NOTA DE CENTRAL.
De la mano de una retórica de la que ha desaparecido la idea de que los ciudadanos son sujetos de derechos, e incluso la propia palabra “derecho”, el gobierno nacional viene desmantelando, o cuanto menos rediseñando muy drásticamente, un conjunto de políticas públicas que se habían propuesto, en su momento, favorecer procesos de inclusión social, educativa, sanitaria y de distinto tipo de los sectores más empobrecidos. En estas páginas se analizan las derivas actuales de tres programas que fueron muy emblemáticos del sentido de las políticas públicas en los últimos años: el Progresar, el FiNES y la Asignación Universal por Hijo.
Las transformaciones del Progresar: aportes para el debate
Durante dos años, y dando continuidad a los proyectos de investigación sobre Asignación Universal por Hijo en el campo escolar, avanzamos en discusiones sobre el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Prog.R.Es.Ar, difundido como Progresar) como política de transferencia condicionada de ingresos, pero concentrándonos en la población universitaria. Esa experiencia nos ha brindado la oportunidad de sumarnos a la polémica vigente desatada a raíz de las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional sobre el programa en cuestión.
Através de un estudio de casos realizado entre 2016 y 2017 en tres universidades creadas en distintos momentos históricos, nos preguntamos por el aporte del Progresar a los procesos de democratización del nivel superior en el marco de la autonomía universitaria y las diferentes culturas y proyectos institucionales a través de las cuales el mismo es apropiado.
El actual gobierno y el Progresar
El anuncio del “relanzamiento” del Progresar que el gobierno definió como el fortalecimiento de la política al “pedagogizarla” y “ampliar su alcance”, vehiculiza en realidad una nueva lógica de asignación de los recursos que genera un quiebre en los fundamentos que sostenían el diseño de esta política en su versión original.
Se trató inicialmente de una intervención que pretendió superar la concepción meritocrática que portaron las becas universitarias desde su creación y que reconoció los condicionantes sociales de las trayectorias educativas. Recordemos que los programas de becas como política sistemática desde el Estado nacional se iniciaron en el marco de la reforma educativa de los ‘90 y aunque luego fueron reconfigurados, ampliados o reducidos por las distintas gestiones de gobierno, nacieron con la impronta economicista de apoyar las trayectorias “premiando” el esfuerzo de los más vulnerables. Así, parecía que con el sólo aporte monetario, las trayectorias se igualaban si los individuos se esforzaban.
El diseño del Progresar tuvo como fundamento garantizar la inclusión de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social en el sistema educativo mediante una transferencia monetaria con el objetivo principal de incidir sobre la expansión de las oportunidades sociales a partir de la culminación de los estudios obligatorios, la formación en oficios y/o la inserción en la educación superior. Pero no se limitó a ello. En reconocimiento de la multidimensionalidad de los procesos de exclusión social y educativa que afectan de modo particular a la juventud que vive bajo condiciones de vulnerabilidad social, la política propuso articular dispositivos diversos, como la prestación de servicios de cuidado infantil a solicitud de los titulares del derecho que fueran madres o padres, o el acompañamiento tutorial a su escolarización. Asimismo, sus perceptores fueron simultáneamente beneficiarios de la tarifa social en el transporte. Para garantizar un abordaje integral se contempló la participación de diez ministerios en la toma de decisiones referidas al programa. Aunque poco se sabe de cuánto gozaron los perceptores de estos beneficios, nombró e instauró otros modos de concebir las trayectorias educativas. En el nivel superior universitario, adicionalmente, se integró a líneas de acción político educativas que promovieron una expansión de la oferta, fortalecieron los recursos en ciencia y técnica, promovieron el ingreso irrestricto y la gratuidad de los estudios.
Con el Decreto 90/2018, el programa se constituye en una beca y se elimina el carácter colaborativo interministerial. Es decir, se dejan sin efecto obligaciones ministeriales específicas relacionadas a salud, trabajo, seguridad social, transporte, entre otros, decisión que ignoró deliberadamente que la integralidad e interrelación de los derechos forma parte también de todos los estándares internacionales a los que se ha obligado el Estado argentino. Asimismo no queda claro si se asignarán o no cupos. Por último, la originalidad de la “nueva política” (ya que poco queda de la anterior) es reducir el valor de lo educativo a dos procedimientos: que la asignación monetaria la maneje la cartera de educación y que los montos dependan de los resultados escolares (premiando a los que obtengan más de ocho de promedio y rindan exámenes complementarios).
El Progresar en la universidad desde las voces de los perceptores
El Progresar fue dirigido a jóvenes de 18 a 24 años cuya condicionalidad educativa requerida para la percepción del beneficio podía acreditarse en universidades públicas habilitadas a tal fin. Entre los primeros resultados vinculados al análisis del diseño de la política se observó una diferencia importante con otros programas que lo precedieron y que estuvieron dirigidos hacia la misma población, basados, por ejemplo, en la educación para el trabajo inmediato, la finalización de estudios obligatorios y/o la formación en oficios, brindando la posibilidad de la formación en los niveles superiores del sistema educativo. También se diferenció de aquellos programas de apoyo económico para los estudios cuyo alcance, criterios y montos fueron variables a lo largo del tiempo.
Por otro lado, se advirtió un cambio en el perfil de los destinatarios en tanto no se restringió a la pobreza extrema ni se ciñó a grupos de bajo capital educativo. Probablemente la ampliación del rango económico requerido en sus inicios, que pasó de uno a tres salarios mínimos, sea un factor que explique la importante proporción de universitarios entre los perceptores. Según cifras oficiales, para el año 2015 un 30% de los mismos cumplían la condicionalidad educativa en la universidad.
