TEMA DE TAPA.
Infancias, adolescencias, juventudes
La cuestión que propone en su portada este número de Noticias UNGS reclama el abordaje de expertos de diferentes campos. En las páginas que siguen, Florencia Gentile, doctora en Ciencias Sociales, investigadora docente de la UNGS, plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires en representación de la Legislatura e integrante de la red “Argentina No Baja”, explica por qué bajar la edad de punibilidad, además de ser inconstitucional, es ineficaz y contraproducente. En las subsiguientes hacen sus aportes varios otros investigadores, docentes y colaboradores de los distintos equipos de la Universidad.
ENTREVISTA.
“Se construye a los adolescentes como chivos expiatorios”
“Hoy Brian está en los noticieros. Con una capucha lo suben a un patrullero, lo acusan de asesinato y ya casi lo condenan. Dicen que por ser menor no sufrirá la pena que le corresponde. Dicen que en su familia son narcos. Dicen que su madre, en sociedad con su padre, traficaba desde o hacia Perú. Dicen, y dicen… Pero para mí Brian es mi alumno inquieto, solo, triste y hasta deprimido por su falta de afecto. Para mí Brian es tan víctima como el otro Brian, ese nene que cayó baleado. Pareciera que si a la gente la matan despacio desde chiquita, no la matan. Que solo si muere en un minuto es un crimen”. El texto, lúcido y movilizante, es un fragmento de la carta “El otro Brian”, escrita por Fernando Casas, maestro de Brian Joel Cruz González, el adolescente de 15 años acusado de matar a Brian Aguinaco, de 14, en diciembre de 2016 en Flores, Ciudad de Buenos Aires. Ese fin de año y los días posteriores, el asesinato de Brian fue el centro de atención de los medios de comunicación, que con un tratamiento amplificado, impreciso y deliberado contribuyeron a reinstalar el tema de la delincuencia juvenil y la inseguridad en el debate social y en la agenda política. El gobierno nacional anunció su intención de avanzar con un proyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años. Desde el Ministerio de Justicia se convocó a especialistas para discutir la cuestión, y si bien de 40 convocados, 32 se manifestaron en contra de bajar la edad, las autoridades nacionales decidieron mantener, en un año electoral, sus pretensiones. Noticias UNGS conversó sobre el tema con la investigadora docente del área de Sociología del Instituto de Ciencias Florencia Gentile, quien trabaja en estos problemas e integra la red “Argentina No Baja”.
–¿Qué es Argentina No Baja?
–Es una red conformada por personas de distintos espacios sociales, políticos y culturales que coincidimos en que bajar la edad de punibilidad no es la solución a ningún tema: ni al debate de qué hacer con los chicos ni al debate de qué hacer con la inseguridad. Una referencia importante para nosotros es la exitosa campaña “No a la baja en Uruguay”. Debates de este tipo se están dando en toda la región, en el marco de gobiernos que avanzan sobre los derechos de la población con propuestas represivas.
–Los consensos aparecen cuando se habla de reformar el régimen penal juvenil.
–Hay acuerdo en eso, incluso el gobierno nacional coincide al respecto. El problema es que en Argentina actualmente no hay un régimen penal juvenil basado en los derechos humanos específico para los jóvenes de 16 a 18 años. No hay penas alternativas a la privación de la libertad, con un sentido más socioeducativo, que contemplen su condición de sujetos en desarrollo. Para cambiar esto hay que derogar un decreto de la dictadura.
–Si las estadísticas indican que es bajo el número de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves, ¿por qué está instalado que bajar la edad de punibilidad es una de las soluciones para la “inseguridad”?
–Es ínfimo el porcentaje de menores de 18 años –mucho menos los de entre 14 y 16– que cometen delitos graves (homicidios). La opinión pública está muy permeada por las construcciones mediáticas. Es evidente que no estamos frente a una ola de niños asesinos. Como es muy esporádico que los adolescentes de 14 y 15 cometan un delito grave, entonces, ante un caso, los medios de comunicación le prestan atención y lo sobre-representan. Según datos de la Defensoría del Público, dos de cada tres noticias que refieren a niños y adolescentes en los medios audiovisuales son policiales. Un caso aparece ante el público como una presencia enorme, pero en realidad es por su excepcionalidad que se transforma en noticia, porque toca sensibilidades de otro estilo que tienen que ver con las construcciones de infancia y de juventud.
–¿Cómo funcionan estos mecanismos de construcción mediática?
