La colección “Documentos del Observatorio” se dedica a difundir los resultados de la actividad del Observatorio del Conurbano Bonaerense, que funciona en el seno del Instituto del Conurbano de la Universidad. Allí, el antropólogo Javier Moro, investigador docente de ese Instituto y experto en problemas de políticas públicas para la infancia y la juventud, se refirió a los desafíos que plantea la sanción de la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
La entrevista que Carolina Foglia y Martín de Paula le hicieron a Javier Moro para los “Documentos del Observatorio” del Conurbano Bonaerense se ocupa de los cambios institucionales producidos por la sanción de la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que el investigador docente de la Universidad destaca que implica un saludable cambio de lógica en el tratamiento de los problemas de la infancia y la adolescencia, pero sobre la que, al mismo tiempo, realiza un balance prudente, abierto y lleno de matices. Por lo pronto, indica Moro, la reforma legislativa “se encuadra en un proceso que promovió cambios en la orientación de las políticas de protección y restitución de derechos y en el surgimiento de una perspectiva amplia en la concepción sobre la niñez, que cuestiona las políticas que se venían implementando hasta el momento.” Esas políticas se sostenían sobre un enfoque “tutelarista” que combinaba la benevolencia y la punición y que, en la Argentina como en toda América Latina, dominó durante casi todo el siglo XX. Contra esa mirada, que a partir de una actitud de sospecha del Estado hacia los inmigrantes y hacia la clase obrera cuestionaba el ejercicio de la patria potestad de los padres de los niños de los sectores populares, las nuevas normas que rigen hoy en el país y en la Provincia de Buenos Aires, sancionadas bajo el paraguas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), promueven una mirada política de promoción y accesibilidad de derechos para todos los niños y niñas por igual.
Consultado sobre las características de la Ley Provincial Nº 13.298, Moro señala que en ella “la mirada está puesta en el niño”, en concordancia con la idea del “interés superior” del niño que establece la CIDN, y pondera el aliento al trabajo experto “de disciplinas que ponen el foco o aportan conocimiento a la gestión de políticas vinculadas a la infancia y la adolescencia”: en el Conurbano, dice, “la mayoría de los municipios tiene equipos dedicados a la atención de situaciones de vulneración de derechos”. Sin embargo, agrega, el proceso de implementación de las políticas promovidas por la nueva normativa no está exento de todo tipo de dificultades. Entre ellas apunta la escasez de recursos con los que en general se cuenta: “hay equipos que no dan a basto, y además el nivel de remuneración de los mismos es bajo en tareas que son complejas”. También señala que la mirada que se tiene sobre las situaciones de vulneración de derechos pone el foco en las que acontecen en el ámbito familiar, y no se extiende a la accesibilidad a derechos socio-económicos, y observa que la urgencia de las situaciones y su tratamiento “caso por caso” suele traccionar la atención, el tiempo y la agenda de esas áreas gubernamentales en un sentido que conspira contra la posibilidad de tener una política más amplia, integral y articulada.
A la dificultad de construir, como sería deseable, redes de sostén entre las distintas instituciones (la escuela, el centro de salud, el club) por donde circula la vida de los chicos en el territorio se suman algunos otros problemas vinculados con la organización misma de las intervenciones estatales. Por un lado, dice Moro, “ha habido roces entre los servicios locales y los servicios zonales”, así como históricos conflictos interjurisdiccionales (característicamente, entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, o entre ésta y los municipios bonaerenses) que impiden articular políticas para el conjunto del área metropolitana. Por otro lado, pese a que las situaciones de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes suelen formar parte de cuadros de violencia, abuso o maltrato que muchas veces involucran también la violación de los derechos de las mujeres, la organización misma de los distintos niveles del aparato del Estado no ayuda a hacer eficaz su intervención: “la articulación entre las áreas de niñez y de género no es tan fluida, cuesta bastante”. Todo esto lo lleva a Moro a la conclusión de que es necesario promover un cambio de lógica: es preciso desplazarse –dice– de la lógica del caso (que es una lógica de la derivación: de un poder a otro, de un órgano a otro, de un área a otra) a la de la co-responsabilidad. Es decir, incorporar un modo de pensar “que interpela a los agentes públicos desde un lugar de responsabilidad en la resolución de esas situaciones que son complejas”, y que por lo tanto requieren intervenciones coordinadas.
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