DOSSIER: LA UNGS OPINA. DOCE NOTAS PARA PENSAR LA COYUNTURA.
El mundo entero discute los sistemas de seguridad social y sobre todo la protección de ingresos de los adultos mayores (AAMM), poniendo el foco en tres puntos: la cobertura horizontal (proporción de personas cubiertas), la cobertura vertical (capacidad del haber de satisfacer necesidades) y la sustentabilidad financiera.
La situación argentina actual puede describirse a partir de dos mecanismos de protección: el llamado “sistema previsional”, régimen contributivo de reparto financiado por aportes y contribuciones sobre salarios, y modalidades no contributivas, financiadas por rentas generales. La cobertura horizontal supera el 90% de los AAMM, con amplia mayoría de beneficios contributivos (no más del 2% son no contributivos: antiguas pensiones y reciente Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM). Esta propicia situación fue posible por la puesta en marcha de escapes de las reglas contributivas: las moratorias.
La cobertura vertical y la sustentabilidad son cuestiones más espinosas. La primera alude al monto de los beneficios. ¿A cuánto deberían llegar y cómo deberían determinarse? Los sistemas contributivos exigen que los haberes partan de los salarios de los activos y se ajusten análogamente en el tiempo, pero no hay consenso sobre qué proporción del salario deberían alcanzar (¿40%, 60%, 82%?), porque un sistema es sostenible si la relación entre cobertura, nivel de prestaciones y recursos es tal que no se enfrentan crisis de financiamiento.
¿Qué se espera de un sistema de protección? Que cubra a todos los AAMM con prestaciones suficientes y que sea sustentable fiscalmente, claro, pero –agregamos– en condiciones de la mayor igualdad posible. Porque si la protección es valorada como obligación, no puede ser concebida ni como resultado del mérito individual ni como una ayuda para perdedores. Esto es un desafío mayor, pues la igualdad, en las sociedades verdaderamente modernas, es un valor irrenunciable que ninguna razón técnica o política –aun siendo de máxima importancia– puede vulnerar.
Por cierto, ese objetivo debe ser realizable, y aquí hay una deuda: debemos discutir las fortalezas, debilidades y efectos indeseados de las moratorias, aun cuando su pretensión, correcta, haya sido acercar las condiciones de vida de los AAMM. ¿Cómo podría lograrse una cobertura amplia y haberes satisfactorios con tasas de informalidad y precariedad laboral de más del 30%, inestabilidad económica, alta inflación y nulo crecimiento? Se insistió en la solidaridad con los AAMM que trabajaron en condiciones de informalidad y desprotección, pero se omitió la referencia a la violación de la ley por parte de los empleadores que evadieron aportes. Así, la sociedad cargó con el esfuerzo fiscal de las moratorias como deuda de los trabajadores, mientras se fortalecía el discurso canalla de que toda intervención estatal es perversa y toda transferencia a aquellos, abusiva. ¿Se ha dicho algo parecido de los blanqueos a sectores del capital?
Mejorar la capacidad de protección de los AAMM exige combatir la informalidad y precariedad laboral, reducir la inflación y mejorar la economía. Pero debe asumirse que no hay país en el que el solo contributivismo dé lugar a una protección democrática, igualitaria y satisfactoria a los AAMM. Esa protección sólo es posible en el marco de un patrón distributivo en el que la intervención estatal explícita garantice y asegure el bienestar (y no sólo “corrija” al mercado).
Desde 2016, Argentina va en la dirección inversa: La reforma tributaria redujo aportes patronales sin distinción por tamaño de las empresas. El Programa de Reparación Histórica, que “reajustó” haberes reputados como mal liquidados, excluyó a quienes habían accedido a través de la moratoria, distanciando más los haberes. Se creó la PUAM para mayores de 65 años, equivalente al 80% del haber mínimo, que, incapaz de proveer garantías elementales, no dejó de endurecer las condiciones de acceso: su carácter residual está a la vista. Para reducir el gasto previsional, se modificó la fórmula de movilidad. Y solo se garantiza el haber mínimo (82% del salario mínimo) a quienes hayan aportado 30 años, lo que excluye a más de 3 millones de beneficiarios, que no fueron compensados. Menos recursos, haberes más bajos, mayor desigualdad y jerarquización de los beneficiarios contributivos por sobre los no contributivos definen un sistema que se aleja –más bien, combate– toda aspiración igualitaria.
Los sistemas previsionales cada vez menos hablan de sí mismos. Al revés, crecientemente se tornan escenarios en los que se ponen en juego la calidad y el compromiso de la vida colectiva en su conjunto: muestran quiénes y cuánto ganan y quiénes y cuánto pierden. Tal vez, asegurar a los poderosos y reprender a los trabajadores por “vivir por encima de las posibilidades” ofrezca transitoriamente un sistema previsional sustentable fiscalmente. Pero nos coloca en el camino de una sociedad no sustentable. De eso hablan los sistemas previsionales.
Alejandra Beccaria, Claudia Danani
y Sergio Rottenschweiler
Foto: Lucia Prieto
Leer más:
El problema de la inflación. Por Pablo Sisti
Macri, deuda y después… Por Alan Cibils