Durante la investigación pudimos evidenciar la centralidad del aporte del programa a la vida de los jóvenes de sectores vulnerables para sostenerse en la universidad. En primer lugar, porque les permite relegar horas de trabajo para dedicar más tiempo al estudio y así poder adecuarse a las condiciones de cursada que demandan las carreras.
Pero también porque muchas veces viven en zonas alejadas y los ayuda con el transporte y la compra de insumos para estudiar.
Sin embargo, la complejidad de las condiciones de vida de estos jóvenes y la acumulación de desventajas en estos sectores sociales, nos obliga a denunciar el carácter elitista que el premio al esfuerzo que impone la transformación del programa en Becas -como su nuevo nombre lo indica- genera, ya que en rendimiento se vincula a diferentes dimensiones de la desigualdad. Por un lado y efectivamente a las condiciones materiales que se expresan en la necesidad igual de sostener horas de trabajo, por las obligaciones de cuidado a familiares dependientes que los grupos más desprotegidos asumen.
Yesto sin considerar la diversidad de trayectorias escolares previas, el tipo de instituciones de procedencia y la formación que brindaron en un sistema educativo altamente fragmentado y lo que las universidades construyen para trabajar sobre estas desigualdades.
Indudablemente esta política generó nuevas oportunidades de acceso al nivel superior a sectores históricamente relegados. Ello no permite concluir linealmente una efectiva democratización del ciclo universitario ya que dependería adicionalmente de la articulación del programa con las condiciones de tránsito por la universidad en un nivel donde las reglas de juego comunes de la política son sometidas a las regulaciones, tradiciones y culturas particulares de cada una de las universidades nacionales participantes. Así por ejemplo, con base en la autonomía universitaria, algunas casas de altos estudios plantearon la incompatibilidad entre el Progresar y otras líneas de apoyo económico de la propia institución mientas otras, en cambio, reconocieron la compatibilidad entre percepciones que buscan garantizar el derecho a la educación.
Es indudable que las becas, con todo lo que éstas suponen (selección, validación de antecedentes institucionalmente legitimados, orden de mérito y asignación restringida a las posibilidades presupuestarias), no pueden ser asimiladas al derecho humano a la educación ni a la garantía del bienestar. Si se renuncia al debate sobre los principios que dieron origen al Progresar lo que se relanza es la restauración de paradigmas que creíamos superados y el desmantelamiento de conquistas ciudadanas, con todos los límites que ello pueda significar en sociedades desiguales.
Nora Gluz, Inés Rodríguez Moyano y Marcelo Ochoa
XIV JORNADAS SOBRE MERCADO DE TRABAJO Y EQUIDAD EN ARGENTINA
Los desposeídos
La ley de reforma previsional sancionada a fines del año pasado pese al rechazo de la mayoría de la población y en medio de una represión feroz incide no solo sobre la forma de actualización de los montos de las jubilaciones, sino también sobre la de los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Más allá de este golpe a los sectores de la población más desfavorecidos, la novedad reabre un conjunto de problemas (el de las formas de implementación de la AUH, el de las brechas que la misma genera, el de la pregunta acerca de si se trata de un derecho y de si puede o debería, en tal caso, estar condicionada) que fueron abordados en las XIV Jornadas sobre Mercado de Trabajo y Equidad en Argentina desarrolladas en la UNGS a fin del año pasado.
En ese marco, Alejandra Beccaria, investigadora docente de la UNGS, y Patricia Dávolos, de la UBA, se preguntaron por qué a ocho años de la implementación de la AUH hay 1.600.000 de niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de protección social pese a que en la mayoría de los casos estarían en condiciones de recibirla. Beccaria y Dávolos estudiaron la microgestión en centros urbanos diametralmente distintos: barrios del partido de La Matanza en el conurbano bonaerense y las ciudades de Gran Resistencia y Villa Río Bermejito en Chaco, y concluyeron que los grupos con problemas de cobertura pertenecen a zonas de pobreza persistente, estructural o crónica vinculada a la escasez material pero también a otros déficits, y con severas dificultades para el acceso a las instituciones y a la información.
En relación, no ya con el acceso, sin con el mantenimiento de la AUH, se discutió si era razonable que la asistencia a la escuela y los controles de salud fueran condiciones para el ejercicio de algo que está planteado como un derecho. “El Estado debe asumir una función promotora de la educación y la salud. La pregunta es si debe hacerlo condicionando un derecho o a través de una política explícita en esos campos”, reflexionó el investigador docente de la UNGS Luis Beccaria. Dávolos se preguntó también por las formas de implementación de las “condicionalidades” de la política en cuestión. Lo interesante –observó– es ver “si las formas en que se implementan esas condicionalidades sirven para articular con políticas que retengan o simplemente precarizan y, por así decir, penalizan doblemente”.
El problema se articula con el que viene estudiando también la investigadora docente de la UNGS Ana Paula Monsalvo, quien expuso sobre los impactos de la AUH en el comportamiento de los adultos y en la generación de ingresos de las familias. En un contexto general de políticas de ajuste y de medidas que impactan muy negativamente sobre los sectores sociales más precarizados y más vulnerables, se hizo para todos evidente la importancia que tiene el desarrollo, en una universidad pública dedicada muy sistemáticamente al estudio de estos problemas (de la economía, de la estructura social y de las políticas públicas), de debates como los que desde hace años promueven las ya muy instaladas Jornadas sobre Mercado de Trabajo y Equidad en Argentina.
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