DOSSIER 2019. LA UNGS OPINA. DOCE NOTAS PARA PENSAR LA COYUNTURA.

­– … quizás Cristina sea el último recuerdo bueno del 30% de los miserables.
– ¿Qué es el 30% de los miserables?
– … los pobres. A mí me gusta el concepto “miserables”, como Víctor Hugo…
– ¡Ah! Yo uso el concepto “miserable” de otro modo…

Beatriz Sarlo a Alberto Fernández, Infobae, 28/9/19

El gobierno de Cambiemos y los sectores en los que se sostuvo propusieron la reconfiguración de la cuestión social en términos (poco novedosos) de asistencia a la pobreza y criminalización de los ciudadanos socialmente desaventajados. En esa dirección, disputaron en todos los niveles y con todos los medios la construcción de sentido sobre la orientación legitima de la intervención social del estado y sus destinatarios. Ciertamente, el contexto electoral en el que se dan a conocer los indicadores de aumento de la pobreza (con 15,4 millones de personas y la mitad de les niñes en esta condición) está fuertemente impactado por la urgencia de la situación social. Sin embargo, como advirtieron Murmis y Feldman hace veinticinco años, acotar la cuestión social a la pregunta por la pobreza orienta a dejar de lado el análisis de los mecanismos a través de los cuales la misma se produce. El primer desafío de un futuro gobierno popular no es, por tanto, responder a la cuestión social, sino reformular la pregunta. Apuntemos también que, sin desmedro de su capacidad para cambiarnos la vida, las elecciones son confluencias coyunturales que no necesariamente expresan la formación de una fuerza social. Trocar esta confluencia en una articulación que pueda plantear, legitimar y sostener la intervención del Estado en las relaciones que producen y reproducen la desigualdad social es también parte del desafío.

Cambiemos operó asimismo una crisis del modelo de desarrollo progresista que, con limitaciones y contradicciones, habían promovido los gobiernos kirchneristas. Tempranas líneas de acción fueron la política de despidos y hostigamiento a los trabajadores del Estado Nacional y su efecto demostrativo (con la pérdida de 42.479 puestos estatales: 18% del total) y la intervención pro patronal en las situaciones de conflicto en el sector privado. El avance empresario supuso la intensificación del trabajo y sinnúmero de retrocesos, que promovieron retiros voluntarios y fueron experimentadas por les trabajadores como una revancha clasista. La contracción productiva de los dos últimos años, derivada de una restauración radical del patrón de valorización del capital financiero, involucró una caída del empleo registrado privado (2,9% desde la asunción macrista, 11,9% en la industria) y una retracción de los montos y prestaciones de los programas laborales. Las devaluaciones y el quiebre del sostenimiento del nivel de los salarios (garantizado en el período anterior por la articulación entre mínimos y negociación salarial) obraron una caída de su poder adquisitivo (19% en el empleo registrado, más del 30% en el empleo estatal central). Esto se expresa en los mencionados niveles de pobreza, genera una presión adicional sobre el mercado de trabajo en tanto los hogares buscan complementar sus ingresos y confluye en un aumento de la subocupación (que asciende a 11,8%), la desocupación (hoy de dos dígitos: 1,8 millones de personas), la proporción de precarios entre los asalariados (35%, con la creación de puestos asalariados fraudulentos con anuencia de la cartera laboral) y las ocupaciones “refugio” (cuentapropismo de baja calificación, baja dotación de capital y bajos ingresos), lo que conlleva más desprotección social y desfinanciamiento de los sistemas de salud y seguridad social.

Esta dinámica tiene efectos sobre los niveles de desigualdad social, hoy opuestos a los de 2003-2015: se vuelven a ensanchar las brechas de ingresos per cápita familiar entre los hogares de los medianos y grandes empresarios y los directivos y los hogares de los trabajadores (de 2,5 a 3,2 para los obreros registrados de calificaciones medias y bajas) y más en general, entre el 20% de hogares de mayores ingresos per cápita y el 20% de menores ingresos (de 9,6 a 10,6 veces). El futuro gobierno debe de revertir tal dinámica en el marco del enorme endeudamiento externo contraído y fugado, pero atento, además, a formular políticas que puedan abordar –y no reforzar– condiciones del mundo del trabajo de larga data, entre las cuales mencionamos dos, nodales, complejas y relegadas: la heterogeneidad productiva, característica de la posición periférica de la Argentina, que deriva en menores ingresos de los autónomos y asalariados de los segmentos más rezagados (entre los cuales se encuentra ahora gran parte de les trabajadores de la economía popular) y la desigualdad de género, que requiere, además de diseñar un sistema nacional de cuidado, adoptar otras medidas que operen sobre los factores que, desde los empleadores, reproducen la segregación de mujeres y disidencias de género, relegándolas a determinados sectores y tipo de ocupaciones y condicionando sus carreras laborales.

Verónica Maceira

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