REFORMA DEL ESTATUTO.
La conformación de un Consejo Social es un hecho de innegable relevancia institucional en el ámbito de la Universidad. Como órgano colegiado que asesora al Consejo Superior en políticas de articulación y cooperación entre los diferentes organismos del ámbito educativo, instituciones, organizaciones y actores socioeconómicos de la comunidad, constituye un paso fundamental para el afianzamiento y la profundización de los procesos de democratización de las instituciones de educación superior.
En función de esa convicción es que el Estatuto de la UNA contempla la formación de un Consejo Social de la Comunidad, integrado por representantes de entidades y personalidades destacadas de la comunidad artística, cultural y tecnológica nacional, y con el objetivo de “servir a las necesidades de la comunidad y mantener una estrecha relación entre la Universidad y su realidad”. Para ello, las finalidades que se le adjudican incluyen, entre otras, el reconocimiento de las necesidades específicas de la comunidad y su transmisión a las autoridades universitarias; la promoción de acciones académicas, productivas, artísticas, de investigación, extensión y transferencia en acuerdo con esas necesidades; la obtención de recursos materiales y económicos para llevarlas adelante; el asesoramiento para la creación de mecanismos que promuevan la inclusión y la generación de convenios para la práctica artística profesional y de formación de los estudiantes.
Con ese marco que se expone en los fines del Consejo Social, la UNA definió como espacios estratégicos para su vinculación con la comunidad y el territorio el sector de la salud, el sector productivo, el sistema educativo y el ámbito cultural. En todos esos casos, se ha vuelto de vital importancia la inclusión de organizaciones y personalidades pertenecientes a esos ámbitos, a través de proyectos con experiencias concretas y resultados cuantificables, con influencia en el ámbito geográfico de emplazamiento de las sedes de la UNA, y a fin de invitarlos a formar parte del Consejo Social.
La selección de un representante titular y uno suplente surgidos de estos vínculos, así como la aceptación de las organizaciones, instituciones y personas jurídicas de carácter público o privado que forman parte del Consejo Social, presidido por la rectora de acuerdo con el Estatuto, depende exclusivamente del aval del Consejo Superior de la Universidad.
En ese marco normativo, la realización de encuentros periódicos y actividades sostenidas y avaladas por el proyecto institucional ha permitido el desarrollo de líneas de trabajo de fuerte articulación con el territorio, entre actores del campo académico e instituciones, organizaciones y/o actores de la sociedad civil, de las cuales algunos pocos ejemplos contundentes son: el proyecto NEXOS, que consiste en una iniciativa conjunta entre la UNA, el Hospital Borda y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación para realizar acciones que permitan acercar la experiencia artística a los pacientes psiquiátricos del Hospital Borda; el Programa UPAMI, con un espacio universitario cada vez más amplio destinado a los adultos mayores para promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida, desarrollar valores culturales y vocacionales, recuperar y valorar saberes personales y sociales y estimular el diálogo intergeneracional; y los proyectos de articulación con la escuela media a través de talleres abiertos en espacios institucionales dirigidos a jóvenes de sectores poblacionales para quienes el acceso a la universidad y en especial al estudio de las artes a nivel universitario no se constituyen naturalmente en una opción formativa con vistas a una futura inserción laboral.
Los consejos sociales son fundamentales para profundizar los procesos de democratización de la educación superior.
Este conjunto de experiencias y otras, todas ellas vinculadas con los objetivos y finalidades del Consejo Social, se enmarcan en los cambios institucionales que se vienen desarrollando en nuestra institución luego de la sanción de la ley que le otorgó su nueva denominación como UNA, y que deriva actualmente en la propuesta de reglamentación del Consejo Superior para la incorporación efectiva del representante de este organismo en el gobierno de la Universidad. La concreción de esta voluntad será en definitiva una manera de explicitar nuevamente el compromiso con el ámbito social, que asumimos en nuestra tarea cotidiana como universidad pública y que sabemos compartido con los actores de un sistema educativo que se ha desarrollado y transformado cualitativa y cuantitativamente en estos años.
Sandra Torlucci
Rectora de la Universidad
Nacional de las Artes
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