–A diferencia de la investigación judicial, en la construcción mediática de los casos de homicidios que se atribuyen a adolescentes rige la “inversión veredictiva”. Se presenta al adolescente como culpable; luego, con el paso del tiempo, se investiga, y en general se descubre que no tenía nada que ver. Pero eso ya no es noticia. El caso de Brian es terrible. Los medios publicaron placas con la foto del chico, al que se lo acusaba de homicidio, con sus datos personales. Además construyen una situación que invita al ejercicio de la violencia contra ese pibe. Porque también se construye políticamente como chivo expiatorio. Es más fácil poner la culpabilidad sobre un personaje social que se construye como un otro, como un externo social. Entonces la culpa la tienen los pibes, como si fueran extraterrestres. No se revisan cuáles son los procesos sociales, económicos, culturales, estructurales. Y aun si la cifra de casos de adolescentes que cometen homicidios fuese alta, las causas no tienen que ver con que son “malos” o que son un otro social. Tienen que ver con cuestiones estructurales.
–Formaste parte del equipo del área de Sociología de la UNGS que junto a otro grupo, de la Universidad Nacional de San Martín, realizó una investigación sobre los jóvenes en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. ¿Qué aspectos destacás de la misma?
–El trabajo lo hicimos en 2007, cuando se había reactivado el mercado de trabajo. Sin embargo, en los barrios segregados los niveles de desempleo seguían siendo altísimos para los jóvenes, estigmatizados y construidos socialmente como “pibes chorros”. Dentro del horizonte de posibilidades de trabajo en blanco que tenían, una opción era trabajar en camiones de basura. Sin desmerecer ese trabajo, no les parecía súper estimulante. La otra opción era ser policía, o trabajar en principio para otros policías, los cuales eran denunciados en el barrio, en ese momento, como parte de la trama organizadora del delito local. Esto habla de la complejidad de las causas del problema de la inseguridad, que no suelen aparecen en el tratamiento mediático del tema.
–¿Por dónde habría que empezar?
–Si realmente se quiere incidir en el fenómeno del delito adolescente, el Estado debe intervenir pero por fuera del sistema penal, a través de las políticas de protección de derechos, y sobre todo fortaleciendo los espacios de integración social, como por ejemplo el mercado de trabajo al que los jóvenes acceden. Para actuar de manera eficaz hay que conocer la especificidad de los delitos cometidos por los adolescentes, que son mayormente delitos contra la propiedad (hurtos, pequeños robos), y no contra las personas. Se trata de un fenómeno que los sociólogos llamamos “delito amateur”. Es decir, no se trata necesariamente del comienzo de una carrera delictiva, sino de una práctica de jóvenes que alterna distintos modos de obtención de recursos en un contexto determinado, y está demostrado que un adolescente que comete un hurto en un momento puede abandonar esa práctica en el futuro. Desde la sociología se ha investigado la “lógica de la provisión”, “del cazador”, que tiene que ver con las profundas transformaciones del mercado de trabajo. Sobre todo en las décadas del 80 y 90, el trabajo como institución social perdió su cualidad como un espacio de derechos, de estabilidad, de movilidad social ascendente. Se convirtió en una manera más, equivalente a otras, de obtener ingresos. Y así la distinción entre lo legal o ilegal se desdibuja, deja de tener relevancia.
–¿Qué consecuencias produciría una baja en la edad de punibilidad?
–No solo no resolvería la situación por ineficaz, sino que sería contraproducente en términos de seguridad y del desarrollo de la vida de los pibes. Así como está demostrado que un adolescente que comete un delito puede abandonar esa práctica en el futuro, también está demostrado que las políticas de endurecimiento penal profesionalizan ese “delito amateur”, aumentando las probabilidades de reincidencia. Es lo que pasó en los países en donde se avanzó con reformas punitivas y de endurecimiento penal para los jóvenes, como en América Central.
–¿Observás cierto oportunismo?
–Es claramente una medida de demagogia punitiva en un año electoral. Se la presenta como una solución mágica en el mismo momento en el que se está generando una gran desestructuración del mercado de trabajo y de las políticas de derechos e inclusión. Y no se está atendiendo a los tratados internacionales. Se fortalecen las miradas represivas que habilitan cada vez más casos de violencia institucional con los chicos, en vez de controlarlas y transformarlas. Son medidas que logran un consenso rápido porque sintonizan con ciertas representaciones socioculturales históricas y ampliamente compartidas, construcciones idílicas acerca de lo que es la infancia y del temor que generan las experiencias que no se ciñen a estas representaciones sociales. A los niños se los construye como seres en formación, vulnerables, relacionados con atributos de ingenuidad, de fragilidad. A un pibe que no obedece a esos atributos, que comete pequeños delitos o que en determinadas condiciones sociales juega al verdugo, a relacionarse de manera violenta con los demás, se lo considera un desviado social y moral, sin tener en cuenta que esa manera de sociabilidad está producida por condiciones sociohistóricas determinadas. Entonces, la respuesta que se propone es aislarlo, punirlo, y se tranquiliza al resto de la sociedad, que interpreta que esos males sociales no tienen nada que ver con elecciones políticas que se hicieron en su momento, los proyectos y gobernantes que se votaron, las políticas económicas que se consensuaron y que generaron como efecto esto que hoy estalla como un problema social. Como en las construcciones mediáticas, en lo social y político también rige la inversión veredictiva. Se construye a los chicos como culpables de aquello que en realidad son los primeros en sufrir, porque las condiciones de exclusión y la violencia institucional las sufren los pibes.
