DOSSIER 2019. LA UNGS OPINA. DOCE NOTAS PARA PENSAR LA COYUNTURA.
En las naciones modernas, la estructura tributaria es la expresión fiscal de las relaciones de hegemonía en una sociedad. En ese sentido, la orientación de la cuestión fiscal guarda relación con el proyecto político y económico. Por este motivo, en Argentina, desde fines de 2015, no hubo solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen y de paradigma.
La concepción “ofertista” del gobierno macrista se centró, entre otros asuntos, en la reducción de la presión fiscal. Hay una intencionalidad evidente que el gobierno, en el plano discursivo, oculta. Defienden, protegen y estimulan los beneficios de los sectores más acaudalados de la sociedad, y esto queda demostrado con evidencia empírica.
El gobierno de Macri realizó con escaso costo político (pese a tener minoría en el Congreso) una serie de continuadas reformas tributarias, para lo que contó con el aval de algunos gobernadores peronistas y los legisladores del peronismo “federal”. Todas ellas han apuntado a reducir la supuestamente “excesiva” carga fiscal.
La reforma fiscal regresiva tuvo el siguiente impacto: la presión fiscal nacional medida como porcentaje del PBI, que era del 26,3% en el año 2015, cayó al 23,8% en 2018. Esa merma se explica por una caída del 1,3% del producto en el Impuesto a las Ganancias, una baja del 0,2% en lo obtenido por el impuesto a los Bienes Personales (que representa una caída del 66% en su recaudación), una reducción del 0,6% del PBI en lo que se paga por retenciones y una disminución de 0,4% del PBI en las contribuciones patronales a la Seguridad Social.
El peso de los tributos progresivos nacionales perdió gravitación en la recaudación. En 2015 representaron el 45% del total (un guarismo que igualmente estaba alejado de los países más desarrollados), y en 2018 se redujo al 38%.
Lo que pareciera algo poco significativo no lo es: solo por los cuatro impuestos mencionados, y en relación con 2015, para 2016 se registra una pérdida de recaudación de U$S 9.100 millones, para 2017 de U$S 12.100 y para 2018 de U$S 9.300 (usando el tipo de cambio nominal promedio mensual de diciembre de cada uno de esos años), lo que totaliza unos U$$ 30.500 millones. El monto que el fisco argentino “dejó” de cobrarles a los contribuyentes de más altas rentas y patrimonio en estos años equivale a un 53% del total del préstamo arreglado con el FMI.
El acuerdo con el FMI profundiza el ajuste ortodoxo y fiscalista y su eje es la reducción del déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) por una doble vía: ajuste del gasto público y aumento de la recaudación. Eso hizo que el macrismo comenzara a desandar, muy parcialmente, el camino emprendido. Se restablecieron retenciones a todas las exportaciones de bienes y servicios y se modificó el impuesto a los Bienes Personales (volvió a tener una escala progresiva, aunque se duplicó el mínimo no imponible).
Un nuevo gobierno, con una propuesta nacional, popular y progresista, que asuma a fines de 2019, debe encarar una reforma fiscal que tenga tres objetivos: a) otorgarle al Estado los ingresos necesarios para sostener mayores actividades y alcanzar un mayor nivel de desarrollo, b) asegurar que el sistema tributario recaude según la premisa “que paguen más quienes más tienen”, y c) generar un impulso al desarrollo de las actividades económicas.
En esa línea, cualquier reforma tributaria progresista deberá apoyarse en el incremento, en primer lugar, de los impuestos patrimoniales: ampliando la escala de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales y con una tasa marginal máxima del 5%, y actualizando (según valores de mercado) la base imponible del impuesto inmobiliario en todos los gobiernos subnacionales.
Además, en el Impuesto a las Ganancias se debería: a) en personas físicas, establecer un mínimo no imponible que exima a los siete deciles inferiores de ingreso y modificar los tramos y escalas de alícuotas, con una tasa marginal máxima de, al menos, un 45%, b) en el caso de las personas jurídicas, aplicar una sobretasa adicional para las rentas extraordinarias y un tratamiento diferencial a los beneficios según el tamaño de las empresas y el destino de las utilidades (si son o no reinvertidas), y c) gravar todas las formas de renta financiera, sin excepción, y con similares alícuotas al régimen general.
Asu vez, para poder administrar el intercambio de bienes y servicios con el mundo y desacoplar los precios internos de los internacionales es necesario sostener de manera permanente un sistema de retenciones al comercio exterior. En el caso del IVA, habría que reducir la alícuota general (o aplicar un mecanismo de devolución) para los bienes “salario”.
El gobierno que suceda a la alianza Cambiemos no puede eludir la responsabilidad de introducir algunas de las propuestas señaladas en el sistema tributario, por la urgente necesidad y por erigirse en una cuestión de estricta justicia, para poder avanzar hacia un país más igualitario.
Alejandro López Accotto, Carlos R. Martínez, Martín Mangas y Ricardo A. Paparás
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