DOSSIER 2019. LA UNGS OPINA. DOCE NOTAS PARA PENSAR LA COYUNTURA.
El cambio de gobierno genera expectativas por conocer cuáles serán las nuevas orientaciones en materia de políticas universitarias. ¿Cuál es el lugar que las flamantes autoridades electas imaginan para las universidades públicas? A falta de definiciones más precisas, nos esforzamos en escudriñar los pequeños gestos tratando de vislumbrar o de anticipar lo que se viene. Durante la campaña, el presidente electo Alberto Fernández ha sido pródigo en elogios o alusiones favorables a la educación pública en general, y a las universidades en particular. Es evidente que nos encontramos en un punto de inflexión con respecto a las nefastas políticas que se desplegaron en los últimos cuatro años. Pero quizás conviene introducir un matiz, pues no es lo mismo reivindicar a las universidades públicas por su contribución a una sociedad más justa e igualitaria, o por garantizar el derecho individual a la educación superior, que pensar en ellas como un pilar fundamental para sustentar la construcción de un modelo de país. Al respecto, cabe recordar que en los inicios del período kirchnerista, el por entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner impulsó una política según la cual las universidades nacionales serían consideradas como consultoras privilegiadas del Estado en temas sociales. Pero la propuesta era aún más ambiciosa: apuntaba a profundizar el aporte de conocimiento en todas las áreas, a intensificar el aporte de los profesionales de las universidades argentinas para la construcción de un Estado argentino más inteligente, más racional, un Estado presente y promotor, “no el Estado benefactor y adiposo”. En esa clave, se atribuía a las universidades un rol fundamental en la construcción de un proyecto estratégico para la Argentina.
El próximo gobierno tendrá, sin dudas, entre sus tareas prioritarias, la de reconstruir la capacidad de intervención del Estado para regular o promover aquellas actividades que resultan centrales para garantizar el desarrollo del país y el bienestar de la población. Y las universidades nacionales, y con ellas el sistema de ciencia y técnica en su conjunto, tienen la responsabilidad de contribuir con sus saberes específicos, sus competencias profesionales y sus recursos técnicos a una mayor eficiencia y efectividad de las políticas públicas. Ello implicará volver a promover y estimular los vasos comunicantes entre las distintas instancias del Estado (nacional, provincial y municipal) y las universidades nacionales. Estas últimas no podrían limitarse a la identificación de un problema o a la elaboración de un detallado diagnóstico de la situación, sino que debieran colaborar activamente en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Pero a la vez, igualmente importante es la responsabilidad de señalar los límites o las debilidades de esas políticas, así como la de advertir sobre algunos potenciales efectos negativos de las mismas.
Es una responsabilidad ineludible de las universidades la de involucrarse y contribuir a mejorar el sistema estadístico nacional, analizando y dando publicidad a sus datos o reflexionando sobre su pertinencia y relevancia; pero también lo es la de señalar críticamente cuando se toman decisiones que afectan la validez o la calidad de esos datos. Por la autonomía con la que cuentan y por la pluralidad de perspectivas y de posicionamientos que albergan, o debieran albergar, las universidades nacionales cuentan con inmejorables condiciones estructurales para sostener una mirada constructivamente crítica sobre las políticas que se llevan adelante desde el Estado.
Pero quisiéramos aludir también a otra función social que nos parece relevante. Por esas mismas condiciones estructurales, las universidades nacionales se encuentran en una posición privilegiada para ayudar a conformar una agenda pública más democrática e igualitaria. Y lo pueden hacer procurando la incorporación a la agenda de discusión de aquellos temas y perspectivas que tienden a quedar invisibilizados por la lógica de funcionamiento de los intereses corporativos o los factores de poder. En un contexto social y político de profundas asimetrías, las universidades nacionales pueden movilizar los importantes recursos con los que cuentan, bajo la forma de equipos de investigación o saber experto, publicaciones prestigiosas o medios de comunicación audiovisuales, para equilibrar la balanza, para ayudar a instalar aquellos temas que vienen siendo trabajosamente impulsados por los movimientos sociales (feminismo, ambientalismo, derechos humanos) o que no consiguen visibilizarse, como los reclamos de minorías identitarias o de poblaciones con derechos vulnerados. Las universidades pueden convertirse en efectivas cajas de resonancia capaces de amplificar esos debates y, a la vez, ayudar a construir sobre esos temas unas perspectivas no reduccionistas, teóricamente fundadas y empíricamente sustentadas.
Estar a la altura de esas responsabilidades será el desafío del nuevo gobierno y de quienes compartimos la vida universitaria.
Pablo Bonaldi
Foto: Matías Marzullo / ANRed
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