en primer lugar a sectores con ventajas comparativas naturales, como el agronegocio, en segundo lugar al sector automotriz, y por último a los sectores que el gobierno considera pocos competitivos, a los que invita a ‘reconvertirse’, y que en la práctica es el sector donde se vienen produciendo los cierres de establecimientos.
En este escenario tan adverso, el gobierno –dice Couto– ha mostrado una muy celebrada disposición al diálogo con las cámaras empresarias e implementado algunas medidas paliativas. Sin duda, concede la investigadora, “estas medidas no dejan de tener alguna incidencia, pero constituyen atenuantes muy pequeños para compensar los daños ocasionados por el modelo en curso”. Aronskind coincide con esta opinión: Las pocas medidas públicas que se presentan para defender el empleo –explica– “parecen un maquillaje destinado a disimular las grandes líneas de política económica puestas en marcha, que apuntan al debilitamiento estructural de los trabajadores en la sociedad. Es una política integral que abarca desde la orientación contractiva macroeconómica, de apertura importadora, de tasas de interés elevadas, de tarifas públicas confiscatorias para el pequeño empresariado, de destrucción del poder adquisitvo del salario y por lo tanto de ‘aniquilación’ de los consumidores de escasos ingresos. Con lo cual, luego de semejante batería, toda acción de pequeña envergadura resulta un paliativo ineficaz para cambiar un rumbo a un desempleo mayor que el actual.”
Si la actitud hacia el empresariado viene siendo de diálogo, auxilio y subsidios, la que el gobierno impulsa hacia el mundo del trabajo presenta en cambio los rostros del disciplinamiento y la flexibilización. Un disciplinamiento y una flexibilización que todavía no alcanzan –dice Couto– “la magnitud deseada por el gobierno y las centrales empresarias de mayor peso, como la UIA, pero que de a poco se van instalando en la agenda. Probablemente luego de las elecciones esto aparezca más claramente. Contra la visión del gobierno sobre el impacto positivo que esto tendría en la inversión, lo único que estas transformaciones hacen, como ya vimos en los años 90, es facilitarle al empresario la desvinculación del personal y la baja de sus costos laborales.” Porque lo que hoy detiene la inversión productiva, indica Couto, no es la falta de flexibilidad laboral, sino “el esquema macro de tasas de interés elevadas, tipo de cambio muy volátil, elevada inflación y caída sostenida de la actividad. El escenario político y económico actual, concluye la investigadora, es sumamente adverso para los trabajadores.
Integrante también de los equipos del Instituto del Conurbano, donde trabaja junto a Couto y otros colegas y coordina el Observatorio del Conurbano, Adriana Rofman subraya un aspecto del problema del empleo que merece, dice, una atención particular. En efecto, la realidad del empleo, señala Rofman, “no es igual en todas las regiones del país. Como lo revelan las investigaciones que venimos realizando, la situación en el conurbano bonaerense es de las más graves, puesto que la tasa de desempleo supera el promedio nacional, siendo, por cierto, mucho mayor que la de la ciudad de Buenos Aires. Cuando la mirada se desplaza a la también muy preocupante realidad del trabajo precario, este fenómeno se evidencia con mayor fuerza todavía: en el Gran Buenos Aires, dice Rofman, el porcentaje de trabajo no registrado prácticamente duplica al que se verifica en la ciudad. Además, la especialista indica que si se toma en cuenta la trayectoria de los indicadores en el tiempo se advierte que el problema del desempleo en el conurbano se ha agravado, pasando, desde el segundo trimestre del año pasado, del 11,2% al 11,8%.
Gonzalo Vázquez, investigador docente, también, del ICO, enfoca el problema desde la perspectiva específica del sector que estudia: el de las organizaciones de trabajadores autogestionados, sobre todo las cooperativas de trabajo. Se trata de un sector severamente golpeado, explica Vázquez, y esto por tres razones. Primero, porque es un sector que produce para el mercado interno, y sobre el cual, por lo tanto, repercuten fuertemente la caída del consumo de los sectores medios y bajos y el aumento de la entrada de productos importados. Segundo, porque muchas cooperativas de trabajo tenían vinculación comercial con el Estado como proveedores de bienes o servicios, y en la mayoría de los casos esa relación se cortó. Por ejemplo, los uniformes para las fuerzas de seguridad, que antes se compraban a las cooperativas textiles, ahora se compran a productores del exterior. Y tercero, porque como las organizaciones autogestionadas se manejan con muy poco “capital de trabajo”, no tienen espaldas para afrontar los altísimos aumentos de los servicios, y han tenido que reducir, o que cesar, su producción.
Un ejemplo muestra los tres impactos juntos: la empresa recuperada MacBody, cooperativa de trabajo de producción textil, era un caso ejemplar de recuperación del empleo, en articulación con el Estado y con el barrio. Producía ropa y juguetes de los personajes de Zamba y Paka Paka. “Los visité” –cuenta Vázquez– “en marzo de este año. Ante mi pregunta de cómo andaban, uno de los trabajadores me trae una factura de luz de alrededor de $ 28.000, que no podían pagar, y ya tenían aviso de corte por falta de pago de la anterior. Antes del tarifazo pagaban $ 4.500. Les pregunto por las ventas: en 2015 producían 14 mil prendas por mes y las vendían; en marzo de 2017 habían vendido sólo 1500, estaban frenando la producción y liquidando stocks. Por supuesto, ya no tenían al Estado como uno de sus principales compradores. Una verdadera tormenta perfecta. La siguen peleando.” Es que las cooperativas, a diferencia de las empresas, afrontan las crisis priorizando preservar las fuentes de trabajo. No reducen costos despidiendo, porque su misión es generar empleo. Entonces, tienen un potencial enorme para resistir los momentos de crisis.
