A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO.
Cuando nos preguntamos cómo llevar adelante una política de derechos humanos desde una universidad pública, parece razonable partir de lo más propio y conocido: la formación, la investigación y las acciones con la comunidad. Es cierto que esta cuestión, por su contenido, atraviesa todos los campos disciplinares, las unidades académicas, los proyectos de investigación y la intervención social que la Universidad realiza. Es difícil imaginar que cada una de estas acciones –de modo más explícito en unos casos que en otros– no se proponga la defensa irrestricta de la vida humana, de un régimen democrático para la organización de las decisiones comunes, del medio ambiente, de los derechos a la salud, la educación y el trabajo. Esta universalidad nos permite entender que son muchas y variadas las formas en las que la Universidad puede expresar su política de DD.HH. El Programa de Popularización de la Ciencia del Instituto de Ciencias, por ejemplo, o la iniciativa “Judith” del Instituto de Industria, que permite a estudiantes ciegos acceder al conocimiento de contenidos matemáticos, las jornadas anuales sobre derechos económicos sociales y culturales (DESC) que realiza el Profesorado de Economía del Instituto del Desarrollo Humano o el programa radial “Zona Urbana” del Instituto del Conurbano son solo algunas de las iniciativas que llevan a cabo investigadores docentes, estudiantes, graduados y nodocentes de la UNGS. Han sido también muchísimos los proyectos de voluntariado orientados a la intervención socio-comunitaria e impulsados por los propios estudiantes. Ninguna de estas iniciativas deja de estar atravesada por una problemática social y por la intención de defender o conquistar un derecho. Al mismo tiempo, cada una de ellas está interpelada, cada vez más, por la presencia de la comunidad, expresada en el Consejo Social de la Universidad. La Diplomatura en Géneros, Política y Participación y la Diplomatura en Derechos Humanos e Intervención Territorial expresan el resultado de ese diálogo con la comunidad.
Pero también es cierto esta transversalidad, en una institución pública compleja y diversa como lo es una universidad, puede hacer que, por ser de todos, a este asunto no lo encarne nadie en particular. Por eso es relevante que la Universidad sostenga unas políticas específicas en este campo, cuidando que todas las voces encuentren su expresión. Así, la UNGS se ha dado la tarea, que despliega hoy desde la Secretaría General, de dinamizar iniciativas, estimular la elaboración de nuevas agendas y sistematizar del modo menos burocrático posible las distintas acciones que se proponen sus diferentes actores y referentes con el propósito de que la propia institución pueda tener una memoria de sí y una reflexión que le permita mayor lucidez a la hora de planificar acciones. En este sentido, una política de DD.HH. es una apuesta abierta, en permanente discusión. Sus rasgos más amplios están marcados, como se dijo, por la promoción y defensa de los DESC, con cierto énfasis, dado por la propia historia institucional, en la cuestión de la memoria. Este último es un rasgo que por condicionamientos geográficos y determinaciones históricas –la cercanía al mayor centro clandestino de detención de nuestro país, Campo de Mayo– ha configurado la intervención de la UNGS en cuestiones vinculadas con las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. En los últimos años, quizás de manera más notoria en tanto la UNGS puso en marcha el Programa Memoria y Territorio, se han desarrollado algunas acciones locales, nacionales e internacionales en la perspectiva de la lucha por la memoria. Más allá de su participación en instancias ya conocidas, la Universidad ha tomado la iniciativa de trabajar este tema, de un modo muy activo, con estudiantes de las escuelas secundarias de la región, con un resultado sorprendente en cuanto a la masividad, continuidad y autonomía de la participación juvenil. También ha impulsado una iniciativa parlamentaria para la creación de un Instituto para la preservación de la memoria en Campo de Mayo.
No puede soslayarse, sin embargo, la influencia que ha tenido en estas y otras tantas iniciativas el hecho de que en los últimos doce años el Estado nacional haya desplegado una elocuente política de reparación frente al Terrorismo de Estado. A 40 años del golpe nos encontramos hoy, en cambio, con un gobierno que lamentable y dolorosamente plantea la retirada acelerada del Estado nacional respecto de estas políticas. El desmantelamiento de programas enteros de DD.HH. en distintas secretarías y ministerios hace pensar en una nueva ofensiva contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y reflexionar una vez más sobre el rol de una universidad pública en esta materia. En Argentina, el trabajo de Memoria, Verdad y Justicia ha cruzado los campos académicos, jurídicos y políticos de un modo singularísimo. La Universidad es parte del Estado y éste tiene un alto poder de determinación de la subjetividad. No da igual que un Estado reconozca a las víctimas del terrorismo de Estado o que no lo haga. La inscripción de cada uno de nosotros en la trama social requiere, para empezar, del reconocimiento de los derechos elementales, como –por ejemplo– el de la identidad. Por otra parte, una universidad que, como la nuestra, reconoce y trabaja para garantizar el derecho a la educación superior no puede hacerlo sin sospechar que para que ese derecho sea efectivo se deben conjugar también otros. Y que para que eso ocurra debe asociarse con otras instancias institucionales. Es por ello que, a 40 años del golpe, imaginamos que la lucha por Memoria, Verdad y Justicia se debe expresar en consonancia con la defensa irrestricta de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales conquistados. La universidad puede ser, en tanto espacio público –y sabiendo que en el marco de una política económica neoliberal todo espacio público está bajo amenaza–, el sostén de diversas prácticas que busquen garantizar esos derechos. Lo será en tanto no deje de ser espacio de la crítica y la imaginación política.
Gustavo Ruggiero
Secretario General
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