DOSSIER 2019. LA UNGS OPINA. DOCE NOTAS PARA PENSAR LA COYUNTURA.
Toda coalición implica acuerdos, coordinación, división de funciones, costos compartidos entre diferentes actores, tanto para acceder a cargos públicos como para lograr mayorías parlamentarias o implementar políticas estatales. Cambiemos logró consolidarse como una coalición política electoralmente exitosa en 2015 y también en 2017. No obstante, esa conformación coalicional no se tradujo en la gestión, donde el PRO mantuvo un claro control de las decisiones y de las estructuras ministeriales, en detrimento de las otras fuerzas que componen la alianza.
Donde sí tuvo un funcionamiento como coalición fue en el Parlamento: pese a haber asumido con minorías en ambas cámaras, Cambiemos funcionó como un interbloque con férrea disciplina y capacidad para lograr apoyos en leyes claves. Jugaron a su favor la fragmentación de la oposición y su heterogeneidad ideológica.En efecto, en el comienzo de la actividad legislativa, en 2016, se fracturó el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados con el éxodo de 17 legisladores referenciados en Diego Bossio, que conformaron el Bloque Justicialista, integrado por diputados de diferentes provincias alineados con sus gobernadores. Con diferencias ideológicas con el kirchnerismo, esta fuerza parlamentaria pasó a ejercer una oposición consensual bajo el paraguas semántico del “peronismo responsable”.
El otro soporte opositor de las iniciativas oficialistas en Diputados lo proveyó el Frente Renovador de Sergio Massa, que se pronunció a favor de leyes claves para el oficialismo como la Ley Cerrojo, de Pago Soberano (pago a los Fondos Buitre) y la Ley ómnibus (blanqueo de capitales, reducción de bienes personales, “reparación histórica” a lxs jubiladxs, etc.). Frente a este escenario pro-gobernabilidad de un sector de la oposición parlamentaria, el kirchnerismo y el Frente de izquierda y de los Trabajadores ejercieron un sistemático rechazo de estas y otras leyes cruciales.
Esta dinámica también se reflejó en el Senado, donde el presidente del bloque del Frente para la Victoria Miguel Ángel Pichetto operó como un articulador entre las iniciativas del oficialismo y los intereses coparticipables de los gobernadores. La organicidad de Pichetto en representación del peronismo más conservador provocó un distanciamiento de lxs legisladorxs que se referenciaban en el kirchnerismo, quienes constituyeron un bloque propio. De esta forma, tanto en Diputados como en Senadores la oposición peronista quedó fragmentada en parte por discrepancias ideológicas y en parte por la influencia de los mandatarios provinciales atentos a la estructura de incentivos movilizada por el gobierno nacional.
El ímpetu opositor durante el primer año de gobierno de Cambiemos se expresó más nítidamente en la calle que en el palacio. El fuerte impacto negativo del programa económico neoliberal sobre el empleo, los salarios y las tarifas de servicios públicos generó la protesta de diferentes actores que, con variables intensidades, sostuvieron una voz disidente en un contexto de coedición mediática del relato oficialista. Esta progresiva configuración de una coalición social opositora tuvo su epicentro en las jornadas de tratamiento de las leyes de reforma previsional (diciembre de 2017) y de emergencia tarifaria (mayo de 2018), con importantes movilizaciones y donde se produjo un acercamiento de las fuerzas legislativas de la oposición, intentando espejar lo que acontecía en el espacio público.
Así, en el debate sobre la ley de reforma previsional se articuló una coalición legislativa integrada mayoritariamente por el FPV, el FR, el FIT y un grupo de legisladores del Bloque Justicialista en Diputados, mientras que en el Senado algunos legisladores del peronismo “dialoguista” también votaron en contra. Si bien el gobierno logró aprobar la ley por una diferencia mínima, se agotó la coalición ampliada que había sabido usufructuar el oficialismo en los comienzos de la gestión.En cuanto a la emergencia tarifaria, la coalición opositora mencionada logró imponer su proyecto en ambas cámaras, obligando al presidente Macri a pagar el costo político de vetar la iniciativa legislativa.
Los realineamientos de la oposición, en rechazo a la política económica del gobierno, deben leerse también en un contexto de proximidad de las elecciones presidenciales. Con el anuncio de la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se terminó de articular una amplia y heterogénea coalición electoral que incluye a un sector significativo del sindicalismo y de los movimientos sociales, a varios gobernadores, a dirigentes críticos de los últimos gobiernos kirchneristas y hasta al propio Sergio Massa.
Menos abarcativa identitariamente, la coalición oficialista para las PASO sólo promovió como novedad el sinceramiento ideológico de Pichetto, quien abandonó la conducción de su bloque para integrarse a la fórmula presidencial del gobierno. La adhesión de la mayoría de los senadores justicialistas al Frente Todos, la implosión de Alternativa Federal y el armado de las listas de legisladores nacionales para los comicios de octubre anticipan una configuración diferente del parlamento y de la dinámica oficialismo-oposición en la arena política nacional para los próximos años.
Damián Corral
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