Sin embargo, admite Vázquez, “el golpe es muy fuerte, y son muchas las cooperativas y los trabajadores que no están pudiendo aguantarlo y se están cayendo. No es fácil tener esperanzas en lo que pueda hacer el gobierno, que ha mostrado claramente que ve a las cooperativas como una experiencia a destruir. Recordemos, además, que tanto Macri como Vidal vienen vetando las leyes de expropiación votadas por las legislaturas en favor de una serie de empresas recuperadas por cooperativas de sus trabajadores. Pero el gobierno debería establecer un régimen especial de protección para afrontar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, considerar a las cooperativas proveedores privilegiados para las compras estatales, ya que pueden ofrecer productos de muy buena calidad y al mismo tiempo sostener empleo y consumo local, y ofrecer subsidios a cooperativas que se encuentren en crisis a causa de la caída de sus ingresos por ventas, para que no caigan definitivamente. Claro está que este tipo de políticas no parecen estar en el libreto de estos gobiernos neoliberales, que sólo las implementarán si la resistencia popular los obliga a hacerlo.”
Battistini y Aronskind comparten el escepticismo de Vázquez respecto a las posibilidades de esperar que el actual gobierno impulse, al menos de buen grado, políticas orientadas en un sentido diferente a la que se define muy nítidamente como su orientación expresa. “No es posible pensar en una política dirigida a la generación de empleo sin tener en cuenta las características del modelo de crecimiento adoptado por el gobierno nacional”, dice Battistini, y amplía: “Si el modelo de acumulación se asienta en el ajuste permanente de la economía, en el achicamiento del Estado y en el fomento de actividades económicas poco intensivas en la generación del empleo, el desarrollo de políticas de empleo proactivas puede llegar a ser aún infructuoso, más allá del hecho que se trataría de un fuerte contraste respecto a lo que el mismo Estado promueve desde la filosofía de sus funcionarios. En realidad, en tiempos en que, a nivel de los países desarrollados, se producen importantes transformaciones económicas y políticas, el rol del Estado como protector del mercado interno pasa a ser fundamental. En este sentido, el desincentivo a la actividad industrial nacional y el fomento a la apertura económica puede, en varios sentidos, ser suicida para el trabajo.”
Aronskind, quien también subraya que “hay que modificar drásticamente el rumbo general de la economía para revertir la destrucción de trabajo”, piensa en “una nueva etapa de gobierno orientado hacia el bienestar de las mayorías”, e invita a asumir que “el sector privado tiene crecientes limitaciones para crear los puestos de trabajo que requiere el objetivo del pleno empleo. Con más razón en una economía periférica, que no es capaz de crear muchos puestos en relación a las nuevas tendencias tecnológicas, y especialmente en una que ha sido arrasada por experimentos neoliberales que destruyen puestos de trabajo para no reemplazarlos por nada. Entonces, el papel del Estado será fundamental tanto para generar puestos de trabajo nuevos en actividades que el Estado promueva –incluyendo sectores de alta tecnología– como para apoyar a la economía social y solidaria, que demuestra poder responder, al menos en lo básico, a los graves problemas que dejan los experimentos neoliberales.” ¿Y el sector privado? “El Estado deberá ser muy inteligente, apoyando selectivamente actividades y empresas que puedan responder creando puestos de trabajo y riqueza útil a la sociedad.”
Battistini formula dos últimas observaciones sobre los problemas del cambio tecnológico y de la economía popular. “Ya sabemos que la importación masiva de productos de países con menos costos laborales y ávidos por multiplicar mercados es letal para el empleo en Argentina. Pero, además, el cambio tecnológico avanza ferozmente en el mundo desarrollado y perder el espacio donde ese conocimiento haga pie también sería desastroso. Sin dudas, la producción industrial y el conocimiento adosado a ella constituyen la base sobre la cual se asientan los cambios más importantes sobre el trabajo.
Las consecuencias de los cambios tecnológicos suelen ser graves sobre el empleo en los distintos sectores de la economía, pero peor puede ser si la industria se vuelve residual. En este sentido, la mano de obra existente debe ser preparada para los cambios futuros, pero si la producción tiende a expulsar más que a retener fuerza de trabajo su reconversión puede ser mucho más dificultosa y hasta imposible. Si el Estado no fomenta la investigación que nos prepare para enfrentar ese futuro, el país puede volverse un puro reservorio de mano de obra barata para producciones o servicios secundarios.”
Esto lo lleva a Battistini a una última consideración: “Cuando no todas las personas pueden ser incorporadas al empleo formal que son capaces de ofrecer el sector público y el sector privado, los espacios de producción alternativa pueden ser virtuosos en un doble sentido. Por un lado, una masa importante de personas pasa a contar con ingresos económicos que les permiten vivir dignamente; por el otro, puede pensarse en el empleo en producciones sustentables, que alimenten varios mercados al mismo tiempo (desde los más especializados y suntuarios hasta los más tradicionales). Sobre todo si se tiene en cuenta que esta economía puede producir una cantidad de bienes y servicios a ser utilizados por la economía en general. Para ello, la principal función del Estado es la formalización de esta economía popular, la generación de incentivos para su desarrollo, la provisión de tecnología para mejorar la producción y los servicios, el establecimiento de mecanismos de comunicación y alcance a mercados diversos, la facilitación para el acceso a líneas crediticias y la elaboración de una normativa que ampare a esta economía en su conjunto.”
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Fotos: 1) Analía Cid. 2) Municipio de Zárate.