Analía Fasoletti
La edad de punibilidad en el tiempo
El Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se fijó en 16, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia. La Dictadura derogó en forma parcial esa norma y volvió a los 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En 1983, la edad de punibilidad volvió a establecerse en 16 años. Volver a fijar la edad en 14 años es inconstitucional y regresivo en términos de Derechos Humanos.
De casos mediáticos y sus efectos
Como sucedió a fines de 2016 con el caso de Brian Aguinaco, hubo otras oportunidades en las que ante un caso resonante en los medios surgieron proyectos desde ciertos sectores políticos para bajar la edad de punibilidad. Por ejemplo, el caso de Axel Blumberg, en 2004: entre las medidas de endurecimiento penal que propuso el padre del joven asesinado (muchas de las cuales se implementaron) estaba bajar la edad. Y, cuatro años después, el caso del ingeniero Ricardo Barrenechea: Daniel Scioli, entonces gobernador, presentó un proyecto en el mismo sentido.
Genealogía de las figuras de infancia y juventud “problemáticas”
Las “Mateadas científicas” son charlas de los investigadores docentes de la Universidad, que se llevan adelante en el Centro Cultural de la UNGS, en San Miguel, y se dirigen a un público amplio de vecinos curiosos. En la que se llevó a cabo el 29 de marzo, Gentile repasó “Genealogía de las figuras de infancia y juventud ‘problemáticas’ en la Argentina”, capítulo de su tesis de Doctorado “La Niñez en los márgenes, los márgenes de la niñez. Experiencias callejeras, clasificaciones etarias e instituciones de inclusión para niños/as y jóvenes del AMBA” (2015, UBA). Explicó que desde antes de la consolidación del Estado nacional hay discusiones sobre los niños y jóvenes y lo que se considera sus problemas, y que estas figuras conforman una especie de sedimento cultural que se actualiza en cada momento histórico. En la sociedad virreinal, estaban las del hijo “ilegítimo”, surgido de uniones por fuera de la institución religiosa, y los “huérfanos” de las guerras independentistas e internas. Con la constitución de un Estado moderno y liberal, aparecen el “niño alumno” y el “niño obrero” y, por otro lado, los “menores” (“chicos de la calle” y “niño delincuente”, que están “fuera” de las configuraciones familiares consideradas legítimas por la moral de la época). En 1946, con el peronismo, se revaloriza la infancia como categoría colectiva: los niños son “los únicos privilegiados”, y los problemas se piensan en términos de “retraso” individual. De los 50 a mediados de los 70, las juventudes se vuelven protagonistas y objeto de los debates públicos. Los “jóvenes revolucionarios” se convirtieron en protagonistas de la resistencia a los regímenes dictatoriales. Al mismo tiempo, la vida cotidiana de los sectores medios se vio alterada por la modificación y modernización en las costumbres y relaciones familiares. Se consolida el psicoanálisis como discurso científico privilegiado para comprender la naturaleza infantil. Los problemas de los niños son “privatizados”, considerándolos efectos de causas relacionales privadas (sus vínculos familiares) y no de dinámicas socio-políticas. Con la dictadura y la consolidación de un modelo estatal represivo basado en la doctrina de la “seguridad nacional”, se interpretan a las nuevas generaciones como potenciales “enemigos internos”: aparece la figura del “joven subversivo” y la apropiación de niños como política estatal. En la transición democrática surge un abordaje de derechos humanos y resurge la “cuestión social”: las figuras son los “nietos recuperados”, el “niño como sujeto de derechos”, pero también los “chicos de la calle”. En los últimos años, la figura del “pibe chorro” hace referencia a nuevas formas de relación con el mercado de trabajo y con el delito, en el marco de la consolidación de la “inseguridad” como problema público. Alrededor de esta figura reaparecen las demandas de intervención represivo-punitiva del Estado.
Leer más:
Juventud: ¿promesa o amenaza?
La escuela, los adolescentes, el territorio
La mirada en el niño
